La ley holandesa de eutanasia suma un respaldo del 87% al cumplir 20 años

Países Bajos aprobó en 2001 la primera ley de eutanasia del mundo, con un Gobierno de socialdemócratas y liberales de derecha e izquierda en el poder, que supuso la culminación de un proceso madurado desde 1950, cuando se oyeron las primeras voces favorables a la práctica. Entre 1970 y 2001, hubo un goteo de casos en los tribunales saldados con la absolución de los facultativos implicados, que alegaron haber actuado ante una “situación de emergencia”. Presentada por la entonces ministra de Sanidad Els Borst, médica ella misma, la norma entró en vigor en 2002, pero la eutanasia sigue considerándose una práctica extraordinaria en lugar de un derecho. Un acto fuera de lo normal, que el enfermo no puede exigir y los médicos tampoco están obligados a aplicar. Es más, si se vulnera alguno de los requisitos legales puede acarrear penas de hasta 12 años de cárcel. Con casi dos décadas de recorrido, cuenta hoy con una aceptación social del 87% que ilustra el carácter personal atribuido entre la población a las decisiones sobre el manejo del fin de la vida. El legislador se enfrenta ahora al reto de las demencias asociadas al envejecimiento. Un terreno espinoso, porque la ley exige que el paciente esté lúcido y la pida libremente, algo a veces difícil en esos casos.

Igual que la española, la ley holandesa permite tanto la administración de forma directa de fármacos por parte de un profesional sanitario, como que el paciente los reciba para causar su propia muerte (un suicidio asistido). El caso de la médica de familia Truus Postma se considera el primer gran proceso por eutanasia en ausencia de una legislación propia, y se hizo famoso en los años setenta también fuera del país. Su madre, enferma terminal, había visto rechazadas sus solicitudes de ayuda a morir, y, en 1971, Postma le administró una dosis letal de morfina. El juez la condenó a una semana de cárcel condicional y a un periodo de un año de supervisión. Dos años después, en 1973 se fundó la Asociación holandesa para la Eutanasia Voluntaria. En 2002, el primer año de rodaje legal, hubo 1.882 casos. En 2020, se aplicó 6.938 veces (un 4,1% del total de las muertes anuales registradas). En 2019, el último año sin distorsiones causadas por la pandemia, se registraron 151.885 muertes en Países Bajos. De ellas, 16.309 fueron por demencia y 37.104 derivaron de un cáncer. Las eutanasias realizadas ese año fueron 6.361: 162 en casos de personas que padecían demencia y 4.100 de enfermos de cáncer, según Sandra Genet, portavoz de las cinco Comisiones Regionales que revisan los casos de eutanasia (RTE, por sus siglas holandesas). Las otras enfermedades por las que se practicó la eutanasia en 2019 fueron entre otras: desórdenes neurológicos, enfermedades cardiovasculares, desórdenes pulmonares, síndromes geriátricos múltiples, desórdenes psiquiátricos y en algunos casos, una combinación de desórdenes.

En los dieciocho años de funcionamiento de la ley, se han practicado 75.297 eutanasias en un país que actualmente tiene una población de 17 millones de habitantes. Así lo indican las RTE que las revisan una vez efectuadas. Su informe anual añade que un 96,2 % de los enfermos que la pidieron el año pasado tenía cáncer, cardiopatías graves, esclerosis múltiple o bien otros padecimientos terminales y sin curación. Un 87,6% eran mayores de 60 años.

Formadas por un jurista, un experto en ética y un médico, las RTE pueden remitir un caso al fiscal si consideran que no se actuó de acuerdo con los criterios legales. A su presidente, Jeroen Recourt, le sorprende que en la norma española haya una comisión por cada comunidad autónoma y que estas intervengan antes de la ayuda a morir. “Supongo que será por motivos de seguridad, aunque tal vez armonizar criterios sea más complicado. Y si un caso llegase a la justicia, puede resultar difícil de explicar dado que la propia comisión dio el visto bueno”, apunta en conversación telefónica. Como sucede en Países Bajos, cree que la transparencia “es la mejor manera de que la eutanasia sea segura, porque las comisiones muestran cómo se ha razonado y así podrá evaluarse mejor la práctica”. Las RTE tienen también un código de conducta para indicar a los médicos las líneas rojas. “Quizá sea pronto para España, pero es una herramienta muy útil. De la misma forma, la posibilidad de la eutanasia ofrece tranquilidad por el hecho de saber que ante un sufrimiento insoportable se podrá decir basta; aunque al final el enfermo no la pida”, asegura.

En Países Bajos la eutanasia debe ser solicitada por el paciente de forma voluntaria, consciente y reiterada. El médico se asegura después de que el sufrimiento es inaguantable y no hay tratamiento alternativo, posibilidades de curación o mejora. Un colega independiente revisa el caso y habla de nuevo con el enfermo, para corroborar la petición y convencerse de lo desesperado de la situación. Hasta aquí el proceso es similar al español. Solo entonces puede procederse. Cerca del 85% de las casos tienen lugar en el hogar en presencia de algún familiar, y se encarga el médico de cabecera, que mantiene un contacto estrecho. Cada hogar es distinto, pero los allegados suelen reunirse en torno al ser querido en una despedida íntima y sin prisas. A veces hay incluso una comida o una tertulia y luego sucede. Entre un 10% y un 15% de las eutanasias corren a cargo del especialista encargado del tratamiento original. En la ley española después de la revisión por el colega independiente entran en acción las comisiones autonómicas, que deben dar el visto bueno al facultativo del paciente para proceder, informa Emilio de Benito.

La ley se ha ido adaptando a la evolución de la sociedad, y si bien el cáncer en su último estadio acapara la práctica en los adultos, para los bebés gravemente enfermos -hasta un año- hay un protocolo especial desde 2004, bajo el consentimiento de los padres. Es una guía y hay que seguir dando parte del caso. Los niños entre 1 y 12 años, una franja de edad ausente en la ley, contarán con un apartado propio cuyos borradores debe elaborar el Gobierno, que está en funciones en este momento. Según el ministerio de Sanidad, este cambio alcanzará a “entre 5 y 10 menores con patologías terminales al año”. A partir de esa edad, la petición ya estaba contemplada y con el acuerdo paterno; entre 16 y 17 años llevan la iniciativa los adolescentes con conocimiento de los progenitores. En España solo se puede aplicar a mayores de edad.

“Como profesionales, queremos aliviar el dolor. La eutanasia puede ser un acto de compasión para alguien que sufre sin remedio. Incluso si ello significa poner fin a una vida, siempre que haya una razón médica y el paciente lo solicite”, dice por teléfono René Héman, presidente de la Federación Médica del país (KNMG son las siglas holandesas). Especialista en salud pública, añade que “el respeto a la vida humana no significa que debas seguir viviendo bajo cualquier circunstancia”. Héman es católico y participó en 2017 en la Reunión Europea de la Asociación Médica Mundial, que tuvo lugar en el Vaticano. Dedicada a analizar el fin de la vida, el papa Francisco reiteró allí su rechazo a la eutanasia. Defendió, sin embargo, que “se renuncie a terapias médicas desproporcionadas, porque no es que se quiera procurar la muerte, sino que se acepta no poder impedirla”, escribió en el mensaje dirigido a los participantes. El experto holandés apunta que ha hablado del asunto con varios sacerdotes católicos y uno de ellos le dijo lo siguiente: “Cuando mueres, la vida vuelve a Dios, y si el sufrimiento la hace imposible, la eutanasia puede verse también como una forma de retornar la vida al Creador”.

Los problemas psíquicos y sobre todo las demencias avanzadas son los más difíciles de abordar, y van a aumentar debido al envejecimiento de la población. En los primeros, al médico de cabecera y la segunda opinión obligada, se añade un psiquiatra o un psicólogo clínico para evaluar la solicitud. No es un camino fácil y tampoco rápido, como sucedió con Aurelia Brouwers, una joven de 29 años que la reclamó durante casi una década. Desde su adolescencia, pasó por autolesiones, anorexia y una veintena de intentos de suicidio además de periodos de internamiento. Los médicos autorizaron la eutanasia en enero de 2018, y es uno de los casos que alertó del sufrimiento insoportable de los pacientes psiquiátricos; sobre todo los jóvenes.

Las demencias agudas son más problemáticas incluso, y hay un centro especializado en casos considerados difíciles, el Expertisecentrum Euthanasie, que recibe más llamadas por trastornos psíquicos que por otros motivos. Estos enfermos suelen contar con un testamento vital explicando que quieren la eutanasia si el deterioro avanza, pero cabe la posibilidad de que ya no sean conscientes de la realidad llegado el momento. Si alguien está incapacitado para comprender lo que ocurre, no es posible seguir adelante porque la ayuda para morir debe pedirse con libertad y claridad en el razonamiento. “De los 168 casos de esta clase vistos en 2020, solo dos estaban en la fase final. Aunque aquí aconsejamos asimismo la presencia de un geriatra para estar seguros, dentro de veinte años habrá más de estos pacientes, y es un tema que me preocupa”, reconoce Héman. En 2020, el Tribunal Supremo dictó un fallo que arrojaba luz sobre cómo debe interpretarse la intención del paciente al escribir este tipo de voluntades previas. “Esperamos tener lista este verano una guía para estas situaciones”, anuncia Héman.

El Supremo se pronunció sobre el testamento vital después del revuelo causado en 2019 por el primer caso sobre demencia llevado a juicio desde la aprobación de la ley, en 2002. Apodado “la eutanasia del café”, le fue aplicada en 2016 a una paciente de 74 años que la padecía en fase aguda y disponía de dos escritos. En uno pedía ayuda para morir, mientras que en el otro añadía que lo haría cuando lo creyera conveniente. Marinou Arends, la geriatra que lo hizo, y que renunció luego al anonimato para explicarse en un programa televisivo, observó a la afectada durante varias semanas. Cuando concluyó que esta atravesaba la fase insoportable que, según había anotado, deseaba evitar, preparó la eutanasia. Primero le puso un sedante en el café, pero la paciente se agitó al verlo y hubo que sujetarla para seguir adelante. Como no fue consultada en el último momento porque ya había perdido la noción de la realidad, las comisiones regionales remitieron el expediente a la Fiscalía. Arends fue acusada de asesinato, pero el fiscal no pidió al juez una condena “dada la falta de claridad de la ley y ante las buenas intenciones de la especialista”. Cuando la doctora fue absuelta, la propia Fiscalía solicitó su parecer al Supremo para crear jurisprudencia con vistas al futuro. Apoyada por la familia de la fallecida, Arends admitió que el proceso cambió su vida. “Fue una pesadilla ocupar el banquillo de los acusados cuando has obrado en conciencia”, dijo.

La polémica no acabó ahí porque el Supremo aprobó incluso la sedación previa para evitar posibles agresiones en situaciones parecidas. Entonces, 450 médicos publicaron una carta diciendo que no estaban “preparados para poner una inyección letal a un paciente incapacitado por la demencia”. Para Jeroen Recourt, la actual ley holandesa es adecuada y los médicos son muy cuidadosos al practicarla. “Por ahora, esta norma sirve para el trastorno mental y la demencia aguda, que será un reto para todos el futuro. Cualquier ampliación de los límites de la eutanasia requiere un debate político que no nos compete”. Lo esencial, según añade, es explicar bien la normativa y acompañar al paciente.