Los colectivos LGTBI y La Moncloa negocian contra reloj el desbloqueo de la ‘ley trans’ antes del Orgullo

El tiempo corre. Las principales organizaciones LGTBI de España acaban de mover ficha para intentar desbloquear la negociación de la futura ley trans, atascada desde que el pasado febrero presentó un borrador el Ministerio de Igualdad. Los colectivos piden que esté lista antes de la celebración del Orgullo, prevista para la última semana de junio. Para intentar desbloquearlo, este lunes han hecho una propuesta concreta en una reunión en La Moncloa: aceptar un plazo para el cambio de nombre y sexo en el DNI y modificaciones en los cambios registrales de los menores de edad. El Gobierno asegura que habrá una nueva reunión en los próximos días (“martes o miércoles”) a la espera de cuadrar todas las agendas.

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El principal escollo en la negociación que ha enfrentado a los dos socios de gobierno (PSOE y Unidas Podemos) y al feminismo es la libre autodeterminación de género. Esto supone que baste la voluntad de una persona para cambiar el nombre y el sexo en el DNI. Así lo recoge la propuesta lanzada por Igualdad, con Irene Montero (Podemos) a la cabeza. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, rechazó que se pudiera cambiar de sexo solo con la voluntad. Tras las palabras de Calvo y de parte del socialismo español está una representación del movimiento feminista, que teme que este cambio puede conllevar consecuencias irreparables para las legislaciones y avances conseguidos por las mujeres.

Representantes de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (FELGTB), la asociación Chrysallis de familias con menores trans y la fundación Triángulo han acudido este lunes a La Moncloa para hacer sus propuestas. La principal es fijar un plazo máximo de tres meses entre que se recoge la documentación y se concede el cambio, por si pudiera haber en medio algún cambio de opinión. Se han reunido con representantes de Vicepresidencia Primera y de Justicia, que les convocaron el domingo de urgencia después de que anunciaran una rueda de prensa este lunes en la simbólica plaza de Pedro Zerolo, en el barrio madrileño de Chueca.

“Creemos que hay un avance significativo en la postura y en la propuesta que solicitamos a vicepresidencia”, ha señalado Uge Sangil, presidenta de FELGTB. “Cualquier ley que aborde nuestra realidad debe reconocer nuestra libre determinación de género, que podamos rectificar sin tutelas ni trabas. Es un error cometido por el Estado que nos asignó erróneamente como hombres o mujeres”, según Sangil. Para intentar desbloquear la negociación y garantizar la “seguridad jurídica” que reclama la parte socialista del Gobierno, plantean esos tres meses “como plazos administrativos desde que se solicita el cambio registral hasta que la persona coge el documento”.

En la actualidad, la persona que quiera cambiar nombre y sexo en el DNI debe solicitar una cita médica, empezar un proceso de hormonación y conseguir un certificado psiquiátrico, lo que alarga el proceso entre dos y tres años, según los cálculos de las organizaciones.

Los colectivos rechazan que sea un testigo o tercera persona, como baraja el PSOE, quien acredite esa petición. Según las organizaciones, tanto Igualdad como Justicia aprueban esa petición de que no intervengan terceros y falta ver cómo la valora vicepresidencia primera. Fuentes del Ministerio de Igualdad señalan que para evitar esas pruebas testimoniales propusieron hace una semana al Ministerio de Justicia una solución similar a la de los colectivos. Es decir, que la persona realice una primera comparecencia ante el encargado del registro y vuelva a comparecer tres meses después tras “agotar el plazo del trámite que indica la propia ley del registro civil”.

Las organizaciones LGTBI recuerdan que su `planteamiento, y el que recoge el borrador de Igualdad, está “en sintonía” con la propuesta que hizo el propio PSOE en el Congreso y que fue aprobada en la cámara en 2019. Es una propuesta, señala Sangil, similar a las legislaciones de países como Noruega, Argentina, Malta o Dinamarca, o las aprobadas en 13 comunidades autónomas, la última Canarias, que lo aprobó por unanimidad recientemente.

“Es fundamental entender que para nosotras no se puede asumir tener que presentar pruebas de nuestra identidad, testimonios o testigos que la validen y mucho menos que sea una tercera personas quien decida si somos o no personas trans”, añade Sangil.

Sobre los menores

El borrador presentado en febrero por Igualdad incluía también la libre autodeterminación de género para los menores de edad, otro punto que despertó recelos. La presidenta de Chyrsillas, Ana Valenzuela, ha explicado en la rueda de prensa algunos cambios que han incluido como propuesta para intentar desbloquear. Estaría dividido en tres tramos. Los menores de 12 años podrán pedir el cambio del nombre con sus familias. De 12 a 16, también acompañados por la familia o tutores legales, el cambio en el registro de sexo y nombre. Y, a partir de 16, sin tutela ninguna.

“Creemos que puede ser posible, que tendremos una ley antes del Orgullo”, señala Sangil. Han pedido una nueva reunión, que esperan cerrar esta misma semana, con Vicepresidencia, Igualdad y Justicia para terminar de cerrar las negociaciones. Fuentes de La Moncloa señalan que esperan cerrarla “el martes o el miércoles” a la espera de cuadrar las agendas. En ese encuentro, tratarán sus propuestas antes de valorarlas para la prensa. Desde Igualdad añaden, por su parte, el “compromiso de seguir negociando como hasta ahora con Justicia para que haya una ley trans antes del Orgullo” que garantice la libre determinación de género.