La ley de infancia se enreda en el tiempo de prescripción de la pederastia
La disyuntiva es si el plazo para denunciar se inicia cuando la víctima cumpla 40 años o se mantiene en los 30 años que ya recoge la norma
La ampliación del plazo de prescripción de los delitos de pederastia es uno de los principales logros de la nueva ley de protección de la infancia frente a la violencia, que este jueves llega al Congreso. Según el proyecto actual, el tiempo que tiene la víctima para denunciar ya no empezará a contar, como hasta ahora, a partir de que cumpla los 18 años, sino a los 30. Es decir, que en los casos más graves, los delitos no prescribirán hasta que la víctima alcance los 45 años de edad. De este modo se da más tiempo a las víctimas para que estén en condiciones de denunciar, pues tardan años en dar el paso. Pero para las asociaciones de supervivientes de abusos y organizaciones de infancia no es suficiente, y quieren ampliar ese tiempo 10 años, y que se inicie cuando cumplan los 40 años. En todo caso, la ley no tiene efecto retroactivo, solo afecta a los nuevos delitos.
Muchos partidos se han mostrado a favor de aumentar los plazos, según las consultas realizadas por este periódico y las asociaciones de víctimas: PP, Vox, ERC, Ciudadanos, Más País, Compromís, BNG y Junts x Cat. Se acercan a la mayoría absoluta. Este es uno de los puntos de fricción de una norma con amplio consenso y celebrada por las organizaciones de infancia. Otro es la propuesta de otorgar la condición de agentes de autoridad a los funcionarios de los servicios sociales, pues las asociaciones consideran que incrementaría la posición de poder de la Administración frente a las familias en procesos de retiradas de tutela. Pero hay diferencias en la coalición de Gobierno: el PSOE la avala y Unidas Podemos opta por suprimir esta condición.
El plazo de prescripción todavía puede ser modificado en el pleno del Congreso o durante la tramitación en el Senado. Entre los miembros del Ejecutivo, fuentes de Unidas Podemos apuntan que la ampliación del plazo ya recogida en la nueva ley hasta que la víctima tenga 30 años es “un avance sustancial” porque hace “prácticamente imprescriptibles” estos delitos, aunque se replantearían su posición “si hubiera un acuerdo mayoritario de los grupos”. Fuentes del PSOE consideran adecuado el límite del proyecto actual. “Es un horizonte lo suficientemente amplio para permitir la asimilación de los delitos por las víctimas y es respetuoso con el principio de seguridad jurídica de nuestro ordenamiento”, sostienen. En realidad, la vicepresidenta Carmen Calvo anunció en 2018 en el Vaticano que el Gobierno quería que estos delitos no prescribieran nunca. Así es ya en algunos Estados de Estados Unidos o en el Reino Unido, entre otros países. Pero el texto ha tomado finalmente como modelo Alemania.
La Plataforma de Infancia, que aglutina a 73 entidades, está a favor de que el plazo para denunciar empiece a contar a partir de que la víctima tenga 40 años. “Es lo que nos dicen todos los expertos con los que hemos hablado, se tarda mucho en denunciar, entre los 40 y los 42 años de media, y el límite de los 30 años se puede quedar corto”, explica su director, Ricardo Ibarra. Para Miguel Ángel Hurtado, víctima de abusos en la abadía de Montserrat, el texto actual “significa que el grueso de casos prescribirán cuando la víctima tenga entre 35 y 40 años, la mayoría se quedarán fuera”. Hurtado es promotor de una recogida de firmas en Change.org que suma ya 527.000 para que estos delitos no prescriban. Cita un estudio de la Iglesia católica de Australia de 2017, con 4.445 casos: las víctimas tardaron de media 33 años en denunciar, y tenían una media de 44 años. “Algunos partidos siguen sin entender que esta medida no es un ejemplo de populismo punitivo, sino de compromiso con los derechos humanos de la infancia. La prescripción es la gran aliada de los pederastas”.
Save the Children no tiene problema con elevar el inicio de los plazos a los 40 años, pero señala que “el objetivo no era poner el foco en la responsabilidad penal, debe hacerse un esfuerzo en prevención, concienciación, especialización y detección temprana del delito”, reflexiona Catalina Perazzo, su directora de Sensibilización y Políticas de Infancia. Josep María Tamarit, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Lleida y en la Universitat Oberta de Catalunya, especializado en Victimología, opina que ampliar la prescripción a los 30 años “es un paso adelante y es positivo”: “La imprescriptibilidad plantea muchos problemas en la práctica, porque tiene que haber pruebas, y aunque se alargue el plazo de prescripción, confiar en que la solución tenga que llegar siempre de la justicia penal es esperar mucho. Las víctimas ponen demasiado el foco en esta cuestión, hay un exceso de expectativas”.
Polémica sobre los agentes de autoridad
Otro punto que ha generado fricciones es el que otorga a los trabajadores de servicios sociales la categoría de agentes de autoridad. Estos funcionarios son quienes, entre otras cosas, deciden la retirada de tutela de menores en desamparo, una medida que genera conflictos con las familias. Cuenta con el aval del PSOE y del PP, que tienen la mayoría necesaria. Sin embargo, organizaciones de infancia piden que se suprima. Ibarra, de la Plataforma de la Infancia, considera que “genera un desequilibrio aún mayor del que ya existe” entre la Administración y las familias en estos procedimientos, y avisa de que “daría presunción de veracidad al agente de autoridad”. Según la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reizábal, “para que valga igual la declaración de un padre o una madre que la de un agente de la autoridad, las familias tendrían que conseguir destruir jurídicamente esa veracidad del trabajador social, una dificultad añadida muy complicada de salvar”.
El artículo establece que los funcionarios de servicios sociales, en el ejercicio de sus funciones de protección de menores, tendrán la condición de agente de autoridad y podrán solicitar la colaboración de las fuerzas de seguridad y los servicios sanitarios. Algo especialmente importante en casos de urgencia. Fuentes socialistas argumentan que los trabajadores sociales tienen una formación adecuada, defienden su “papel clave” en la protección de menores y sostienen que “cuestionar su profesionalidad carece de fundamento”.
Pero su socio en el Gobierno, Unidas Podemos, votó la semana pasada en la Comisión de Derechos Sociales a favor de retirar esta figura, en una enmienda de EH-Bildu. Su propuesta se someterá a votación en el Congreso y volverá a plantearla en el Senado, si es rechazada. Habrá que ver entonces cómo se posicionan los partidos. Hasta ahora, ERC se ha manifestado en contra. Vox considera que “las facultades propias de la autoridad deben reservarse a la fuerza pública y, en todo caso, a jueces y magistrados”. Sara Giménez, de Ciudadanos, cree que este artículo no se “ha trabajado bien en la negociación” y tiene “muchas aristas”. “El argumento no puede ser que los trabajadores pueden ser agredidos, porque el texto ya prevé que puedan recurrir a las fuerzas de seguridad”, sostiene Perazzo, de Save the Children. Si en el pleno se mantiene el mismo sentido del voto de la semana pasada en la comisión, no habrá cambios en el texto. Deberá volver a debatirse en el Senado.
Una sola declaración en fase de instrucción
La ley prevé la prueba preconstituida para los menores de 14 años, es decir, que durante el proceso de instrucción, los niños solo declaren una vez. Una medida muy positiva para evitar la revictimización en el ámbito judicial, según las organizaciones de infancia que, sin embargo, piden ampliar la medida. Plataforma de Infancia cree que lo ideal sería hacerla obligatoria hasta los 18 años y Save the Children, hasta los 16 y, hasta los 18, el juez debería motivar por qué no la instaura.
Además, ambas piden mejoras en la protección de los menores tutelados por la Administración. Solicitan que se instaure en los centros de protección de menores una figura análoga al coordinador de protección (figura a la que recurrirán los niños ante situaciones de violencia en centros educativos y deportivos, y encargada de velar por que se cumplan los protocolos).
