Macron abre el debate sobre la ayuda sexual a las personas discapacitadas

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha abiero el debate de si el derecho a disfrutar de una vida sexual forma parte de la “dignidad” de la persona y si admitirlo implica facilitar ese tipo de servicios para las personas con discapacidades. Macron presentó ese dilema, sin especificar su posición, durante un discurso en la Conferencia Nacional de la Discapacidad, organizada el martes en el Palacio del Elíseo.

“No debe ser un tabú en nuestra sociedad”, declaró el presidente francés. El Gobierno galo ha elevado una consulta al Comité Consultivo Nacional de Ética (CCNE, por sus siglas en francés). Otro organismo gubernamental, el Alto Consejo por la Igualdad entre hombres y mujeres (HCE), ha avisado de que “legalizar la compra de servicios sexuales” sería contrario a la legislación que regula la prostitución en Francia. Jérémie Boroy, presidente del Consejo Nacional Consultivo para las personas discapacitadas, celebró que se abra la discusión “más allá de las caricaturas con frecuencia escuchadas y leídas”.

El debate no es nuevo. En 2011, la entonces ministra de la Solidaridad y la Cohesión Social, Roselyne Bachelot, elevó una consulta similar a CCNE. En un dictamen publicado en 2012, y apoyándose en el principio de que el cuerpo humano no es una mercancía, este organismo negó la existencia de un “deber y obligación” por parte de la sociedad de suministrar servicios sexuales a los discapacitados.

La polémica quedó aparcada. Hasta ahora. La actual secretaria de Estado Sophie Cluzel, después de tomar nota de “la evolución de la sociedad desde el dictamen de 2012”, envió el 8 de febrero una carta a Jean-François Delfraissy, presidente del CCNE, con una nueva consulta sobre “si se puede o no reivindicar la libertad de recurrir a servicios sexuales”. Cluzel también pidió la apertura de un “debate ciudadano” sobre la cuestión.

En Francia la ley penaliza a los clientes de la prostitución y a los proxenetas. Todo el debate es si la asistencia sexual a personas en situación de discapacidad puede incluirse en este marco legal y en consecuencia supondría un atentado a la dignidad humana o si, al contrario, el derecho a una vida sexual forma parte de la dignidad humana.

El dictamen de 2012 abordó esos dilemas. Los expertos constataron que “todas las organizaciones” que apoyan a las personas discapacitadas insisten ante todo en el hecho de que se trata de un colectivo que sufre con frecuencia una gran soledad”. Señalaban, además, que “el disfrute sexual es una libertad de la que ningún ser humano debería sentirse excluido”.

Al mismo tiempo, los expertos avisaban de que “a toda libertad no corresponde un derecho que la colectividad deba asumir”. Y añadían: “Cabe constatar que numerosas personas, sin discapacidad alguna, tienen dificultades en su vida afectiva y sexual, y que esto no abre ningún deber de la sociedad respecto a ellas”.

El comité explicaba también que un reconocimiento de la asistencia sexual “profesionalizada, reconocida y remunerada” requeriría cambios en la legislación que prohíbe el proxenetismo. Cluzel recuerda que en algunos países —cita Suiza, Holanda y Dinamarca— ya existe una asistencia sexual organizada que consiste en permitir, a petición de estas, el acto sexual a dos personas que no puedan realizarlo sin ayuda. Y se pregunta: “¿Cómo conciliar este derecho a entrar en una relación íntima manteniendo el principio de no utilización de cuerpo humano como mercancía?”.