¿Hemos perdido el sentido común?

Las discusiones en torno al final de la vida creemos que se han centrado demasiado en la reivindicación de un derecho a la eutanasia. Mientras tanto podemos estar descuidando otras preocupaciones como la atención integral al enfermo con sufrimiento y el desarrollo de los cuidados paliativos.

Nuestro Parlamento está a punto de aprobar la legalización de la eutanasia, con una polémica que nos obliga a todos a posicionarnos a favor o en contra. Sin duda alguna, el escenario que tenemos con la pandemia es razón más que suficiente para reconsiderar la actual agenda legislativa. ¿Cuánto tiempo han dedicado en el Congreso de los Diputados a discutir acerca del fracaso de nuestro modelo sociosanitario y a estudiar y plantear una reforma del modelo de las residencias de ancianos? Con este “debe” tan importante a la vez que acuciante y con esta falta de autocrítica se pretende aprobar a toda prisa una ley de eutanasia en pleno confinamiento, sin la debida, oportuna, necesaria y obligada participación de los profesionales, y secuestrando un debate social que hasta ahora siempre se había defendido como imprescindible.

Los autores de este artículo, con el aval de la experiencia profesional acumulada tras muchos años de haber atendido a miles de pacientes, estamos convencidos, y por ello defendemos que, por supuesto, la medicina debe aliviar el sufrimiento con toda la energía posible, pero nunca debe causar ni provocar la muerte de manera intencionada. Todos nosotros compartimos la experiencia que, tras prestar una atención paliativa de calidad, la gran mayoría han revertido su petición, aceptando una muerte en paz y sin dolor, sin adelantar ni retrasar lo que es inevitable.

Ya existe el derecho del paciente a renunciar a un determinado tratamiento y el deber del médico de paliar el dolor y el sufrimiento, utilizando la sedación cuando está indicada y por ello considerada como un verdadero acto médico. Sin embargo, entendemos que legalizar la eutanasia, como se pretende ahora, va a generar una herida social difícil de reparar, porque se traspasa una línea roja que, lejos de suponer un progreso social, lanza un mensaje que puede acabar chantajeando a los más vulnerables.

Por ello, consideramos que esta legislatura no debería tramitar una ley de eutanasia sin haber garantizado antes unos buenos cuidados paliativos, generalizados a toda la población, algo que actualmente está muy lejos de ser una realidad. La estética es desgarradora y las consecuencias para la relación clínica médico-paciente será muy negativa.

Los firmantes de esta tribuna son los médicos Marcos Gómez Sancho (Las Palmas de Gran Canaria. Canarias). José Mª Borrel Martínez (Huesca. Aragón). Daniel Ramos Pollo (Valladolid. Castilla y León). Enric Benito i Oliver (Mallorca. Illes Balears). María de los Angeles Sotto Claude (Madrid. Comunidad de Madrid). Jesús Sánchez Echaniz (Bilbao. País Vasco). Joaquín Fernández Crehuet. (Málaga. Andalucía). María Castellano Arroyo (Granada. Andalucía). Juan Viñas Salas (Lleida. Cataluña). Claudio Navarro Cañadas (Valladolid. Castilla y León). Francisco Barón Duarte (A Coruña. Galicia). Francisco J. Vaz Leal (Badajoz. Extremadura). Ismael Sánchez Hernández (Teruel. Aragón). Enrique Villanueva Cañadas (Granada. Andalucía). Rogelio Altisent Trota (Zaragoza. Aragón). Jacinto Bátiz Cantera (Bilbao. País Vasco). Mariano Casado Blanco (Badajoz. Extremadura). Carmen Francisco López (Cádiz. Andalucía). Luis Ciprés Casasnovas (Teruel. Aragón). Álvaro Gándara del Castillo (Madrid. Comunidad de Madrid). Felicidad Rodríguez Sánchez (Cádiz. Andalucía). Concepción Ferrer Novellas (Zaragoza. Aragón). María Teresa Vidal Candela (Alicante. Comunitat Valenciana). Jaime Boceta Osuna (Sevilla. Andalucía). Carlos Centeno Cortés. (Pamplona. Comunidad Foral de Navarra). Pedro Hidalgo Fernández (Badajoz. Extremadura). José Antonio Herranz Martínez (Castellón. Comunitat Valenciana). Javier Rocafort Gil (Madrid. Comunidad de Madrid) José María Domínguez Roldán (Sevilla. Andalucía). Josep Porta i Sales (Vic. Cataluña). Miguel Ángel Cuervo Pinna (Badajoz. Extremadura). Pilar Martínez García (Cádiz. Andalucía). Alberto Noriega Ortíz (Santander. Cantabria). Aurelio Luna Maldonado (Murcia. Región de Murcia).