Imputados ocho ex altos cargos de la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla por vertidos de agua residual al Guadalquivir

El juez José Ignacio Vilaplana ha imputado a ocho ex altos cargos de la Junta andaluza, el Ayuntamiento de Sevilla y tres depuradoras metropolitanas por verter aguas residuales al río Guadalquivir con “sustancias potencialmente contaminantes” entre 2013 y 2017. Tras un informe del Seprona, hace dos años la Fiscalía de la capital andaluza apreció un delito medioambiental en la gestión de las aguas residuales de 1,1 millón de vecinos y aguas de naturaleza industrial de 427.600 habitantes vertidas al río, en una zona sensible y de alta protección debido a que atraviesa el Parque Nacional de Doñana. Entre los investigados destaca el diputado en el Congreso por el PSOE José Losada -anterior delegado de Medio Ambiente de la Junta en Sevilla- y su antecesora Dolores Bravo.

Tras una denuncia de la Fiscalía de Sevilla ahora el magistrado, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, recoge el guante y decide proseguir la investigación con nuevas pesquisas de los agentes y del Instituto Nacional de Toxicología. “Los vertidos habrían causado de manera efectiva daños sustanciales a la calidad del medio receptor y habrían podido -en potencia- perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales (…) Se siguen superando los límites de vertido a la vista de las muestras tomadas en 2018 y 2019”, subraya el juez en un auto del pasado 28 de julio, basándose en los análisis del Seprona y de Toxicología. La causa, instruida por el mismo juzgado que investiga los ERE fraudulentos, arrastra un notable retraso, ya que la Fiscalía denunció los hechos en 2018.

En 2017 Ecologistas en Acción denunció un posible delito medioambiental y el Seprona de la Guardia Civil analizó muestras del río y detectó “efluentes contaminantes que podrían afectar gravemente a las aguas públicas” y dañar “la zona sensible de Doñana”, procedentes de las depuradoras de Copero, Tablada y San Jerónimo de Sevilla. Los análisis indicaban una falta de tratamiento terciario para la eliminación de nitrógeno y fósforo total en las aguas residuales. El instituto armada censuraba: “Emasesa [la empresa municipal de aguas de Sevilla] no ha hecho nada desde 2013 para ejecutar un tratamiento más riguroso y evitar el vertido de nitrógeno total y fósforo total”.

Emasesa -cuyo accionista mayoritario es el Ayuntamiento de la capital andaluza- pidió el archivo de la causa al entender que “no se estaría llevando a cabo ningún tipo de vertido potencialmente peligroso”, pero el magistrado la ha rechazado y ha pedido auxilio a Rafael Marín, jefe del control de calidad del agua en la empresa municipal Emacsa de Córdoba. El juez ha imputado también a Salvador Camacho, ex secretario general de Medio Ambiente en Sevilla, Dolores Montes, jefa del Departamento de Informes y Sanciones de Medio Ambiente, Iván Núñez, jefe de negociado de seguimientos de obligaciones y el exdirectivo de Emasesa Antonio Díaz, además del consejero delegado de la empresa municipal Emasesa, Jaime Palop, y su antecesor Jesús Maza. La imputación de estos dos últimos la deja pendiente el juez del resultado de nuevos análisis.

La Fiscalía de Medio Ambiente denunció hace dos años a 12 municipios andaluces por vertidos sin control, y algunas causas han prosperado y otras están archivadas. En 2018 el Tribunal de Justicia de la UE impuso a España una multa de 12 millones por escasa o nula depuración de las aguas, y siete de los nueve municipios que provocaron la sanción son andaluces. Sevilla no figura entre ellos. En esta comunidad, las aguas urbanas de 650.000 personas -del total de 8,4 millones- se arrojan directamente a los ríos y al mar.