Sanidad licita la mayor compra centralizada de la historia para crear una reserva estratégica contra el virus

Será el acuerdo marco de mayor cuantía firmado hasta la fecha. El Ministerio de Sanidad ha licitado una compra centralizada por valor de 2.400 millones de euros para que el Gobierno y las comunidades adquieran material sanitario de la misma calidad y al mismo precio para enfrentarse a los nuevos brotes o a una hipotética segunda oleada de la covid-19 en los próximos meses. Este material servirá para alimentar la reserva estratégica nacional de estos productos que prometió crear el presidente, Pedro Sánchez.

El acuerdo consta de 11 lotes que cubrirán las necesidades de la sanidad pública: mascarillas de distintos tipos, gafas, batas, test de diagnóstico PCR y kits de extracción. Se tramitará por la vía de emergencia, como el centenar de contratos que ha firmado el Ministerio de Sanidad con distintas empresas para proveerse de material sanitario durante la crisis. Según el Gobierno, se ha decidido hacerlo así para acortar los plazos, ya que el objetivo es que el material esté a disposición de los servicios de salud antes de que acabe el mes de septiembre.

El acuerdo marco se firma por un año, extensible a otro más, y establece condiciones comunes a todos los contratos que emanen de él. Esta fórmula de compra centralizada permite facilitar la adhesión de otros organismos, como las comunidades autónomas. El acuerdo establecerá precios máximos para cada categoría de material. Las empresas que se presenten deberán hacer ofertas por debajo de esas cantidades y competirán entre ellas, lo que previsiblemente tirará del precio a la baja. Para elegir a las empresas se tendrán en cuenta también las especificaciones técnicas de los productos, para evitar que se compre material defectuoso o con certificados falsificados, algo que sucedió durante las peores semanas de la pandemia.

La compra centralizada servirá para homogeneizar la calidad de los suministros. En marzo y abril prácticamente todas las administraciones se vieron obligadas a comprar a proveedores nuevos, ya que los habituales se habían quedado sin existencias. Se sucedieron los problemas de calidad (como las mascarillas Garry Galaxy, que no filtraban lo suficiente) en material comprado a intermediarios que lo traían de fábricas chinas. Las administraciones tuvieron que pagar precios desorbitados para conseguir mascarillas o batas para los hospitales y residencias españoles, muchas veces con grandes diferencias entre los proveedores.

Las comunidades desembolsaron hasta finales del mes de abril 2.238 millones de euros en gasto sanitario derivado de la covid-19. En relación a su producto interior bruto, Castilla-La Mancha fue la autonomía que más dinero empleó en hacer frente a la crisis sanitaria, con 352 millones de euros. Cataluña gastó 530 millones y Madrid, 484, según recoge un informe reciente del Ministerio de Hacienda. Estas cantidades no están desglosadas, por lo que no se puede distinguir qué parte se empleó para comprar material sanitario como equipos de protección individual (EPI) o equipos tecnológicos como respiradores, o para reforzar las plantillas de la sanidad pública.

Hasta ahora solo se habían firmado 17 acuerdos marco desde el Ministerio de Sanidad. Se trata de una figura que empezó a utilizarse en 2013, con fármacos como el Factor VIII de coagulación recombinante, epoetinas (para tratar distintos tipos de anemia) o inmunosupresores. Posteriormente se han formalizado también para comprar gasas o vendas de forma centralizada. El acuerdo de mayor cuantía es el de los inmunosupresores (666 millones de euros), al que se adhirieron 10 comunidades y dos ministerios. Uno de antirretroviarles (también con 10 comunidades adheridas) sumó 585 millones de euros en 2015. Al resto de acuerdos solo se sumaron unas pocas comunidades. Los importes van desde los seis millones a los poco más de 100. Gobierno y comunidades han comprado juntos también productos sanitarios como prótesis de hombro o marcapasos.

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