El Gobierno no descontaminará el Mar Menor hasta que se eliminen los vertidos
El Ministerio para la Transición Ecológica ha presentado hoy un plan en el que propone expropiar las viviendas ilegales en un escenario de pérdida de playas por el cambio climático
Con el Mar Menor en una situación crítica, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) propone un Plan de Protección del Borde Litoral de la laguna –que sale hoy a información pública durante dos meses– en el que se propone 77 actuaciones para frenar su deterioro. El plan pretende determinar qué hacer con las ocupaciones del dominio público marítimo terrestre que se han producido a lo largo de los años en la zona. Se han localizado 280 ocupaciones (viviendas, hoteles, chiringuitos, aparcamientos, restaurantes y otros), no todas ilegales. Su destino no se concretará hasta que se identifiquen cuáles de ellas no cuentan con título acreditativo. Estás se deberían recuperar para el uso y disfrute público, mientras que las que son legales permanecerán en el lugar a no ser que se considerara que su recuperación es imprescindible. Del conjunto de 66 playas, solamente en 23 de ellas no existe ninguna ocupación (un tercio del total) del dominio público marítimo terrestre.
El Miteco, sin embargo, no emprenderá la descontaminación de la laguna hasta que no se eliminen los vertidos que llegan al Mar Menor y que han provocado su colapso ya en dos ocasiones, una en 2016 y otra en octubre del año pasado, cuando murieron miles de peces asfixiados por la falta de oxígeno. Una vez determinados los focos de los vertidos, y cuales tienen autorización o no, serán las autoridades regionales las competentes para proceder a su desaparición. Solo tras ese paso, será posible llevar a cabo un plan de rescate ecológico de la laguna, aseguran fuentes del departamento.
Y es algo vital, porque el año pasado llegaron al Mar Menor 1.575, 44 toneladas de nitratos -con un promedio diario de 411 kilos- según un informe del Ministerio para la Transición Ecológica. Estas sustancias químicas, que se usan como fertilizantes en la actividad agraria, alcanzan la laguna mezcladas con las aguas superficiales a través de las ramblas (sobre todo la del Albujón) y con las subterráneas del acuífero del cuaternario, que también están contaminadas. Así se ha roto el equilibrio de la laguna murciana favoreciendo el crecimiento desmesurado de fitoplancton, lo que, a su vez, impide pasar la luz y provoca episodios de colapso. El desarrollo urbanístico asociado al turismo con 13 puertos deportivos y la actividad minera residual completan el explosivo cóctel. Fuentes del departamento consideran que ellos están actuando dentro de sus competencias, que abarcan la protección del acuífero con la Confederación Hidrográfica del Segura y la demarcación de costas.
El plan se enmarca en un futuro nada alentador para las playas del Mar Menor. En 2040, en un escenario de emisiones de gases de efecto invernadero moderado, “se pueden producir retrocesos con incremento significativo del riesgo de socavación y rebases en la Playa de la Ensenada del Esparto y en el entorno de la Urbanización las Brisas”, concreta el plan. Las consecuencias aumentan según pasan los años y en 2080 el retroceso de la costa afecta a la práctica totalidad de la ensenada del Pudrimel extendiéndose de manera generalizada por la mitad sur de La Manga. En el peor escenario de emisiones, en 2100 desaparecería prácticamente el 100% de los tramos de costa entre la ensenada del Pudrimel y la playa de Amoladeras.
Pedro García, director de la asociación ecologista Anse, desconfía de la propuesta y recuerda como ya en época de Aznar, el director general de Costas remitió un escrito al consejero de Política Territorial en el que “recomendaba que se dejara de construir y el posible traslado de construcciones a otro lugar”. “Con el tiempo transcurrido y no se ha hecho nada, teniendo en cuenta que en cualquier escenario de cambio climático la subida del mar va a afectar a infraestructuras y viviendas”. García propone que se recuperen las parcelas urbanizables todavía no construidas y que se centren en la compra de viviendas que ocupen mayor superficie de suelo “donde la restauración ambiental es más fácil”.
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