La legalización total del aborto se estanca en Colombia
El Constitucional colombiano, con la fuerza de los conservadores, se inhibe de discutir la despenalización de la interrupción del embarazo
Ni avance histórico ni retroceso de décadas. La intensa discusión sobre el aborto en Colombia quedó como estaba desde hace 14 años. La Corte Constitucional colombiana respondió con un fallo inhibitorio a la demanda puesta por una ciudadana antiaborto que pedía que este se volviera a penalizar completamente, incluso para las circunstancias aprobadas y así retroceder hasta 2006. Ese año, el Tribunal determinó que las colombianas pueden abortar si el embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer certificada por un médico, hay grave malformación del feto que haga inviable su vida o el embarazo es el resultado de violación.
La decisión de no pronunciarse a fondo sobre esa demanda fue de seis magistrados a favor y tres que salvaron su voto, Alejandro Linares, José Fernando Reyes y Alberto Rojas. Y se presentaron cinco aclaraciones de voto. El presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas, declaró en un comunicado: “Se concluyó entonces que no resultaba viable jurídicamente volver a analizar la constitucionalidad de la norma acusada. Debe tomarse en consideración que en casos en los que se discute la existencia de cosa juzgada, al existir una decisión previa en relación con el texto normativo demandado, el Tribunal debe ser mucho más exigente en el cumplimiento de los requisitos de la demanda debido a que deben existir razones poderosas que justifiquen que se vuelva a analizar una norma que ya fue objeto de control de constitucionalidad”. La decisión sobre inhibirse acerca del aborto obtuvo el voto a favor de 6 magistrados y en contra, de tres.
La Sala Plena agregó que la Corte encontró que en la demanda “se basan en interpretaciones” y “argumentos excesivamente vagos”, tiene problemas de argumentación y solo ofrece “evidencia empírica que se construye a partir de concepciones personales, como fotografías, material audiovisual, literatura y entrevistas a terceros”.
El fallo, que ha polarizado a la sociedad colombiana desde hace varias semanas, era esperado a las afueras del Tribunal en el centro de Bogotá por mujeres que realizaban el “pañuelazo verde” por el aborto libre y seguro, así como grupos antiaborto ligados a la bancada conservadora del Congreso de la República. El presidente Iván Duque celebró la decisión de la Corte. ¨Es un pronunciamiento que se recibe con la tranquilidad de que se ha mantenido la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional desde el año 2006”.
Durante el proceso de discusión, la Corte recibió 24 conceptos técnicos solicitados por el tribunal y ocho no pedidos. Y mientras los congresistas de la bancada conservadora y uribista promovían un posible referendo si la Corte fallaba a favor de las mujeres; los grupos feministas desarrollaron la campaña Causa Justa, que busca evitar la criminalización de las mujeres como consecuencia del aborto. Con la decisión de este lunes ambas quedan paralizadas y a la espera de nuevas decisiones.
Para Mónica Roa, la abogada que logró la despenalización en 2006, no es sorpresivo. “Decisión inhibitoria. Me suena familiar. Pasó lo mismo el 7 de diciembre de 2005. La buena noticia, es que el debate, entonces como ahora, continuó y resultó en una decisión favorable unos meses después”, dijo a través de Twitter. En el mismo sentido se pronunció la Campaña por el Derecho al Aborto Legal en Colombia: “El debate continúa y por ahora podemos seguir acudiendo al aborto legal bajo la causa de salud mental”, dijeron acerca de una de las causales más atacadas por los grupos antiaborto.
El magistrado Alejandro Linares proponía establecer un sistema mixto de despenalización parcial, según el cual no se incurriría en delito si la decisión de interrumpir el embarazo se produce en las primeras semanas, y luego de ese vencimiento, se aplicarían las tres causales legales en Colombia desde 2006. Sin embargo, su ponencia fue derrotada.
De acuerdo con el documento que propuso la existencia del delito de aborto (que da penas de uno a tres años de cárcel) y el temor por ser criminalizadas ha generado barreras para el acceso y entrega a las mujeres a las redes del aborto clandestino y a poner en riesgo su vida. Según las cifras que entregó el Ministerio de Salud al tribunal, en 2016 murieron seis mujeres por mes como consecuencia de abortos inseguros hechos en clínicas ilegales. Y aunque es la cuarta causa de muerte materna en Colombia, se calcula que al menos 132.000 mujeres sufren complicaciones como consecuencia de procedimientos ilegales.
A esto último apuntaba el magistrado Linares. Para él, mantener este delito en el código penal tampoco ha sido efectivo. Según las cifras de la Fiscalía le entregó a la Corte, entre 1998 y 2019, se crearon 5.833 noticias criminales (denuncias), pero solo en 791 casos hubo procesos, algo que dista mucho de los 400.000 abortos que, se harían al año en Colombia, según los cálculos de 2008 del Instituto Guttmacher, organización que aboga por el derecho al aborto. La criminalización alcanza incluso a menores de edad, que son en primer lugar víctimas de abuso sexual y, en segundo lugar, pueden acceder legalmente a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Adicionalmente, el 35,97% de las indiciadas son jóvenes o con nivel de formación básico, de primaria o secundaria. “Según estas cifras se puede afirmar que en Colombia existe una sobrecriminalización hacia las mujeres más vulnerables haciendo que la injusticia crezca en nuestro país”, dice el documento de Linares.
“Respetamos la decisión de la Corte y celebramos que el aborto en Colombia siga siendo un derecho fundamental en las tres circunstancias reconocida desde hace 14 años”, indicó la Mesa por la Vida y la Salud de las mujeres a través de un comunicado.
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