El Supremo de EE UU revisará una ley de Luisiana que restringe el acceso al aborto

El Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció este viernes que examinará una de las leyes contra el aborto de Luisiana, concretamente la que fue aprobada en 2014 que obliga a los médicos que practican interrupción del embarazado a hacerlo en clínicas que estén ubicadas a menos de 48 kilómetros de un hospital general, en el que, además, el doctor debe tener autorización expresa y licencia para poder usar los quirófanos. La medida resulta especialmente grave en un estado con una extensión de 134.000 kilómetros cuadrados —España ocupa unos 505.000—.Luisiana justificó la medida mencionando los riesgos en caso de complicaciones y la consecuente necesidad de transferir a las pacientes a hospitales vecinos.

Se trata de un caso altamente sensible que pondrá a prueba a los nueve miembros del Tribunal. Es el primer caso relacionado con el aborto que examinan desde que se incorporaran los dos nuevos jueces nombrados por Donald Trump: Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. No será hasta el próximo junio cuando el Tribunal haga pública su decisión, en vísperas del arranque de la campaña electoral de 2020. Los detractores de la norma consideran que dejaría al Estado con solo un doctor en una clínica autorizado para realizar interrupciones voluntarias del embarazo. Luisiana sería el séptimo Estado del país en tener solo un proveedor de aborto.

Otra de las grandes críticas de colectivos en defensa del derecho al aborto, como Hope Medical Group for Women, se centra en los requisitos que, según la norma, deben cumplir las clínicas en cuanto a las infraestructuras. Se requieren equipos semejantes a los de los centros hospitalarios, por lo que se establece un ancho mínimo, por ejemplo, para los pasillos, y determinado material quirúrgico “muy costoso”. Esa asociación asegura que si esa ley se pone en marcha, dos de las tres únicas clínicas que practican abortos en Luisiana se verán obligadas a cerrar.

El caso de Luisiana que ha admitido a estudio el Supremo es casi idéntico a uno de Texas que revisó hace tres años, en 2016. Entonces, la máxima autoridad judicial de Estados Unidos decidió derogar la ley al considerar que los requerimientos antes mencionados lastraban el derecho al aborto de las mujeres. Luisiana ha admitido que su ley es muy parecida a la de Texas. La diferencia ahora radica en la composición del Supremo, que ha cambiado sustancialmente.

En 2016, fue el juez Anthony Kennedy quien otorgó el quinto y definitivo voto para inclinar la balanza del lado de los defensores del derecho al aborto. Pero Kennedy está ya fuera del Tribunal y fue reemplazado por el polémico juez Kavanaugh, que ya ha indicado su disposición de descartar la decisión de entonces.

La ley de Texas

En el caso de la ley de Texas, el juez Stephen Breyer argumentó en 2016, en sintonía con la mayoría de la Corte Suprema, que no existían pruebas de que los requisitos que exigía la norma “habrían ayudado a una mujer a tener un mejor tratamiento”. De lo que sí había pruebas sobradas, argumentó Breyer, es de que esos requerimientos legales habían hecho caer el número de clínicas en Texas de 40 a 20.

El año pasado, el tribunal federal de Apelaciones del Quinto Distrito dictaminó que la ley de Luisiana era válida porque tendría un impacto diferente a la de Texas. Según el juez que redactó el fallo, “en Luisiana, a diferencia de Texas, la ley no impone un impedimento sustancial sobre un gran número de mujeres”.

Para Planned Parenthood, una organización que proporciona servicios de salud reproductiva, el acceso al aborto en Estados Unidos “pende de un hilo”. “Este caso [el de Luisiana] podría romper ese hilo”, declaró a través de un comunicado Alexis McGill, presidenta interina y directora de la Federación Planned Parenthood de America. McGill denunciaba que llevan tiempo advirtiendo de que “la administración Trump y los políticos estatales antiabortistas no se detendrán hasta que nos hayan quitado nuestros derechos y nuestras libertades”.

Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump se ha embarcado en una cruzada para reducir las opciones de las mujeres para poder interrumpir sus embarazos. Solo cuatro días después de asumir el cargo, el presidente recuperó una ley que prohibía a las ONG y proveedores sanitarios en el extranjero utilizar fondos del Gobierno estadounidense para asesorías a favor del aborto.

En mayo del año pasado, Trump anuló una ley que obligaba a los empleadores a incluir métodos anticonceptivos en el plan de salud ofrecido a sus trabajadores y anunció una reforma al Título X, un programa de planificación familiar financiado federalmente, abierto a los pacientes de bajos ingresos.

La ofensiva de la Casa Blanca contra el derecho al aborto se completa con las leyes dictadas por varios Estados de tradición conservadora. Iowa aprobó el año pasado la ley más restrictiva de EE UU: ninguna mujer puede abortar en cuanto se detectan los latidos del corazón en el feto. Los Capitolios de Kansas y Oklahoma también han impulsado leyes restrictivas, al igual que Alabama, Arkansas, Kentucky, Misisipi, Texas y West Virginia.