Excluidos y enfermos que comparten piso para curarse

Se aparta el pelo y muestra la cicatriz que le atraviesa el cráneo. Al poco, se da la vuelta y se levanta la camiseta. La espalda está salpicada de marcas. A la izquierda, quemaduras. A la derecha, la señal que recuerda que un puñal le atravesó la piel. Ese día, hace ya 10 años, atacaron la casa familiar y mataron a su padre, líder de una tribu en Camerún. Él quedó en coma. “Empezó el desorden en mi vida”, cuenta Eric Djike, de 40 años. Cuando salió del hospital emprendió una huida, primero en su propio país y después a través de África, para intentar desesperadamente alcanzar España. Lo logró en 2016. Llegó sin nada, con una fractura, secuelas neurológicas y una historia difícil de digerir. Dejó atrás a su madre, su mujer y sus cuatro hijas. “Tenía problemas de cabeza. No sabía que podían arreglarse solo hablando, sin tomar pastillas”, dice él. Su relato es pausado. Por fin se siente seguro. En casa. 

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Djike recuerda su historia en la sala de lectura del edificio que hace 10 meses se convirtió en su hogar. Está en el barrio de Las Tablas, en Madrid, donde cuatro viviendas acogen a 40 personas sin hogar que han recibido el alta médica pero necesitan un sitio para pasar la convalecencia. Traumatismos. La recuperación tras una operación. Dolencias crónicas. Cáncer. Enfermedades terminales. Este lugar es la casa a la que regresan tras la quimioterapia, el entorno en que los más graves pasan sus últimos días.

“El proyecto es pionero. Que sepamos, único en España. Hay albergues con plazas para este fin, pero no son generalizados, ni son casas”, indica José Manuel Caballol, director general de RAIS, organización que defiende los derechos de las personas sin hogar, que gestiona el programa Espacio Salud en colaboración con la fundación María Asunción Almajano Salvo. Disponen de 70 plazas distribuidas en viviendas en Madrid, Murcia y Córdoba por las que en 2018 pasaron 138 personas. El 80%, hombres. El 70%, de 46 a 65 años. Más del 60%, sin ingresos.

En Madrid —el proyecto se inauguró en 2013— tienen un concierto con la Comunidad hasta 2020 de alrededor de un millón de euros al año. Luego abrieron en Murcia y Córdoba, donde gran parte de su financiación llega de la asignación del 0,7% del IRPF para fines sociales. El año pasado obtuvieron 380.000 euros, según fuentes del Ministerio de Sanidad. En estas dos ciudades hay 12 plazas estatales: pueden acoger a personas de otras comunidades. Siempre hay lista de espera.

“En la calle, aunque vayan a urgencias, no sanan”, afirma el director de RAIS

En España, al menos 31.000 personas viven en la calle, según estimaciones de RAIS, a falta de una cifra oficial. “Aunque vayan a urgencias, no se curan. En la calle no pueden tomar su medicación, ni hacer las curas, acaban volviendo al hospital”, apunta Caballol. Un círculo vicioso: urgencias, ingreso, calle. “Hicimos un estudio piloto con 52 personas, calculando el tiempo de hospital los seis meses previos a participar en el proyecto y los seis siguientes. Antes estuvieron ingresados en planta una media de 45,98 días. Después, 5,16. Estimamos que el sistema público de salud ahorraría 48.000 euros por persona y año con estos recursos, que deberían ser públicos y replicarse en otras ciudades”, dice.

Casas adaptadas

En Madrid, cada casa dispone de entrada individual. Los usuarios no tienen llave, pero pueden entrar y salir solos. Hay personal 24 horas. Las viviendas tienen salón, cocina, baños, habitaciones individuales y dobles. Todo adaptado, un llamador en cada cama y lavabo. La segunda planta, con ascensor, se reserva a los trabajadores y los talleres. La vida discurre en los demás pisos. En el balcón hay ropa tendida. En la nevera, un cuadro organiza las tareas.

Los usuarios son derivados por el sistema sanitario, la red de personas sin hogar o los servicios sociales. Entre los empleados hay psicólogos, trabajadores y educadores sociales, también un enfermero y un auxiliar. Les acompañan al centro de salud o al hospital. Les ayudan a poner en regla su documentación. Hay talleres de orientación al empleo. No se les obliga a usar todos los recursos. Cada uno decide.

La ONG dice que el sistema de salud ahorraría 48.000 euros por persona y año

Djike cumple ya un año en el proyecto. Al principio le cuesta recrear un viaje de tres años. Durmió en la calle, pasó hambre, cruzó fronteras escondido en maleteros de autobuses. Se le infectó la herida de la cabeza. Cayó al intentar saltar la valla de Melilla. Se fracturó la pierna izquierda. Nueva infección. Finalmente, en 2016 llegó a Gran Canaria en cayuco. De ahí a Tenerife. Y a Madrid, donde consiguió el estatuto de refugiado. Lleva un puñado de operaciones a sus espaldas. Explica que tiene un 65% de discapacidad. Muestra una foto suya exultante, sonriente, en la que calza botas y viste ropa de colores. Fue tomada en su país, antes de que la desgracia se le echara encima. Pero ahora se está sobreponiendo. Quiere volver al trabajo, cuando se reincorpore de la baja en el empleo que ha logrado.

“Cuando se termine de recuperar y consolide su puesto, podrá vivir de forma autónoma”, señala Jorge Ferreruela, coordinador del proyecto en Madrid. El año pasado, solo cinco de las 68 personas que dejaron el programa volvieron a la calle. “El sinhogarismo afecta a la salud. Se multiplican las patologías. Hay un agujero en el sistema de atención. Aquí no nos conformamos con curar a la gente”, apunta Ferreruela. “La enfermedad es una excusa para que mejoren en todas las dimensiones y vuelvan a integrarse. Para que se rompa el círculo vicioso de albergue, calle, albergue”, prosigue. No hay un tiempo máximo para permanecer en la vivienda, depende de sus necesidades.

“La patología es la excusa para lograr que se integren”, según un trabajador

Dolores Córdoba se pregunta cuánto tiempo le darán. Aunque añade que no le preocupa. “Tengo una amiga que ha estado mucho tiempo... Bueno, tenía”, matiza. Falleció la noche anterior. Es un día triste. Habla por esos “compañeros”, que luchan por su vida. Por este motivo también participó hace unos meses en una campaña para reclamar el derecho a la vivienda.

“Mi problema fundamental, aparte del médico, es que no tengo dónde ir”, reconoce ahora. Llegó aquí hace cinco meses. “Fui al hospital a quitarme piedras de la vesícula, pero se conoce que me dio un ictus. Pasé dos días en coma. Al despertar, quería hablar, pero estaba paralizada”, explica esta mujer nacida en Ciudad Real hace 60 años y criada en Madrid. Madre de cinco hijos, entre ellos tres mellizos. “Una de las primeras mujeres vigilantes en España”.

Pero perdió el empleo. Fue desahuciada. “Lo pasas muy mal”, afirma. Hay partes de su vida en las que no quiere entrar. El sufrimiento en sus ojos acompaña sus palabras. En rehabilitación, ha vuelto a caminar con ayuda de una muleta. Suma dolencias renales a su convalecencia por el ictus. “Y problemas que la psicóloga me está ayudando a arreglar. Hasta que los solucione, no me plantearé qué hacer”. Trata su pasado y presente para poder mirar al futuro. “Nos están encaminando. Es como una segunda familia”, cuenta. “Tenemos la nuestra, pero aquí hay otra”, añade. Se emociona.

Córdoba pide a los visitantes que la acompañen al huerto. Allí han plantado un árbol por cada compañero fallecido. Se cuentan cinco. “Un homenaje a los que estuvieron con nosotros”. Parte de la familia que se fue. “El lugar más querido de la casa”.