El consejero valenciano Vicent Marzà: “Hemos venido a transformar la educación, no a maquillarla”

Vicent Marzà (Castelló de La Plana, 36 años) se hizo cargo de la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte en 2015 como una figura ascendente de Compromís y acaba la legislatura como uno de sus referentes. Es, de hecho, número uno de la coalición por la circunscripción de Castellón a las elecciones autonómicas del 28 de abril. Marzà pertenece al Bloc, la pata nacionalista de la coalición de izquierdas que forman también Iniciativa y Els Verds. Su gestión ha sido una de las más criticadas por la derecha por su política lingüística y su visión de la función que debe cumplir la escuela concertada.

Pregunta. Llegó a la Consejería de Educación prometiendo relanzar la escuela pública después de varios años de recorte. ¿Cree que lo ha conseguido?

Respuesta. Hago un balance positivo, sin ser triunfalista, porque en cuatro años no puedes revertir 20 de políticas de la derecha, que destruían el servicio público. Estamos invirtiendo 1.300 euros más por alumno y año. Hemos buscado dignificar la escuela pública y reducir la desigualdad. Hay 40.000 niños con beca de comedor que no había. Un banco de libros gratuito que no había. Tenemos 6.000 profesores más. Y las ratios son más bajas.

P. Anunció el fin de los barracones esta legislatura, pero 13.800 alumnos siguen en ellos. ¿Fue una promesa ingenua?

R. Siempre dije que acabaría con los centros íntegramente en barracones, no con el conjunto. Y eso hemos estado haciendo. En esos centros íntegramente en barracones había 8.000 niños. Ahora 4.000 están en colegios nuevos, y el resto irán a centros cuyas obras están en marcha o adjudicadas. Hemos avanzado muchísimo, pero es verdad que los trámites en una Administración que no tenía músculo después de las privatizaciones y recortes, se han alargado mucho. Aun así hemos hecho 600 actuaciones en infraestructuras, hemos retirado fibrocemento. Hemos terminado 23 centros y tenemos una decena en construcción.

P. La consejería ha sufrido varios reveses del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. ¿A qué lo atribuye?

R. Estamos pagando más en resoluciones judiciales por decisiones de la época del PP que por las que conciernen al actual Gobierno. Pero es verdad que ha habido decisiones [judiciales contrarias] porque no hemos venido a maquillar el sistema, sino a transformarlo. Y determinados poderes no responden a lo que para nosotros es el bien común. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia dijo que no podíamos bajar las ratios porque era competencia estatal, cuando en Galicia y otros territorios sí lo hacen.

P. ¿Cree que los jueces se han excedido en el cuestionamiento de la normativa educativa?

R. Quien denuncia no es el tribunal; son siempre las mismas organizaciones vinculadas a la derecha. Pero es verdad que estamos en un cambio de ciclo. Durante muchos años se ha privilegiado el negocio privado y este Gobierno ha venido a poner por encima el bien común, por ejemplo en los conciertos.

P. Considera que la educación concertada tiene la función de cubrir las lagunas de la pública…

R. Claro, complementa la oferta donde no llega la pública.

P. ...pero los jueces no lo ven así.

R. El Tribunal Superior de Justicia cuestiona, pero después el Supremo nos está dando la razón.

P. ¿Sobre los fallos de los conciertos educativos el Supremo se ha pronunciado?

R. Lo están estudiando, pero yo creo que es una cuestión de concepto. Los conciertos son necesarios porque no hay suficiente escuela pública. Si la hay, no tiene sentido que dupliquemos la oferta con dinero público.

P. El tribunal considera que la concertada no es solo complementaria de la pública, sino que los conciertos forman parte del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.

R. Eso no tiene sentido desde ningún punto de vista. Ni pedagógico, ni social, ni democrático. Por una parte, la Administración tiene que planificar la oferta. Y por otra, es ahora cuando las familias pueden elegir los centros. Antes eran los centros los que elegían a las familias, poniendo por ejemplo puntos discrecionales a los familiares de antiguos alumnos, para que no entraran determinadas familias. Eso se ha terminado.

P. ¿Fue un error condicionar, en su primer decreto de plurilingüismo, el aumento de horas en inglés al aumento de horas en valenciano?

R. Yo creo que no. Eso era lo que nos decían las unidades multilingües de las universidades que tenía que hacerse. El modelo anterior ha fracasado. Solo el 6% de los niños saben inglés al salir de la escuela, solo el 30% sabe valenciano, y el 100% sabe castellano. Nosotros queremos que el 100% sepa castellano, y mejor que ahora, que el 100% sepa valenciano, y que el 100% tenga nociones efectivas de inglés. Y es lo que propusimos, sin imponer nada, porque son los consejos escolares quienes votan la proporción de lenguas.

P. ¿Por qué entonces la ley que sustituyó al decreto eliminó esa vinculación entre más horas de inglés y más de valenciano?

R. Porque hubo un pronunciamiento judicial [contra el decreto] que decía que no podía ser. Nosotros no lo compartimos, pero cumplimos las resoluciones.