Entidades financieras presionan a los afectados por iDental para que paguen los créditos de sus tratamientos

Los afectados por el cierre sin previo aviso de las clínicas de odontología iDental el pasado 14 de junio continúan padeciendo los efectos de la supuesta estafa que investiga la Audiencia Nacional. A los problemas físicos que les ha causado la interrupción de sus tratamientos sin previo aviso, se suman las presiones por parte de algunas entidades financieras que les concedieron créditos para poder abonar el coste del arreglo de sus bocas. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social está recibiendo informaciones de que se están produciendo coacciones a los afectados, incluso "mediante llamadas telefónicas amenazando a estos de que si no siguen abonando las cuotas pendientes de los créditos les van a incluir en un fichero de morosos".

Sanidad ha enviado a los departamentos de consumo de las comunidades autónomas una circular para advertir sobre esta situación. En ella recuerda a las entidades financieras y no financieras que hayan concedido esos préstamos, que "están vulnerando" la Ley 16/2011 de contratos de créditos al consumo. En primer lugar, porque los bienes o servicios del contrato no han sido entregados en todo o en parte y, en segundo, debido a que existen reclamaciones judiciales o extrajudiciales. Por lo tanto, estarán incurriendo en "un cobro indebido".

Además, en el caso de "tratamiento inconclusos" las mismas entidades no podrán exigir "acreditación alguna, informes médicos o periciales" sobre el estado de los mismos, debido a que "la prestación del servicio no se realizó", continúa el documento. 

Los Ejecutivos autonómicos que han sufrido el cierre de las clínicas hablan de más de 400.000 posibles afectados. El macroproceso por la supuesta estafa se está investigando en la Audiencia Nacional, donde en septiembre tuvo lugar una reunión con 14 Gobiernos regionales, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia para coordinar la actuación. Allí se facilitaron algunas cifras todavía provisionales: la Comunidad Valenciana calculaba entonces más de 200.000 perjudicados; Andalucía, 90.000; Cataluña, 42.000; Murcia, 12.000; y Aragón, 12.000.

El juez José de la Mata investiga a la organización por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes, lesiones, contra la salud pública, apropiación indebida, administración fraudulenta y falsedad documental. Las primeras investigaciones apuntan a un complejo entramado societario con técnicas de márketing agresivas y ofertas low cost para atraer a personas con bajos recursos, a los que ofrecía créditos para poder acceder al servicio. Al echar el cierre, iDental dejó a personas con tratamientos sin finalizar, que les han causado grandes perjuicios al quedar con bocas desdentadas, tornillos metálicos de implantes sin acabar y encías con infecciones. Los afectados denuncian también la utilización de materiales de baja calidad.