Se veía venir

El problema de las incorrecciones ortográficas ha ido escalando niveles y ha llegado a uno de los más altos, el de las pruebas para adquirir la condición de profesor funcionario en la enseñanza secundaria. Así se desprende de una información, tan interesante como deprimente, aparecida en este periódico el pasado sábado. Sí, se veía venir.

Nos enteramos leyéndola de que en las pruebas de este año quedó vacante casi un 10% de las plazas, pese a que se presentaban diez aspirantes para cada una. Al parecer, las faltas de ortografía y gramaticales fueron determinantes para el fracaso de “un número no despreciable de opositores”.

Coincido con las apreciaciones hechas por la profesora Amparo Medina-Bocos: cuando los actuales profesores eran niños no les exigieron ortografía, y ahora “no saben enseñarla” (ni en consecuencia exigirla).

Es frecuente oír a profesores de secundaria quejándose de “cómo les llegan” los niños de la primaria. A los de Bachillerato expresando la misma queja respecto de los de la secundaria obligatoria. Y a los de universidad lamentando el nivel con que los estudiantes salen de los institutos y colegios. Ahora son los jueces de las oposiciones a la profesión docente los que echarán la culpa del desaguisado a los profesores de la universidad. Se ha cerrado el círculo, se ha coronado la cadena de lamentaciones. Unos por otros, y la casa sin barrer.

"Me acuso de haber relajado en Filología el nivel de exigencia para evitar escabechinas mayores"

He sido profesor de Lengua en enseñanza secundaria y ahora lo soy, de Filología, en la universitaria. Y me acuso de haber —en esta última— relajado el nivel de exigencia para evitar escabechinas mayores. De haber restado puntos a las calificaciones, graduando el descuento según se tratara de una falta de ortografía literal (un punto) o de acentuación (medio punto). Reconozco haberlo hecho, sí, aun a pesar de que algo en mi fuero interno me decía que, tratándose del examen de un aspirante a filólogo, sería plausible mayor severidad con las faltas del primer tipo; o que no debía obtener el aprobado, bajando de un diez a un cinco, un examen que, mereciendo por su “contenido” la máxima nota, al mismo tiempo adoleciera de diez faltas de acentuación (circunstancia que en la práctica nunca se da, pues expresión y contenido van de la mano; pero al menos era teóricamente posible). La paradoja es que aplicar esos criterios me ha granjeado cierta fama de “duro”, señal probable de que los de otros colegas o eran más benévolos o acaso inexistentes.

(Querría, entre paréntesis, corregir una pequeña inexactitud de la información publicada en el periódico. Se da a entender que las faltas de acentuación y de puntuación no lo son de ortografía sino de “prosodia”. No es así: son faltas de ortografía tanto como las que atañen al uso de las letras. La prosodia no es la ortografía de los acentos de intensidad y la entonación, es la manifestación misma en la expresión oral de lo que tildes y signos de puntuación reflejan en la escritura).

Por el artículo que comento vengo en conocimiento de cosas inquietantes. Por ejemplo, que “algunas regiones han comenzado a penalizar ahora”. ¿Ahora? ¿Tan tarde? ¿Quiere ello decir que hasta ahora no lo hacían?

Otra es que el mismo baremo que me genera remordimientos se adopta, pero ya nada menos que para ser profesor de Lengua, en las pruebas de la Comunidad de Madrid. Y en las de otras materias se aplica uno que es la mitad de severo —o el doble de benigno—: 0,50 puntos por cada falta y 0,25 por cada tilde. Ello quiere decir que un candidato podrá obtener plaza de profesor de diversas asignaturas con diez faltas de ortografía “propiamente dichas” y veinte de acentuación (que también son en rigor faltas de ortografía). Uno de Lengua, con la mitad, que siguen siendo demasiadas.

"Solo me cabe desear que los tribunales de las oposiciones a docentes se ratifiquen en su voluntad de exigencia y aun eleven el nivel de ella"

Deja asimismo preocupado leer, al final de la información, que la mayoría de los concurrentes eran profesores interinos. Es decir, como ahí mismo se precisa, que habían tenido que obtener previamente el CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica) o superar un máster de formación del profesorado. Y lo peor de todo: que al día siguiente de no superar las pruebas para ser funcionarios volvían al aula a continuar ejerciendo su labor, en calidad de interinos.

Habiéndome reconocido corresponsable de la situación presente no se me concederá mucho crédito si propusiera soluciones. Solo me cabe desear que los tribunales de las oposiciones a docentes se ratifiquen en su voluntad de exigencia y aun eleven el nivel de ella. A ver si eso repercute hacia atrás en los niveles previos: enseñanza universitaria, pruebas de acceso a la universidad, Bachillerato, Enseñanza Secundaria Obligatoria, primaria.

Dos últimas consideraciones. Una: tiene delito que nos cause problemas una ortografía como la nuestra, bastante más sencilla que la orthographe del francés o el spelling del inglés, y con un sistema de acentuación mucho más nítido que el italiano. “Pero hombre —les digo a mis alumnos—, si no podemos quejarnos, si tenemos una ortografía que no nos la merecemos”.

 Y dos: esto ocurre en un país en que era fama que las oposiciones al cuerpo de catedráticos de enseñanza media —hoy desmantelado— resultaban incluso más exigentes que las de ingreso en los cuerpos docentes de la universidad.

— Pedro Álvarez de Miranda es miembro de la Real Academia Española.