El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de Ley de Dependencia
Según la norma, los que ciuden de discapacitados podrán cobrar un sueldo
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de Dependencia, según la cual, las personas que cuiden de un familiar discapacitado podrán cobrar un sueldo. Acordada con los agentes sociales, la norma establece el derecho de las personas dependientes a recibir asistencia, sufragada por la Administración Central, las autonómicas y, también, mediante la aportación de los beneficiarios "en función de su capacidad económica personal". La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha informado de la aprobación de una norma considerada como "el cuarto pilar del Estado del Bienestar" que tiene como objetivo que no haya "ningún mayor solo, ninguna persona con discapacidad sola".
Acordada con los agentes sociales, la norma establece el derecho de las personas dependientes a recibir asistencia, sufragada por la Administración Central, las autonómicas y, también, mediante la aportación de los beneficiarios "en función de su capacidad económica personal". La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha informado de la aprobación de una norma considerada como "el cuarto pilar del Estado del Bienestar" que tiene como objetivo que no haya "ningún mayor solo, ninguna persona con discapacidad sola".
El texto que hoy presentó el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, al Gabinete, articulará un sistema nacional de atención a la dependencia que será de prestación preferente de servicios y que tendrá carácter universal y público. Esto significa que ningún español quedará desatendido, pero el usuario hará una aportación en función de su renta y patrimonio.
"Los españoles están de enhorabuena al reconocerse un nuevo derecho", ha dicho el ministro al presentar los puntos fundamentales de la ley. Caldera ha estimado que, en toda España, hay más de un millón de personas que no pueden valerse por sí mismas. Ello justifica la creación de un sistema nacional cuya prioridad es "la prestación de servicios", con la ayuda a domicilio a personas que lo necesiten o con la concesión de plazas en centros de día o con teleasistencia. Además, en caso de que el Estado no pueda facilitar a la persona dependiente la ayuda que necesita, los "afectados recibirán dinero para contratar esa ayuda en el ámbito privado". Además, las personas que cuiden de algún familiar podrán percibir un sueldo, siempre que estén dados de alta en la Seguridad Social. Finalmente, prevé medidas de ayuda para la búsqueda de empleo de las personas que actualmente se ocupan de cuidar a un familiar, con lo que no pueden trabajar.
El ministro ha dicho que la norma nace para "mejorar la cohesión social de los españoles y para garantizar un derecho de ciudadanía en todo el territorio nacional en igualdad de condiciones". Es decir, no habrá diferencias de atención o requisitos por el lugar de residencia. Además, ha dicho que la norma tiene "vocación de consenso", que ya se ha logrado en la redacción del anteproyecto con los agentes sociales y al que aspira, "antes de convertirse en proyecto", con las comunidades autónomas y grupos políticos, sobre todo en cuanto a su financiación.
El ministro ha explicado que se establecerán tres categorías de dependencia con dos niveles de gravedad cada una. En 2007, se prevé que la asistencia ya alcance a los "más necesitados", los 200.000 afectados por la "gran dependencia" -los que necesitan "ayuda para varias actividades básicas varias veces día y la presencia indispensable y continua de otra persona". Al año siguiente, se extenderá a los afectados por "dependencia severa", los que "necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas dos o tres veces al día", y, progresivamente en años siguientes, a los afectados de "dependencia moderada".
Será el Estado el que determine el grado de dependencia de una persona y la ayuda que necesita. El sistema contará con la "participación todas administraciones públicas", según ha dicho el ministro, contará con recursos públicos y privados y será para todos los ciudadanos dependientes mayores de 3 años.
