Las personas con trastorno mental grave pierden de media más de 10 años de vida laboral: “La gente sigue sintiendo una desconfianza atroz”

Esperanza Iglesias tiene 57 años y en la actualidad se encuentra cursando el último año del Grado de Estudios Ingleses en la UNED. En 2019 consiguió el reconocimiento de la incapacidad física y mental. Está diagnosticada de fibromialgia y de varias enfermedades degenerativas. También, desde 2012, de trastorno depresivo mayor crónico con trastorno de la personalidad no especificado. Hasta ese 2019 y desde los 15 años había trabajado casi ininterrumpidamente. “Excepto alguna temporada mala”, aclara. Cuando la resolución de discapacidad se produjo, Iglesias llevaba ejerciendo casi una década como empleada pública de la Junta de Andalucía. “Empecé a sufrir calambres, dolores muy fuertes, era incapaz de moverme porque tenía una escoliosis sin diagnosticar. Ya no estaba bien cuando empecé, por problemas muy graves con mis hijos y mi familia, y ya había tenido etapas de depresión varias veces en mi vida, pero ahí sí que me hundí en la depresión. Estuve casi tres años encerrada en casa, tumbada en la cama”, cuenta a EL PAÍS.

Iglesias rememora que, cuando empezó a tener bajas más largas, percibió inmediatamente un cambio en su relación con bastantes compañeros. “Me daba cuenta de que desconfiaban de mí. Parecía que había que revisar todo lo que hacía, mirar con lupa mi trabajo, quejarse de errores insignificantes por escrito a mis superiores... Era una sensación rara. Cuando tienes alguna enfermedad física, todo el rato te preguntan cómo estás, pero si es mental, se hace como si no pasara nada, intentando ignorarte y punto. Eso me hizo sentir mucha culpabilidad y también mucha ira”, señala.

Para ella, la explicación a ese cambio de comportamiento está clara: el estigma que rodea a la enfermedad mental. “La gente sigue sintiendo una desconfianza atroz. Se nos mira de otro modo, como esperando a que hagas alguna barbaridad”, asegura antes de contar que durante muchos años fingió en horario laboral ser más activa y alegre de lo que realmente era: “Nadie quiere trabajar con un enfermo de los nervios, se asume que esa persona será lenta, descuidada, poco confiable, y te dejará tirada en cuanto le dé la gana. Incluso puede ser violenta o agresiva”.

La enfermedad mental sigue siendo un lastre para muchas personas a la hora de acceder o mantenerse en el mercado laboral. Según el último informe del INE El empleo de las personas con discapacidad, correspondiente al año 2021, solo el 17,7% de las personas diagnosticadas con trastorno mental grave en España tiene un empleo. Únicamente la discapacidad intelectual tiene unas cifras de inserción peores (17,2%). Además, según esos mismos datos, se da la circunstancia de que la discapacidad por enfermedad mental tiene la mayor brecha entre el empleo real del colectivo y los deseos de trabajar de las personas diagnosticadas con trastorno mental grave, ya que la tasa de actividad asciende hasta el 29%.

“Muchas personas con problemas de salud mental se han manifestado y han denunciado haber sufrido discriminaciones en el entorno laboral, por eso acabamos de poner en marcha el primer Observatorio Estatal de Salud Mental, Derechos e Igualdad, donde las personas pueden informarse y trasladarnos su situación, ya sea en este ámbito laboral, o en cualquier otro en el que piensen que se han vulnerado sus derechos”, afirma Nel González Zapico, presidente de la Confederación Salud Mental España.

10 años de vida laboral perdidos de media

Es una evidencia indiscutible que la enfermedad mental impacta en la vida laboral de las personas. Lo que no se sabía con certeza es cuánto. Ahora, un estudio liderado por el investigador catalán Oleguer Plana-Ripoll, profesor asociado del Departamento de Epidemiología de la Universidad de Aarhus (Dinamarca), y publicado en la revista The Lancet Psychiatry, ha puesto una cifra concreta a ese impacto: 10,5 son los años que las personas diagnosticadas con un trastorno mental trabajan de menos en comparación con la población general. Esa es la media de los 24 trastornos mentales graves analizados, pero hay trastornos como la esquizofrenia que se disparan hasta los 24 años de vida laboral perdidos.

“Ya sabíamos que las personas con enfermedades mentales tenían un riesgo mucho mayor de estar desempleadas o de tener pensiones por minusvalía, pero la verdad es que la cifra de 10 años nos sorprendió un poco por su magnitud, porque perder diez años de vida laboral es mucho, argumenta Plana-Ripoll. Además, añade, “el hecho de que hayamos encontrado que todas las enfermedades mentales graves están asociadas con años de vida laboral perdidos, nos da también una pista para pensar que seguramente los casos menos graves de salud mental también tendrán un impacto sobre la vida laboral de los afectados, aunque este sea más pequeño”. El investigador ya participó en otro estudio previo publicado en Nature que concluyó que las personas con trastorno mental grave tienen unos ingresos anuales de casi 19.000 euros menos que las personas sin estos trastornos. “Ese es el impacto más evidente y directo de esos años laborales perdidos”, señala.

A Francisco Ballesteros Pérez, doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y miembro de Grupo 5, empresa dedicada a la rehabilitación psicosocial de personas en situación de vulnerabilidad social, la cifra no solo no le sorprende, sino que cree que en el contexto español podría ser incluso superior. “La edad media a la que las personas empiezan a trabajar se encuentra alrededor de los 23 o 24 años. Sin embargo, ¿Qué nos llega a nosotros a los centros de rehabilitación laboral? Personas con una media de edad de unos 37 o 38 años que, además, por regla general llegan sin experiencia laboral previa, con lo cual ya vamos con un desfase importante”, sostiene.

Para el experto, el impacto económico de este déficit de años trabajados es innegable: “Al tener menos acceso a recursos económicos, se abre la puerta a muchos problemas sociales, desde cuestiones en el acceso a la vivienda, hasta dificultades para tener una alimentación adecuada, pasando por la dificultad para mantener los tratamientos específicos”. Ballesteros destaca que esta falta de empleo también deteriora la identidad de las personas con trastorno mental grave y afecta a su integración social y comunitaria. “Las consecuencias también son para las familias, que tienen que hacerse cargo económicamente; y para la sociedad en su conjunto, en última instancia, porque una persona que trabaja aporta a la sociedad”, añade.

En el mismo sentido se pronuncia Nel González Zapico, que recuerda que las personas con ingresos bajos tienen entre 1,5 y 3 veces más probabilidades de sufrir depresión o ansiedad que las personas con ingresos altos; y que también existe abundante literatura científica que relaciona la precariedad laboral con el deterioro de la salud física y psicológica, así como con la generación de desigualdades en salud. “Hay estudios que afirman que existe una asociación entre la situación de paro y la presencia de problemas de salud mental”, expone. Según el experto, la población en situación de paro presenta, respecto a la población activa, entre un 1,3% y un 18,8% más de personas con problemas de salud mental. “Todos estos datos son especialmente graves en el caso de las mujeres con problemas de salud mental, ya que tienden a ocupar los puestos de trabajo de peor calidad, tienen menos contratos indefinidos que los hombres, su nivel salarial es inferior y están sobrerrepresentadas en trabajos a tiempo parcial, tanto voluntario como involuntario. Muchas de ellas, además, se encargan de los trabajos reproductivos que sostienen los hogares y a las familias”, expone.

Para dar la vuelta a este escenario, el presidente de la Confederación Salud Mental España reclama “medidas urgentes” que, además de acabar con el estigma, mejoren la atención a la salud mental. “En 2020 en Dinamarca había 54,3 profesionales de la psicología por cada 100.000 habitantes, mientras que en España la cifra no llegaba a los 6, algo que traba la recuperación de una vida normalizada para quienes tienen un problema de salud mental”, explica. También exige que se apueste, tanto en empresas privadas como en organismos y administraciones públicas, por recursos que faciliten la inserción laboral de las personas con trastorno mental: formación laboral, centros especiales de empleo, cuotas de reserva para personas con discapacidad, empleo con apoyo y promoción de la inserción laboral en puestos de empleo ordinario.

“Queremos que se cumplan las cuotas de reserva de empleo para las personas con discapacidad, tanto en la administración pública como en el sector privado, y que esa cuota se amplíe en el acceso al empleo público hasta un 8% (actualmente está en un máximo del 7%) para las personas con discapacidad, con un cupo reservado para las personas con trastorno mental del 2% del total. Pero, sobre todo, desde la Confederación seguimos reivindicando que la Administración pública impulse con mayor fuerza políticas que favorezcan la transición desde el empleo protegido al empleo ordinario”, reclama González Zapico, para quien facilitar el acceso al empleo supondría saltar una de las principales barreras que hoy en día impiden la integración social de las personas con trastorno mental grave.

Esperanza Iglesias le da la razón: “Echando la vista atrás me he dado cuenta de que precisamente el trabajo fue lo que me mantuvo ocupada para no deprimirme. Cuando físicamente no pude más, la angustia de pensar que quizás no podría volver a trabajar fue brutal. Me ha costado mucho tiempo y he necesitado de mucho apoyo para superarlo”.

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