Gobierno y PP mantienen contactos para renovar a medio plazo el Poder Judicial
Los dos principales partidos libran una batalla política por mantener el control de la Justicia
“Difícil, pero no imposible”. En la cúpula del PP aceptan que aún están “en shock” por el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, agravado por la anunciada reforma del Código Penal que entienden como una cesión a los separatistas catalanes. Pero el PP no se cierra a “dejar pasar un poco de tiempo, que se enfríe la polémica actual” y negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. En el Gobierno y en el PSOE lo saben por distintos contactos, hasta ahora informales, y esperan que llegue la calma para pactar la distribución del nuevo Gobierno de los jueces.
La nueva legislatura ha comenzado con una batalla ruidosa e incierta por el control de la Justicia. Un Gobierno de coalición sin mayoría absoluta se enfrenta a un bloque de oposición liderado por el PP. La formación conservadora ha aprovechado que la ley exige mayorías cualificadas para bloquear la renovación de cuatro magistrados del Constitucional y de los 20 vocales del Poder Judicial, dos instituciones estratégicas para el desenlace de problemas de Estado pendientes de resolución.
El Ejecutivo, entre el PSOE y Unidas Podemos, suma 155 escaños en el Congreso pero precisa 210 votos (tres quintos de la cámara) para efectuar la renovación. Esa cifra es inalcanzable sin el apoyo del PP. Salvo que el PSOE busque acuerdos con Vox, algo que parece improbable, pero no imposible. Vox amagó con ayudar a desbloquear la renovación de órganos institucionales. Sus 52 escaños permitirían al Gobierno prescindir del PP para lograr los tres quintos necesarios en el Congreso. Fuentes del partido de ultraderecha avanzaron incluso que “darían pasos para aportar candidatos al Poder Judicial, el Constitucional y hasta a RTVE”. Ese desmarque alertó mucho al PP. Pero también al líder de Vox, Santiago Abascal, que desmintió que pudieran negociar nada con este PSOE de Pedro Sánchez.
El Gobierno, mientras gana tiempo, ensalza la posición “valiente” del actual presidente del Poder Judicial, el conservador Carlos Lesmes, que ha congelado algunos nombramientos pendientes en órganos clave, como la sala de lo Penal del Tribunal Supremo que ha perdido por jubilación a tres de sus 15 magistrados y que puede sufrir graves problemas de funcionamiento si el bloqueo se alarga en el tiempo. Lesmes ha exigido formalmente a todos los partidos que se pongan a la labor y acuerden la renovación.
Los jueces en España
Representación interna
En %
Asociaciones
Nombra-
mientos
5.367
jueces
140
altos cargos
21,23
No asociados
45,8
39,85
Asociación
Profesional
de la Magistratura
24,3
10,86
Asociación Judicial
Francisco de Vitoria
14,01
Jueces por
la Democracia
26,81
9,85
Foro Judicial
Independiente
5,95
0,7
Votaciones en el CGPJ
Resultados de los 140 nuevos nombramientos
y 60 reelegidos, entre 2012-2019. En %
Mayoría
simple
20
Por mayoría
cualificada
(más de 13
votos de 21)
47
Por
unanimidad
33
Presidentes del Tribunal Supremo
Año
Gobierno
de PP
(Aznar)
2000
Francisco
José Hernando
2001
2002
Francisco
José Hernando
(conservador)
2003
2004
PSOE
(Zapatero)
2005
2006
Tenía que
haber cesado
2007
2008
2009
Carlos Dívar
(conservador)
2010
2011
Dimite
PP
(Rajoy)
2012
Gonzalo Moliner
(progresista)
2013
2014
2015
2016
Carlos Lesmes
(conservador)
2017
2018
PSOE
(Sánchez)
2019
En funciones
2020
Fuente: elaboración propia.
EL PAÍS
Los jueces en España
Representación interna
En %
Asociaciones
Nombramientos
5.367
jueces
140
altos cargos
21,23
No asociados
45,8
39,85
Asociación
Profesional
de la Magistratura
24,3
10,86
Asociación Judicial
Francisco de Vitoria
14,01
Jueces por
la Democracia
26,81
9,85
Foro Judicial
Independiente
5,95
0,7
Votaciones en el CGPJ
Resultados de los 140 nuevos nombramientos
y 60 reelegidos, entre 2012-2019. En %
Mayoría simple
20
Por mayoría
cualificada
(más de 13
votos de 21)
47
Por unanimidad
33
Presidentes del Tribunal Supremo
Año
Gobierno
de PP
(Aznar)
2000
Francisco
José Hernando
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Francisco
José Hernando
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Carlos Dívar
(conservador)
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PP
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Gonzalo Moliner
(progresista)
2013
2014
2015
2016
Carlos Lesmes
(conservador)
2017
2018
PSOE
(Sánchez)
2019
En funciones
2020
Fuente: elaboración propia.
EL PAÍS
Los jueces en España
Presidentes del Tribunal Supremo
Representación interna
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Asociaciones
Nombramientos
Gobierno
de PP
(Aznar)
2000
Francisco
José Hernando
5.367
jueces
140
altos cargos
2001
2002
21,23
Francisco
José Hernando
(conservador)
2003
No asociados
45,8
2004
PSOE
(Zapatero)
2005
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Asociación
Profesional
de la Magistratura
2006
24,3
Tenía que
haber cesado
2007
10,86
Asociación Judicial
Francisco de Vitoria
2008
14,01
2009
Jueces por
la Democracia
26,81
Carlos Dívar
(conservador)
9,85
2010
Foro Judicial
Independiente
5,95
0,7
2011
Dimite
PP
(Rajoy)
2012
Gonzalo Moliner
(progresista)
2013
Votaciones en el CGPJ
2014
Resultados de los 140 nuevos nombramientos
y 60 reelegidos, entre 2012-2019. En %
2015
2016
Mayoría simple
20
Carlos Lesmes
(conservador)
Por mayoría
cualificada
(más de 13
votos de 21)
2017
47
2018
PSOE
(Sánchez)
Por unanimidad
33
2019
En funciones
2020
Fuente: elaboración propia.
EL PAÍS
Pero el momento político actual es más que complicado para la negociación. Los primeros movimientos del Gobierno de Pedro Sánchez han estrechado el margen de maniobra para buscar consensos. La elección de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, para encabezar la Fiscalía General del Estado, y el anuncio de reforma del Código Penal para rebajar las penas por sedición que podrían beneficiar a condenados en el juicio del procés, han alejado cualquier posibilidad de acuerdo para renovar a corto plazo esos dos órganos institucionales.
Los durísimos ataques de la cúpula del PP a estas decisiones del Gobierno restan valor a los primeros contactos informales entre dirigentes de ambas partes. El nuevo responsable del área de Justicia del PP, el consejero madrileño Enrique López, acudió a la toma de posesión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y allí coincidió con el nuevo titular de Justicia, Juan Carlos Campo, con el que mantiene una muy buena relación desde hace 20 años cuando ambos, que son jueces y tienen plaza en la Audiencia Nacional, coincidieron como portavoces de sus sectores en el Consejo del Poder Judicial. Quedaron en hablar.
A los pocos días se volvieron a ver e intercambiaron opiniones en un restaurante madrileño. La buena consideración que se tienen permite alentar ciertas esperanzas de acuerdo. La negociación oficial no ha empezado, y podría tardar meses, pero ambos conocen perfectamente las posiciones y reivindicaciones de la otra parte. Y no son tan lejanas como aparentan, según fuentes directas de los dos partidos.
El PSOE tiene claro que les toca decidir, con este sistema actual, el nuevo presidente del Supremo, pero aceptaría facilitar al PP una minoría clave de bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (nueve vocales de los 20) para que el sector conservador pueda influir en el nombramiento de los altos cargos judiciales, que necesitan de mayorías cualificadas (13 votos). El PP aguarda esa oferta “previsible” con el objetivo de “mantener su statu quo”.
El conservador Lesmes fue elegido en diciembre de 2013 por un mandato de cinco años con el resultado de 16 votos a favor frente a cuatro para la progresista Pilar Teso. Previamente, el Gobierno del PP pactó con el PSOE el nombre para presidir el Supremo. La primera opción del PP en 2013 fue Manuel Marchena, pero el PSOE lo rechazó por considerar que había firmado dos votos particulares en sendas sentencias que supuestamente demostraban su animadversión a esa formación. Cinco años después, el PSOE aceptó a Marchena para presidir el Supremo, pero una indiscreción en un mensaje de WhatsApp del senador del PP Ignacio Cosidó frustró ese nombramiento y toda la renovación del Poder Judicial.
Lesmes debería haber cesado hace un año. El actual Consejo tiene 12 vocales de procedencia conservadora y nueve entre el PSOE, IU y PNV. La vigente lógica parlamentaria y las alianzas del nuevo Gobierno de coalición llevan a concluir, incluso al PP, que el futuro Consejo tendrá la misma división de bloques, pero de signo político contrario. El PSOE y sus aliados seleccionarán a 11 vocales (con aspirantes de la órbita socialista, de Podemos y el PNV) y los conservadores a nueve. El presidente del Poder Judicial, que lo es también del Supremo, será progresista y elegido por los 20 vocales de una propuesta que parte del Gobierno previo acuerdo con el primer partido de la oposición.
El escenario de juego político en el Tribunal Constitucional es más complejo y se disputa a corto y medio plazo. Ahora le toca al Congreso renovar cuatro vacantes a repartir a partes iguales: dos desde el Gobierno y dos desde el PP. El partido conservador se garantizaría así que el tribunal (12 magistrados) mantiene la misma mayoría conservadora ahora vigente (siete frente a cinco). El PP recuerda que eso debe ser así porque en 2011, con cuatro puestos idénticos a cubrir y con mayoría absoluta del Gobierno de Rajoy, le dejaron dos vacantes al PSOE.
El escenario Constitucional
Los dos partidos mayoritarios asumen, sin embargo, que si la legislatura sigue dentro de tres años hay que afrontar otra renovación en el Constitucional en la que le tocaría al Gobierno impulsar dos aspirantes (en ese caso progresistas) y otros dos al Poder Judicial (uno conservador y otro progresista). En ese momento la mayoría se inclinaría del lado progresista, algo que no sucede desde hace siete años, y tanto en el PP como en el PSOE ya especulan con aspirantes para presidir entonces ese Alto Tribunal.
Esos planes a largo plazo y los más urgentes están a la espera de que PSOE y PP se sienten e inicien la negociación oficial. Mientras tanto persiste el bloqueo, en el que el PP tiene acreditada experiencia cuando ejerce la oposición. Con el Gobierno de Zapatero impidió la renovación del Constitucional durante años y provocó, por ejemplo, que la sentencia que declaraba inconstitucionales 14 artículos del Estatuto de Cataluña (junio de 2010) fuera aprobada por un pleno con cuatro miembros, entre ellos la presidenta, que deberían haber cesado a finales de 2007.
El PP paralizó más de dos años la renovación del Gobierno de los jueces, convertido en el ariete contra las políticas del Ejecutivo socialista hasta el punto de elaborar informes que nadie había pedido. Uno de ellos denunciaba la inconstitucionalidad de la Ley del Matrimonio Homosexual, avalada después por el Constitucional.
35 años de un gobierno de los jueces nombrado por políticos
Los dos partidos que han gobernado los últimos 35 años en España, PSOE y PP, han mantenido intacta durante todo este tiempo la ley aprobada en 1985 que dejaba en manos del Parlamento la elección de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, un órgano encargado de nombrar a los principales cargos judiciales nacionales, autonómicos y provinciales, informar de iniciativas legislativas del Gobierno, y sancionar a los jueces que incumplan sus obligaciones legales. Todas las promesas y compromisos de los últimos años para cambiar este sistema y permitir a los jueces elegir a los integrantes del Consejo General del Poder Judicial cayeron en el pozo de los incumplimientos.
La vicepresidenta popular Soraya Sáez de Santamaría llegó el 25 de enero de 2012 al Congreso de los Diputados cargada con la fuerza que dan las mayorías absolutas para explicar a los diputados los planes del Gobierno del PP: “Nosotros tenemos la intención de que los nombrados por y entre jueces y magistrados lo sean por y entre jueces y magistrados; el sistema anterior a la Ley de 1985. Desde luego, el sistema actual ha dado los resultados que hemos visto”.
Unos meses después, el entonces titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, hizo los deberes y llevó al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley para que los jueces nombraran a la mayoría absoluta del Gobierno de los jueces (12 de los 20 vocales). Pese a contar con votos suficientes en el Congreso para aprobar la medida de manera rápida y sin sobresaltos, el presidente Mariano Rajoy desechó la idea. No quería renunciar al control del nombramiento de los vocales del Poder Judicial y del presidente del Supremo.
Ocho años después, el presidente del PP, Pablo Casado, se niega a desbloquear la renovación del Poder Judicial si antes no se reforma esa ley para que los jueces puedan elegir directamente a los vocales del Consejo sin pasar por el filtro del Congreso y el Senado. Algo que el PP prometió en 2011, pudo hacer con su mayoría absoluta y nunca hizo.
El Poder Judicial se creó en 1980 con 20 vocales, 12 en manos de los jueces. En 1985, el Gobierno socialista cambió la ley para que esos 12 miembros fueran elegidos también por el Congreso y el Senado. Este sistema lleva vigente 35 años.
Fernando Ledesma, primer ministro de Justicia en el Gobierno socialista de Felipe González, defendió esta fórmula porque respetaba “el mandato constitucional”. Y lo justificó así en el Congreso: “En un Estado constitucional y democrático todos los poderes emanan del pueblo y no de quienes por haber hecho de ello su profesión están integrados en su estructura”. Consideró que esa fórmula respeta el mandato constitucional porque la propia Constitución quiere que ocho de los miembros del Consejo sean elegidos por las Cámaras entre quienes reúnan determinados requisitos y remite al legislador la forma de elección de los otros 12 miembros, que deben ser jueces y magistrados.
El exministro argumentó que así el legislador usa la Constitución para democráticamente “garantizar que todos los órganos de gobierno de los tres poderes del Estado emanan del pueblo soberano”. Y concluyó con una pregunta que se quedó sin respuesta en el hemiciclo: “¿No creen ustedes que hay más pluralismo en el colegio electoral que encarna el Parlamento español que el representado por el colectivo judicial?”.
