El pulso entre Salvini y Sánchez deja en evidencia a Europa

Un duelo, 160 rehenes y toda una Unión Europea de espaldas al drama del Mediterráneo. Durante 17 largos días el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el vice primer ministro italiano, Matteo Salvini, han mantenido un pulso político sobre el desembarco de las personas rescatadas por el barco Open Arms. En Bruselas, mientras tanto, una Comisión Europea al ralentí y con su presidente y su comisario de Migración desaparecidos se limitaba a ofrecer sus servicios de coordinación y a repetir una y otra vez que no tiene competencias para intervenir en una más de las tragedias que han convertido al Mare Nostrum en la frontera más mortífera del planeta.

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El enésimo episodio ha llegado este domingo, con la oferta española para que se proceda al desembarco en Algeciras o en el puerto "más cercano", el de Mahón (Menorca). El gesto, recibido por Bruselas con una felicitación a España por su solidaridad, choca sin embargo con la lógica matemática. Los últimos datos de Frontex señalan que en medio de una caída generalizada de las llegadas —un 30% menos en lo que va de año—, Grecia y España han sido los principales países de destino de los migrantes en los primeros siete meses, muy por encima de Italia. Salvini se ha apresurado a cantar victoria y a subrayar que “Italia ha dejado de ser el campo de refugiados de Europa”.

Tras la negativa de la ONG a emprender el laborioso camino hasta Algeciras o Mahón con Italia a unas pocas millas, el conflicto sigue encallado, y quedan aplazadas las cuentas sobre el rédito electoral de haber obligado a vagar por el mar a decenas de personas que huían de la violencia y la miseria. La mano dura o el brazo tendido pueden sumar votos. Pero la crisis ha servido, sobre todo, para poner de manifiesto una vez más que la Unión Europea carece de una política de migración y asilo adaptada a la realidad de un continente en el que las fronteras exteriores han dejado de ser nacionales y han pasado a ser comunes.

La obstinación de Salvini en impedir la entrada de los barcos de las ONG en puertos italianos responde, en gran parte, a un cálculo electoral que le ha convertido en el político más popular de Italia, según los sondeos. Pero el caldo de cultivo que ha propulsado el ascenso del líder ultraderechista ha sido una política europea que de manera irresponsable descarga en los países de primera línea toda la gestión de las sucesivas y, cada vez más frecuentes, crisis de refugiados.

La normativa europea (el llamado Reglamento de Dublín) establece que, en general, el país de llegada de un migrante irregular debe ser el encargado de atenderle, verificar su derecho o no al asilo y, en caso negativo, devolverle a su país de origen. El fracaso de la norma en momentos de crisis migratoria ha sido evidente y ha provocado que algunos países, como Italia, dejasen pasar a los migrantes camino del norte de Europa, o que otros, como Grecia, mantengan a miles de personas hacinadas en condiciones infrahumanas en centros de detención.

La futura presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen, reconocía en una reciente entrevista con EL PAÍS, la disparatada situación provocada por el Reglamento de Dublín. “Debo admitir que me pregunto cómo un acuerdo tan fallido pudo llegar a firmarse”, señalaba Von der Leyen. Y recordaba que “lo que Italia quiere es una reforma del sistema disfuncional de Dublín”.

La Comisión lleva años planteando esa reforma, pero sus propuestas no han sido menos disparatadas que el reglamento en vigor. “En ciertos casos, agravaría aún más la situación de los países de primera línea al reforzar las obligaciones que afrontan”, avisa una fuente diplomática de un país meridional.

La reforma, además, puso en pie de guerra a los países de Europa central y del Este al intentar introducir un sistema de reparto de refugiados con cuotas obligatorias. Y amenazaba a los países renuentes, como Polonia o Hungría, con sanciones de hasta 225.000 euros por cada refugiado no aceptado, una aportación desproporcionada para Estados donde el salario mínimo ronda los 500 euros y muchos pensionistas perciben 300 euros mensuales.

El fracaso de la reforma ha obligado a buscar soluciones alternativas, como el reparto de los refugiados caso por caso. Francia y Alemania han propuesto establecer un mecanismo de reparto entre los países que deseen participar. Pero la idea no ha prosperado por el rechazo frontal de Salvini y las reticencias de algunos socios, entre ellos España.

Ante el bloqueo, la Comisión saliente de Jean-Claude Juncker parece haber arrojado ya la toalla. El equipo de Juncker ni siquiera ha sido todavía capaz de responder a la carta del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, que el pasado 8 de agosto reclamó a Juncker una intervención humanitaria para garantizar el reparto justo de los migrantes estancados en la cubierta del Open Arms. Si Bruselas no reacciona, urgía Sassoli, “significará que Europa ha perdido su alma y su corazón”.

La Comisión ni ha reaccionado ni ha respondido todavía a Sassoli. Fuentes del organismo justifican la pasividad “por el riesgo de sentar un precedente, que obligaría a la Comisión a tomar la iniciativa cada vez que se produzca un conflicto sobre el desembarco de un barco”.

Bruselas, a menudo acusada de querer acaparar competencias, en el espinoso tema de la migración prefiere dejar todo el protagonismo a unos gobiernos nacionales que parecen desbordados por la situación.

Von der Leyen asegura que tan pronto como tome posesión buscará un nuevo acuerdo sobre política migratoria y de asilo. Objetivo: una solución europea para un problema europeo. Pero esa tarea empezará con la nueva Comisión, que arranca, si se cumple el calendario previsto, el próximo 1 de noviembre. Hasta entonces, la opinión pública asistirá atónita a la desastrosa gestión nacional de un problema continental. Y la campaña de políticos como Salvini seguirá viento en popa gracias a cada desembarco transformado en fiasco.