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La subida fiscal a las multinacionales será mucho menor de lo anunciado inicialmente

El Gobierno pretende que las grandes empresas paguen un mínimo del 15% sobre la base imponible, y no sobre el resultado contable como había planeado hace solo seis meses

Jesús Sérvulo González
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Senado.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Senado.ZIPI (EFE)

El Gobierno ha suavizado el impacto de la subida fiscal para las grandes multinacionales respecto a su intención inicial. El acuerdo de los Presupuestos para 2019, que ha suscrito este jueves con Unidos Podemos, incluye un ramillete de subidas fiscales por importe de 5.678 millones de euros encaminadas a aumentar la recaudación para dar margen a un mayor gasto social, según ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Estos incrementos de impuestos solo afectarán a los contribuyentes más ricos y a las grandes empresas. Pero la subida a las multinacionales será muy inferior a lo previsto.

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El documento presupuestario, de 50 páginas, es solamente un acuerdo marco a partir del cual se elaboraran los Presupuestos Generales del Estado que se tendrán que tramitar en el Congreso, y para los que el Ejecutivo de Sánchez aún no cuenta con todos los apoyos necesarios para sacarlos adelante.

La letra pequeña de las medidas tributarias permite entrever que algunas de estas serán menos ambiciosas que lo anunciado inicialmente. Así, en el impuesto sobre sociedades se aplicará finalmente "un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible positiva" para las multinacionales o las empresas que facturen más de 20 millones de euros. La idea original del Ejecutivo socialista era fijar el tipo mínimo sobre el resultado contable. De hecho, así lo aseguraron en público altos dirigentes del Gobierno, y así figura en los Presupuestos alternativos que el PSOE presentó en abril. Con esta medida esperaban ingresar 4.000 millones más de las grandes empresas, pero ahora apenas llegará a 1.800 millones. Y eso si consiguen arañar esa cantidad. Existen dudas de que este cambio de postura aporte los ingresos previstos.

Base imponible en vez de resultado contable

La controversia en el impuesto sobre sociedades surge porque el tipo efectivo sobre el resultado contable que pagan los grandes grupos empresariales es del 6,14%. Y tanto los líderes socialistas como los de la formación morada se conjuraron para que las grandes empresas pagaran más. Para calcular este tipo efectivo, muy alejado del gravamen nominal del 25%, no se tienen en cuenta los dividendos de las filiales en el extranjero ni otras muchas deducciones de las que se beneficiaban las empresas. De hecho, el tipo efectivo sobre la base imponible de estas mismas empresas, que ya tiene en cuenta los dividendos del extranjero, asciende al 19%, según datos oficiales de la Agencia Tributaria. Y es precisamente sobre eso lo que el Gobierno ha establecido el mínimo del 15%, que solo afectará a unas pocas multinacionales españolas muy internacionalizadas.

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Para hacerse una idea de la pérdida de potencia de la subida tras el cambio de postura, las multinacionales declararon en España un resultado contable de 111.788 millones durante 2016, último ejercicio cerrado. La base imponible positiva, sobre la que ahora se establece el tipo mínimo, baja a 36.088 millones.

“Establecer un mínimo del 15% sobre la base imponible es redundante. Hay otros límites en el impuesto que dejan casi sin efecto esta medida”, explica Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y diputado de Ciudadanos. “Los ingresos que dice el Gobierno no son reales. Difícilmente van a llegar a esa cantidad”, abunda.

Un 5% por los dividendos extranjeros

El plan presupuestario también contempla elevar el tipo mínimo del 15% al 18% para entidades financieras y petroleras. En realidad, la banca y las petroleras ya tienen un tipo nominal más elevado que el resto de empresas para que los activos fiscales diferidos (DTA), los créditos fiscales, no les supongan más carga.

Otra de las grandes medidas tributarias consiste en limitar las exenciones por dividendos o plusvalías. Es decir, las empresas tendrán que tributar por el 5% de los dividendos que obtengan de sus filiales en el extranjero. Quedará exento el 95% restante. Hasta ahora, desde 2015, estos dividendos estaban exentos al 100%. Se consideraba que las delegaciones de las multinacionales en el extranjero ya pagaban impuesto de sociedades en los países en los que operaba por aplicarse la exención por doble imposición. No obstante, hay países como Francia y Alemania que tienen una figura tributaria similar a la que pretende aprobar ahora el Ejecutivo de Sánchez. El Gobierno espera obtener cerca de 900 millones con esta medida. Según las estadísticas de la Agencia Tributaria, los grandes grupos dejaron de aportar unos 86.303 millones de euros por la exención por doble imposición. Es el principal beneficio fiscal de las empresas, que les sirve para ampliar la diferencia entre el resultado contable y la base imponible.

Más presión a socimis y sicav

El documento también recoge la propuesta para que las sociedades de inversión colectiva, el polémico instrumento donde se refugían los grandes patrimonios, queden bajo la tutela de la Agencia Tributaria en vez de la Comisión Nacional de Mercados y Valores, como ocurre en la actualidad.

"De esta manera, con independencia de que sea la normativa financiera la que recoja la definición del concreto número mínimo de accionistas, no resulta justificado que se considere incompetente a la AEAT para la comprobación del requisito del que la normativa tributaria hace depender expresamente la aplicación de un régimen tributario especial (en especial tributación al 1% en el Impuesto sobre Sociedades)", señala el documento.

A las sociedades de inversión inmobiliaria (socimi) también se les endurece la fiscalidad. "Por las rentas obtenidas en el ejercicio de su actividad principal (alquiler y renta de inmuebles) las socimi tienen un tipo de gravamen del 0%. Por las rentas que perciben en otro tipo de actividades las socimi tienen que pagar un tipo de gravamen del 25%. Se acuerda aplicar un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos por este tipo de entidades", añade el acuerdo.

IRPF para los más ricos

El Gobierno tiene la pretensión de incrementar dos puntos el tipo del IRPF a los contribuyentes que ganen más de 130.000 euros, y cuatro puntos más para el tramo que supere los 300.000 euros. Además, el tipo estatal sobre las rentas del capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros.

Impuesto sobre el Patrimonio

Otra de las novedades consiste en recuperar el gravamen sobre los más ricos. Para ello, se propone elevar el impuesto de Patrimonio un 1% para las fortunas de más de 10 millones. El problema es que este impuesto está en manos de las comunidades autónomas. Y el Gobierno, en principio, solo puede aplicarlo a los no residentes. También se plantea un impuesto sobre las transacciones financieras, que gravará con un 0,2% la compraventa de acciones de las grandes empresas, con una capitalización bursátil de más de 1.000 millones de euros. Quedará fuera del gravamen la compra de acciones de pymes o empresas que no coticen.

'Tasa Google'

El pacto contempla un impuesto sobre determinados servicios digitales para gravar aquellas operaciones de la economía digital que actualmente no tributan. El impuesto se aplicará a las empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los tres millones de euros. El impuesto gravará al tipo del 3% los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

Rebaja del IVA de compresas y tampones

La propuesta presupuestaria del PSOE y Podemos incluye una rebaja del IVA del 10% al 4% de los productos de higiene íntima femenida como compresas y tampones. También se reduce este impuestos para los servicios veterinarios.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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