Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cierran un pacto para los Presupuestos
El presidente y el líder de Podemos se reúnen en La Moncloa antes del Consejo de Ministros de este jueves
El Gobierno y Unidos Podemos han cerrado este miércoles por la noche, solo a falta de detalles técnicos, un acuerdo para los Presupuestos de 2019 cuyas líneas maestras llevará el lunes el Gobierno a Bruselas. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunieron a última hora de la tarde en La Moncloa para resolver los flecos pendientes y tienen previsto retomar los trabajos este jueves a las 8.30, antes de que se celebre el Consejo de MInistros, según ha informado el Ejecutivo. Los principales escollos que los equipos negociadores han afrontado en las conversaciones que se han mantenido hasta pasada la medianoche han sido los relativos a vivienda, el aumento del salario mínimo y la recuperación de las ayudas de la ley de dependencia.
"Estamos terminando un acuerdo con Podemos”, había señalado a primera hora de la tarde Carmen Calvo en Onda Cero. Pese a la seguridad de la vicepresidenta, similar a la de varios de los ministros que ayer acudieron al Congreso, en Unidos Podemos no han dado el pacto por cerrado hasta ya entrada la madrugada de hoy.
Frente al optimismo que el Ejecutivo había mostrado las últimas semanas en alcanzar un acuerdo, su socio principal optó por la cautela. “Hay detalles que no son menores, pero no van a ser un problema”, afirmaban fuentes de la negociación antes de que distintos interlocutores diesen por seguro el acuerdo. El pacto se intentó cerrar con celeridad para que Iglesias pueda anunciarlo hoy, antes o después del Consejo de Ministros. El Gobierno quería llevar las líneas maestras del Presupuesto al Consejo —este viernes es festivo— y rematar el documento para enviarlo el lunes a Bruselas.
El aumento del salario mínimo interprofesional es uno de los puntos de choque donde apenas hay avances. Unidos Podemos quiere que llegue a los 1.000 euros en 2019. Este aumento de 150 euros es excesivo para el Ejecutivo, que estudiaba una vía intermedia. El Gobierno considera, además, que esta negociación es especialmente sensible porque en las mesas de trabajo no están sentados los sindicatos y la patronal, con quienes se ha acordado tradicionalmente las subidas salariales.
Unidos Podemos mantiene la exigencia de dedicar al menos 1.700 millones de euros para atender a las 300.000 personas que tienen aprobada la ayuda por dependencia y no la reciben. El grupo confederal llegó a afirmar que no se conformaría con menos de 1.500 millones. “No es aceptable que se pretenda destinar solo 400 millones más a dependencia, que solo sacarían del limbo a 37.500 personas”, respondió el equipo de Iglesias a la oferta del Gobierno.
El gasto total en dependencia fue de 7.459 millones de euros en 2017, de los que 6.241 los asumieron las comunidades (84%) y solo 1.218 millones el Estado (16%) cuando tendría que repartirse al 50%.
El PSOE ofrecía recuperar la seguridad social de las cuidadoras en el entorno familiar, pero el grupo confederal consideraba que esa partida no podía negociarse en la mesa de dependencia. Unidos Podemos calcula que la recuperación de las ayudas por dependencia generaría unos 70.000 empleos.
"Línea morada"
Acabar con la burbuja del alquiler sigue siendo lo que Unidos Podemos denomina una línea morada. Es decir, una de las medidas a las que no quiere renunciar. Para hacer menos rentable la existencia de viviendas vacías a los grandes tenedores —en su reunión con Sánchez en La Moncloa el mes pasado Iglesias especificó que se refería a los dueños de más de 10 inmuebles— el Ministerio de Fomento elaboraría un reglamento que permitiría a los Ayuntamientos aplicar un recargo por ese tipo de viviendas. EL PAÍS adelantó el pasado 18 de septiembre la intención del Gobierno de aplicar “medidas de carácter coercitivo” contra los propietarios de viviendas vacías, según recogía un informe interno de la Secretaría General de Vivienda.
Los municipios también se beneficiarían de una mayor flexibilización de la regla de gasto. Los Ayuntamientos acabarán el año con 27.000 millones en depósitos y quieren destinar parte de este superávit a políticas sociales en un ejercicio con elecciones municipales.
“Se trata de medidas que ya están en marcha en países de nuestro entorno europeo, que incluso comunidades autónomas gobernadas por el PSOE están pidiendo, como la Comunidad Valenciana”, argumentan desde Unidos Podemos. Reconocen que no es el único requisito para poder acabar con la especulación, pero servirá para evitar subidas abusivas y, según sus cálculos, no supone coste presupuestario alguno.
Solo en el paquete de fiscalidad, el Gobierno y Unidos Podemos habían avanzado antes de las últimas reuniones a contrarreloj. El equipo de Iglesias cedió y propuso fijar el límite para aumentar las rentas del trabajo de 130.000 euros, en vez de 120.000 como reclamaban en un principio.
A última hora de este miércoles Podemos y sus confluencias seguían insistiendo en aplicar un impuesto a la banca. Una medida que Pedro Sánchez hizo suya en enero, cuando era el líder de la oposición, y a la que el presidente ha renunciado. También había posiciones diferentes en la derogación de la reforma laboral de 2012, como en la eliminación de ciertos tipos de contratos a emprendedores y jóvenes que para Unidos Podemos han sido claves en la precarización del mercado laboral.
