Condenado a 3 años el exlíder minero de UGT por apropiación indebida
José Ángel Fernández-Villa robó casi 500.000 euros de su propio sindicato y aún tiene pendiente un juicio por desviar subvenciones públicas
El ex secretario general del SOMA-UGT y exdiputado provincial del PSOE José Ángel Fernández Villa ha sido condenado a tres años de prisión y al pago de una multa de 24.000 euros por un delito continuado de aprobación indebida con fondos del sindicato minero.
La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, ha condenado además al exdirigente sindical a indemnizar al SOMA-UGT, que dirigió durante 35 años, con 431.330 euros en concepto de daños y perjuicios. Esta cifra corresponde a lo robado por el también exsenador, que entre 1989 y 2001 se hizo con más de 200.000 euros en dietas que la empresa minera Hunosa pagaba a miembros del sindicato por la asistencia al comité intercentros, y que el exlíder sindical cobraba para quedarse con los importes, como destapó EL PAÍS.
El fallo relata que Fernández Villa, de 75 años, dirigió el sindicato minero con una "posición jerárquica sobre el resto de miembros y trabajadores", que "no ponían en duda ni discutían sus decisiones o simples deseos, aprobando incluso su gestión, algunos, tal vez, por desconocimiento".
Así, el exlíder sindical "hizo suyo y destinó el dinero del sindicato para sus propios gastos, utilizando los recursos ajenos en su provecho y beneficio exclusivo, extendiéndose esa conducta durante años y llevándose a cabo de diversas maneras y formas y por diferentes cantidades cada vez", motivos por lo que se ha calificado su conducta como "delito continuado",
Además de la apropiación de dietas que no le correspondían, Fernández Villa cobró entre 2001 y 2012 todo tipo de gastos a las cuentas del sindicato. El exdiputado provincial presentaba gastos de kilómetros y cobraba dietas, pero también pidió el reembolso de sus gastos en restaurantes, carburantes, multas y reparaciones de su vehículo privado. La sentencia considera probado que Fernández Villa "realizó compras sin justificación en diversos conceptos y establecimientos, como puros, sombreros, flores, centros dietéticos, maletas, farmacia y parafarmacia, delicatessen, libros y perfumes".
La defensa insistió en varias ocasiones en la vulneración de derechos del condenado porque su delicado estado de salud, por el que fue ingresado en el hospital, le impedía afrontar un proceso con garantías. Sin embargo, la sentencia recuerda que el informe médico-forense concluyó que "no padece un notable deterioro mental, de sus funciones cognitivas, volitivas e intelictivas", algo que, según el tribunal, quedó evidenciado durante el juicio, donde respondió "convenientemente y conforme a sus intereses y línea de defensa".
En esta misma causa, también fue condenado el ex secretario general del Infide, dependiente del SOMA-UGT, Pedro Castillejo, a dos años de prisión y al pago de una indemnización a la Fundación de 114.954 euros por haber desviado esa cantidad de dinero a su patrimonio personal.
Dos juicios pendientes
El exlíder sindical también es uno de los principales investigados en la Operación Hulla, que ha puesto el foco en el supuesto desvío de fondos en la construcción de un geriátrico del Montepío de la Minería en la localidad asturiana de Felechosa. Junto a él también está siendo investigado quien fuera su más directo colaborador en el sindicado, José Antonio Postigo, exsecretario de Acción Sindical del mismo y expresidente del Montepío de la minería asturiana que gestionó dicho centro de mayores, así como “los familiares más directos de ambos", según apunta la Fiscalía.
Las obras de la residencia geriátrica salieron a concurso por 27,73 millones y la adjudicación recayó en la firma Alcedos de los Caballeros, un constructor cercano a Postigo. Concurrieron cinco compañías. Esta constructora ya había resultado adjudicataria de otras contratas del Montepío minero asturiano. Finalmente, el coste de las obras se incrementó hasta 29,9 millones.
El sindicalista colocó como gerente del centro a Rolando, uno de sus dos hijos, con un sueldo de 50.000 euros anuales y un blindaje de una anualidad en caso de despido. En la presidencia del organismo privado situó a su amigo y veterano dirigente minero José Antonio Postigo. Una hija de este último también entró a trabajar en la residencia.
Fernández Villa tiene una tercera causa abierta por la Fiscalía Anticorrupción, que investiga el origen de los 1,4 millones que regularizó en la última amnistía fiscal.
