28 terroristas de ETA mejoraron sus condiciones en prisión con Rajoy

El pasado 28 de mayo, 10 días antes de que el entonces ministro del Interior del PP Juan Ignacio Zoido hiciera el traspaso de cartera a Fernando Grande-Marlaska, estaban recluidos en cárceles españolas 243 etarras (214 hombres y 29 mujeres). De ellos, más de 200 estaban clasificados en primer grado penitenciario, el más duro, que impide, por ejemplo, disfrutar de permisos de salida. 50, incluso, estaban recluidos en los módulos de régimen cerrado de 12 cárceles, según recoge una reciente respuesta parlamentaria remitida por el Gobierno al senador de EH-Bildu Jon Iñarritu a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

En esta respuesta se detalla que en aquel momento otros 28 presos habían conseguido la progresión a regímenes de vida penitenciaria más livianos. A Olga Sanz Martín —la misma a la que ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha trasladado a la prisión de Basauri (Bizkaia)— se le concedió el pasado febrero el tercer grado que le permitía pasar buena parte del día fuera de prisión.

Además, a una decena de ellos, aunque se mantuvieron formalmente en segundo grado penitenciario, se les aplicaba ya el artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, que les permite disfrutar también de una situación de semilibertad. Era el caso de Sara Majarenas, que accedió a dicha situación en marzo de 2017 para que pueda seguir junto a su hija de tres años que había sido apuñalada por su pareja tres meses antes. Otros 17 internos de la banda tenían ya entonces acceso a permisos penitenciarios periódicos al estar clasificados en segundo grado ordinario.

El pasado febrero, mientras el Gobierno de Mariano Rajoy negociaba la aprobación de los presupuestos con el PNV, el equipo de Zoido solicitó de manera urgente a los directores de las cárceles información sobre aquellos presos de ETA que hubieran dado muestras de aceptar “las vías facilitadoras de la reinserción”. Pedía datos sobre aquellos que hubieran solicitado formalmente algún tipo de mejora en su situación penitenciaria después de que el colectivo de presos de la organización terrorista (el EPPK en sus siglas en euskera) les autorizase en 2017 a pedirlos de manera individualizada.

Zoido también preguntó por los que hubieran pedido algún permiso de salida, un destino laboral dentro de prisión o participar en programas de tratamiento dentro de la cárcel. El expediente de cada preso debía contener copia de cada solicitud. Interior reclamaba además conocer “cualquier otro indicio indicativo” de que el preso aceptaba las vías legales de reinserción. Fuentes penitenciarias aseguraron entonces que el Gobierno de Rajoy —que lo negó— reclamaba estos datos para realizar un acercamiento de presos tras la disolución de ETA. Ahora esta información es utilizada por el Ejecutivo del PSOE para decidir qué presos incluye en su plan de acercamiento.