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Las claves a corto plazo del Gobierno en la lucha contra la violencia de género

Un incremento del presupuesto para los Ayuntamientos y la reforma del Código Penal son dos de las propuestas que planteará la vicepresidenta

El pasado mayo hubo manifestaciones para reclamar un incremento del presupuesto para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
El pasado mayo hubo manifestaciones para reclamar un incremento del presupuesto para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.Jorge Sanz (Cordon Press)
Isabel Valdés

El Gobierno se posicionó de forma clara desde el minuto cero: la lucha contra la violencia de género sería uno de los ejes de su actividad, con la prevención como protagonista. Y en esa línea irán las propuestas para la conferencia sectorial de Igualdad con las comunidades autónomas del próximo 31 de julio, convocada por la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, que este martes 24 de julio ha presidido la toma de posesión de la directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Silvia Buabent, de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, y del director general para la Igualdad de Trato y Diversidad, Ignacio Sola.

Un aumento del presupuesto previsto en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para los Ayuntamientos, que ahora cuenta con 20 millones; una redistribución de los 80 millones de euros para la Administración General del Estado que afecta en gran parte a las competencias del Ministerio del Interior y con el que ya se ha tratado el tema porque "no estaban en la dirección que el pacto marca"; una estricta aplicación y revisión de las distintas partidas desde la comisión de control; prioridad a la devolución de las competencias de la ley de Bases de Régimen Local, cuya reforma ya está registrada y es "un punto clave para la prevención"; y "luz verde" y urgente a la modificación del Código Civil en lo que afecta al régimen de visitas en situaciones de maltrato, sobre todo después de la "extraordinariamente interesante" sentencia que condena al Estado a pagar 600.000 euros a la madre de una hija asesinada por su padre en una visita acordada por el juez.

La vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo (i), durante el acto de toma posesión de la directora del Instituto Mujer, Silvia Buabent (2i), de la delelegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar LLop (2d), y del director general para la Igualdad de Trato y Diversidad, Ignacio Sola.
La vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo (i), durante el acto de toma posesión de la directora del Instituto Mujer, Silvia Buabent (2i), de la delelegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar LLop (2d), y del director general para la Igualdad de Trato y Diversidad, Ignacio Sola. Emilio Naranjo (EFE)

Esas son, según fuentes de Vicepresidencia del Gobierno, algunos de los planteamientos que el Gobierno llevará a la sectorial el próximo martes 31 y que tienen como objetivo ponerse a trabajar lo antes posible y "con todos los recursos activos". Sobre todo para los Ayuntamientos, un "punto focal extraordinario para prevenir" y donde, desde diciembre de 2013, los servicios sociales fueron viéndose mermados, cuando no desactivados, por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

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Esas mismas fuentes aseguran que es ahí donde se quieren centrar porque es donde hay una mayor desprotección para las víctimas y sus hijos, el lugar donde estaba todo "más deshilvanado", y porque los servicios sociales de los municipios deberían ser ese lugar cerca de las ciudadanas donde acudir en caso de maltrato, poder explicar qué ocurre y obtener respuestas y apoyo institucional.

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Líneas que coinciden con la intervención de Calvo en la toma de posesión de los altos cargos del ministerio que preside, que comenzó y terminó con una alusión a María Isabel A.L., la mujer de 63 años asesinada a manos de su expareja en Astorga y que es la número 947 desde que existen cifras oficiales —24 en 2017, seis de ellas este mes de julio—. Recordó que su ocupación y preocupación tienen como foco la prevención para que deje de ocurrir lo que sucedió la pasada madrugada en ese municipio leonés o hace unos días en la tinerfeña La Orotava, donde un hombre asesinó a su exmujer y sus dos hijas y después se suicidó.

"Hay que entender que la democracia tiene que llegar a las relaciones personales, a las más privadas, las que denominamos íntimas y afectivas, porque las mujeres exigimos ser respetadas en todos los ámbitos, también en ese en el que nos relacionamos de manera libre, subjetiva y personal. Es insostenible una situación que destroza la seguridad de las mujeres, que son la mitad de la población", apuntó Calvo, que aprovechó para recordar la responsabilidad de todos y cada uno de los actores, institucionales y sociales, colectivos e individuales, en la pelea contra la violencia de género.

"También a los hombres, que se sientan concernidos también en esto y ayuden a enviar ese mensaje a aquellos varones que son violentos". Y apuntó al pacto de Estado como una herramienta que dé respuestas, que innove respuestas y que se adapte a las necesidades actuales de las mujeres en situación de vulnerabilidad, de sus hijos e hijas. "No hay otra forma de entender la democracia que en dirección a la igualdad. Y todos necesitamos que nos duela de manera importante la tragedia que esto [la violencia y la desigualdad] significa".

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Sobre la firma

Isabel Valdés
Corresponsal de género de EL PAÍS, antes pasó por Sanidad en Madrid, donde cubrió la pandemia. Está especializada en feminismo y violencia sexual y escribió 'Violadas o muertas', sobre el caso de La Manada y el movimiento feminista. Es licenciada en Periodismo por la Complutense y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Su segundo apellido es Aragonés.

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