Ocho presos del 11-M, 146 reclusos por yihadismo
El número de encarcelados por vínculos con el islamismo radical casi se cuadruplica en solo cinco años. El 72% milita en el ISIS
Saed El Harrak salió de prisión el pasado 25 de octubre de 2017. Condenado a 12 años de cárcel por su relación con la célula yihadista que cometió los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, durante todo ese tiempo permaneció recluido en primer grado penitenciario, un duro régimen penitenciario de vida que le obligó a permanecer durante toda la condena en su celda con tan solo cuatro o cinco horas diarias de salida al patio. Al abandonar aquel día la prisión de Mansilla, en León, la policía estaba a la puerta esperándole para proceder a su expulsión de España rumbo a su país de origen, Marruecos. Tras su excarcelación, solo ocho de los 18 condenados por el Tribunal Supremo por la masacre de Atocha permanecen en prisión cuando se cumplen 14 años de los mismos. Son una mínima parte de los 146 reclusos por yihadismo —diez de ellos mujeres— que están encarcelados en la actualidad, según los últimos datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso EL PAÍS.
Los ocho presos por el 11-M son Hassan El Haski, Rachid Aglif, alias El Conejo, Mohamed Bouharrat, Abdemaljid Bouchar (bautizado en su día por la policía como El Gamo tras escapar de una primera detención a la carrera), José Emilio Suárez Trashorras, Jamal Zougam, Otman El Gnaoui y Antonio Toro. A este último, el Tribunal Supremo le impuso una pena de cuatro años por su implicación en los atentados que ya ha cumplido. Sin embargo, permanecerá en la prisión de Boxe (Lugo) hasta 2022 después de que en 2009 la justicia acordara acumular las condenas que le habían impuesto los diversos tribunales, principalmente por tráfico de drogas.
En primero de los ocho condenados por el 11-M que abandonará la prisión será El Haski. La excarcelación del que fue acusado de ser uno de los cabecillas del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) —aunque en el juicio solo se pudo probar que estaba al corriente de los preparativos de los atentados— está fijada para el 3 de junio de 2019. En la actualidad ocupa una celda en la cárcel de Villena (Alicante). Tres años después les tocará salir de prisión a Aglif, Bouharrat y Toro. Está previsto que el primero, recluido en la prisión de Castellón, lo haga el 1 de abril de 2022. El segundo, que cumple condena en la de Valladolid, el 30 de octubre.
Para el 12 de septiembre de 2023 está prevista la excarcelación de Bouchar, actualmente recluido en la prisión de Teixeiro (A Coruña). Los tres últimos —el minero Suárez Trashorras y los considerados autores materiales de la masacre Zougam y El Ganoui— lo harán en 2044. Los tres recibieron las mayores penas, todas ellas de miles de años de prisión, aunque la ley solo permite el cumplimiento efectivo de 40 años de prisión. Zougam está en la cárcel de Teixeiro. Suárez Trashorras, cuya salida de la cárcel está prevista para el 3 de marzo de ese año, cumple la pena en segundo grado penitenciario en la prisión pontevedresa de A Lama. Allí está también El Ganoui.
Ambos son dos de los ocho reclusos vinculados al terrorismo yihadista que permanecen en dicho centro penitenciario, uno de los 27 en los que el Ministerio del Interior ha dispersado a los 146 encarcelados por tener vínculos con el yihadismo. La prisión que tenía más de estos terroristas a finales de 2017 —últimos datos disponibles sobre dicha distribución— era el Puerto I (Cádiz), con 15 internos. Le seguían la de Mansilla (León), con 12, y las de Valencia, Albolote (Granada) y Sevilla II, con nueve cada una. Estas cinco cárceles acumulan casi un tercio de todos los presos encarcelados por yihadismo.
Las estadísticas de Interior reflejan que desde 2012 a la actualidad, el número de internos casi se ha cuadruplicado. Así, de los 41 existentes a comienzos de ese periodo se ha pasado a los 146 de la actualidad. Un número que llegó a ser mayor a finales del pasado mes de octubre, cuando se llegó a 151. Un fuerte aumento que fue especialmente significativo a partir de 2015, año en el que se produjo la reforma del Código Penal que incluyó el castigo penal a quienes se adiestran o adoctrinan de manera autónoma, sin necesidad de una organización, para perpetrar actos de terrorismo. Así, de los 51 existentes a comienzo de aquel año, se pasó 12 meses después a 93. A finales de 2016 ya eran 126 presos. El último recuento de Instituciones Penitenciarias referido a la primera semana de marzo suma 20 reclusos más a esta última cifra. Dos terceras partes están en situación preventiva, mientras que el resto cumple ya condena.
Por nacionalidades, la inmensa mayoría son marroquíes (72) y españoles (57). También abrumador es el porcentaje de los que están vinculados al Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés). 95 hombres y las 10 mujeres pertenecen a esta organización terrorista, mientras que a 40 se les considera encuadrados en Al Qaeda, y existe un interno que milita en el Grupo Islámico Armado (GIA), de origen argelino. Desde la primera detención de terroristas del ISIS en España —producida en junio de 2013 en Ceuta en la Operación Cesto—, esta organización terrorista ha desplazado a la organización que fundó Osama bin Laden hasta convertirse en el principal grupo terrorista implantado en España. En las cárceles ese fenómeno se confirmó en 2015, cuando por primera vez su número de presos superó a los de Al Qaeda.
Todos los presos yihadistas son sometidos a un exhaustivo control por parte Instituciones Penitenciarias para evitar que propaguen su radicalismo en prisión. Una vigilancia que en los últimos años Interior ha extendido a otros 120 reclusos musulmanes que, si bien no ingresaron en la cárcel por terrorismo sino por otros delitos menores, durante su estancia en prisión han dado muestras de radicalización. Fuentes penitenciarias manejan la cifra de cerca de 40 clasificados ya como “captadores” de otros presos y más de 80 que han mostrado los primeros síntomas de extremismo religioso.
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