PP y PSOE negocian el pacto del agua con la presión de los regantes en la calle

El Ministerio de Agricultura y el PSOE han iniciado los contactos (y el intercambio de documentación) para intentar cerrar un pacto del agua: un acuerdo sobre cómo gestionar y distribuir los recursos hídricos de España. El próximo miércoles los socialistas y, sobre todo, el PP sentirán la presión de los regantes de Alicante, Murcia y Almería. Miles de agricultores —con el apoyo del PP murciano— se manifestarán ante el ministerio para pedir más agua. Los dos partidos tienen que ponerse de acuerdo entre ellos y también buscar el consenso dentro de sus filas.

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La manifestación del miércoles en Madrid contará con el apoyo del Gobierno de la Región de Murcia —en manos del PP—, al igual que ocurrió en diciembre con otra protesta en la que se pidió la cabeza del responsable de la Confederación Hidrográfica del Segura, un alto cargo nombrado desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Las críticas de los regantes murcianos se han centrado en los últimos meses —cuando han visto reducida la cantidad de agua que les llega— en el departamento que dirige Isabel García Tejerina.

Dentro del PP existen discrepancias sobre la política del agua. En gran medida, las posiciones dependen del territorio desde el que se hable: no ve igual las cosas el partido en comunidades que históricamente han cedido agua (como Castilla-La Mancha) que en aquellas que la han recibido (como Murcia). Los populares han mantenido ya varias reuniones para intentar consensuar una posición común en este asunto. La dirección nacional del PP sostiene que tiene cerrado ya “al 90%” un acuerdo entre sus diferentes barones territoriales sobre el agua. Paralelamente, el PSOE —donde también existen diferencias entre las federaciones— prevé presentar la próxima semana un documento sobre la “nueva política del agua” que se está consensuado con todos los “responsables territoriales” del partido, señalan fuentes de la dirección socialista.

Escasez

La escasez de agua en los embalses —después de cuatro años con lluvias por debajo de la media en España— es una de las preocupaciones de Mariano Rajoy, según fuentes del PP, que señalan, por ejemplo, que el presidente lleva en su móvil una aplicación para consultar en todo momento el estado de los embalses. Por su parte, desde el PSOE resaltan que una de las primeras resoluciones que aprobó la nueva ejecutiva de Pedro Sánchez fue sobre agua. Y ambos líderes han visto en este asunto una posibilidad de cerrar un acuerdo de Estado. “El país necesita un acuerdo, sí. Debería haberlo”, admiten en el PSOE.

El Ministerio de Agricultura comenzó el verano pasado una ronda de encuentros con organizaciones y comunidades autónomas para intentar asentar las bases de este pacto de Estado sobre el agua. Desde este departamento se subraya la necesidad de contar con el PSOE para dar estabilidad en el tiempo a las grandes inversiones hidráulicas y poder modificar algunas leyes que afectan a la gestión del agua en un momento en el que el PP no cuenta con votos suficientes en el Congreso.

Una vez terminada, a finales del año pasado, la fase de reuniones del ministerio con las comunidades y las organizaciones del sector, comenzaron los contactos con los responsables del área de medio ambiente del PSOE. La dirección socialista pone dos condiciones para poder alcanzar cualquier acuerdo sobre el agua: que ese pacto tenga en cuenta el cambio climático y que parta de una “auditoría hidrológica”.

Respecto a la primera de las condiciones, la semana pasada se constituyó en el Congreso una subcomisión de agua y cambio climático. En principio, esta subcomisión —donde comparecerán especialistas— se prolongará durante seis meses. Respecto a la segunda de las exigencias del PSOE, la auditoría hidrológica, la intención de los socialistas es que exista un retrato fiel de las infraestructuras con las que se cuenta y de los usos del agua y las concesiones existentes. “Sin un diagnóstico es complicado establecer los objetivos y el horizonte”, explican en el PSOE. El ministerio, por su parte, no ve problemas en estas dos condiciones previas de los socialistas, señalan fuentes del departamento de García Tejerina.

En cuanto a las infraestructuras, los socialistas sostienen que se deben analizar bien cuales están a pleno uso, las que se encuentran en proyecto y las que sólo tienen que ser rematarlas, como sería el caso de algunas plantas desaladoras.