Un pacto sobre el agua cuando no hay agua

Si en vez de gotas de agua por los ríos corrieran monedas quizás se entendería mejor el conflicto. Porque, en realidad, de eso se trata: de un agua que, si se tiene, enriquece a unas comarcas que ven florecer sus tierras y engordar sus bolsillos y, si no se tiene, resquebraja la tierra y la despuebla.

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Las direcciones nacionales de PP y PSOE sostienen que están dispuestas a intentar cerrar en esta legislatura un pacto del agua. Si lo logran, sería algo inédito en un conflicto que arrastra desde hace décadas los mismos enfrentamientos entre comunidades por un recurso ya escaso y que, si se cumplen los pronósticos ligados al cambio climático, lo será aún más. "Los informes del IPCC [el grupo de expertos que bajo el paraguas de la ONU analiza los impactos del calentamiento] pronostican un 20% menos de lluvias en el Mediterráneo sur", recuerda Hugo Morán, secretario federal de Medio Ambiente del PSOE. Por eso Morán cree imprescindible ligar cualquier pacto sobre el agua al cambio climático. "Necesitamos una ley de transición hidrológica", resume.

La llamada al pacto llega en un momento de profunda sequía. El déficit pluviométrico, que se arrastra desde 2014, ha llevado a los embalses a una situación inédita desde 1995. Esta semana los embalses de la Península estaban al 41,5%, 20 puntos menos que la media de la última década. "La sequía nos recuerda la importancia del problema", indica la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, sobre la posibilidad de cerrar un pacto nacional.

Los presidentes de la Comunitat Valenciana y de Castilla-La Mancha, los socialistas Ximo Puig y Emiliano García-Page, se reunieron hace una semana y concluyeron: el tiempo de las "guerras del agua estériles" ha terminado. Ambos, que representan a dos comunidades enfrentadas históricamente por el agua, resaltaron la necesidad de llegar a un verdadero acuerdo nacional.

Esa es también la intención que dice tener el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que lleva desde el verano reuniéndose con diferentes colectivos para tratar de montar el pacto. Ahora empieza la fase de las reuniones con los grupos políticos. Y el ministerio ha empezado por su propio partido, el PP, para tratar de unificar el discurso. Porque este conflicto por el agua no es de siglas, sino de territorios, de autonomías con intereses enfrentados al margen de qué partido las gobierne.

Quizás el mejor ejemplo sea el trasvase del Tajo al Segura. En Castilla-La Mancha, de donde sale el agua, los partidos no ven con buenos ojos que se siga utilizando esta infraestructura —que data de finales de los setenta del siglo pasado—; mientras en Murcia, una de las comunidades que reciben el agua, PSOE y PP consideran irrenunciable el trasvase y se manifiestan junto a los regantes y en contra de la gestión del ministerio. El trasvase está oficialmente parado desde mayo porque los dos embalses de la cabecera del Tajo tienen tan poca agua que la ley no permite sacar más. En estos momentos contienen 236 hectómetros cúbicos —están a poco más del 9%— y tendrán que casi duplicar el agua embalsada para que se pueda volver a trasvasar.

Si se habla de un pacto del agua es imprescindible hablar del regadío. "La agricultura consume el 80% del agua del país y su peso en el PIB es cercano al 4%", recordaba un reciente informe del Observatorio de la Sostenibilidad, que proponía "la paralización de los planes de nuevos regadíos".

Según el Informe sobre los Regadíos en España, elaborado por el ministerio, la superficie para este tipo de cultivos —la forma de producir más intensiva y rentable— ha crecido casi ininterrumpidamente en las últimas décadas. Entre 2005 y 2015, aumentó un 9,3%, hasta superar los 3,6 millones de hectáreas. Aunque durante este siglo se ha acometido una labor de modernización de los regadíos para que consuman menos agua, en ese mismo periodo —según el Instituto Nacional de Estadística— no se ha reducido; al revés, el consumo total ha aumentado un 2,8%. Entre 2005 a 2015 sí se redujo un 4,7% el agua que emplean los regadíos procedente de embalses y ríos; pero las aportaciones desde los acuíferos crecieron un 33% y las de otras fuentes —como la desalación— un 84%.

Y esto sin contar con las captaciones ilegales. "En España hay medio millón de pozos ilegales", lamenta Eva Hernández, responsable del programa de Agua y Agricultura de WWF.

Hernández ha participado en algunas de las reuniones del ministerio para preparar el pacto. Y se queja de un problema de raíz: “No hay un análisis previo de la situación”. El ministerio, sin embargo, sostiene que ha querido recoger las aportaciones de todos antes de comenzar a elaborar un texto. "No nos cerramos la puerta a nada", dice la secretaria de Estado.

Normativa europea

El ministerio quiere articular el acuerdo a partir de cuatro ejes: la "atención de los déficits hídricos, haciendo hincapié en las infraestructuras, la optimización de los regadíos y la adopción de medidas encaminadas a conseguir un mayor ahorro"; la puesta en marcha de los planes de gestión de inundaciones; el cumplimiento de objetivos ambientales como la depuración de las aguas residuales; y medidas sobre la "gobernanza del agua".

En los tres últimos puntos (los que no hacen referencia al regadío), básicamente se trata de cumplir con las directivas de la UE. España acumula una ristra de denuncias de la Comisión Europea y de condenas del Tribunal Europeo de Justicia por no depurar el 100% de las aguas residuales urbanas. "España también debe cumplir con las directivas sobre inundaciones", añade Hernández, que se muestra muy pesimista sobre un posible acuerdo del agua. "Si se basa en los planes hidrológicos de las cuencas aprobados será un error", concluye. "Estos planes prevén más de 700.000 hectáreas nuevas de regadíos".

El ministerio, por su parte, defiende esos planes de cuenca y la necesidad de seguir modernizando las 800.000 hectáreas en las que aún no se han instalado los sistemas de regadíos más eficientes. Y no descarta que el hipotético acuerdo desemboque en un nuevo plan hidrológico nacional —algo que el PP en solitario no podría ahora aprobar en el Congreso—. El vigente plan data de 2001, cuando gobernaba el PP. Pero fue modificado por el PSOE en 2005 tras volver a La Moncloa. El principal cambio fue la eliminación del polémico y millonario trasvase del Ebro, que el PP había proyectado y que el PSOE suprimió apostando por la desalación. Un buen resumen de los vaivenes en la política del agua en la que ha vivido inmersa España en las últimas décadas.