Detenido el expresidente de Eurobank, fugado por el ‘caso ERE’
Eduardo Pascual, en busca y captura desde 2015, ha sido arrestado en Burkina Faso
Las autoridades de Burkina Faso han detenido al expresidente de Eurobank Eduardo Pascual, fugado en 2015 tras ser encarcelado durante 14 meses por el caso de los ERE. El exbanquero estaba en busca y captura por la macrocausa que se juzga en Sevilla pero también por despatrimonializar Eurobank, agujero que dejó una deuda de 150 millones y por el que afrontaba una condena de siete años en la Audiencia Nacional. Pascual, que abandonó España con pasaporte boliviano, ha sido detenido tras una investigación de la policía española en colaboración con Interpol y el agregado de Interior en el país africano.
La Guardia Civil detuvo al exbanquero catalán en 2013 por el caso de los ERE y se convirtió en uno de los imputados que pasó más tiempo en prisión preventiva: 14 meses hasta que la juez Mercedes Alaya rebajó su fianza —por octava vez— a solo 6.000 euros en junio de 2014 y abandonó la cárcel de Sevilla. Un año después fue citado en el Juzgado 6 de Instrucción de la capital andaluza, no acudió y se le perdió la pista. Hasta esta mañana.
La policía ha confirmado su detención en el país africano tras haber iniciado una investigación y ahora será juzgado por la Audiencia Nacional, donde tiene pendiente el banquillo por el caso Eurobank. Además, Pascual es requerido por otro juzgado, han precisado fuentes policiales.
Pascual está acusado en los ERE por dirigir la consultora Vitalia, que gestionó las prejubilaciones de múltiples ERE para la Junta de Andalucía con porcentajes de ganancias desorbitados, según la investigación policial. Un informe de la Dirección General de Seguros elevó la cifra del desfase supuestamente cometido por las consultoras Vitalia y Uniter hasta los 66 millones. La juez Alaya acusó entonces a Pascual de llevar “el control personal” de Vitalia junto a su socia María Vaqué. “Las sobrecomisiones cobradas por Vitalia en relación con las pólizas habrían causado un enorme perjuicio a la hacienda pública”, censuró Alaya.
La magistrada acusó a ambos exdirectivos de Vitalia de lucrarse con comisiones abusivas que superaron el 20% del costo de las pólizas. En su declaración ante Alaya en 2013, Pascual rechazó las acusaciones de la magistrada: “Dígame dónde tengo el dinero. Pregunte a los sindicatos y a estos señores de Andalucía”, respondió desafiante. En los ERE Pascual está acusado de cohecho, prevaricación, un delito fiscal, asociación ilícita, falsedad y malversación como principal responsable del desvío de fondos públicos de la Junta a Vitalia.
Hace tres años y antes de su fuga, Pascual amplió su declaración ante Alaya para afirmar que 18 millones procedentes de las pólizas de los extrabajadores subvencionados por la Junta andaluza acabaron en “los bolsillos” de cuatro empresarios “vinculados” a la cúpula federal del PSOE. Sin aportar documentación a la magistrada, Pascual sugirió la financiación del partido socialista por las comisiones de los ERE. Según su versión, el PSOE andaluz y el PSC pactaron para desviar 18 millones a los empresarios supuestamente afines a la cúpula federal socialista para que invirtieran en dos hoteles en República Dominicana.
“Los expedientes han sido captados en virtud de un acuerdo entre el PSC de Cataluña y el PSOE andaluz”, aseguró el exdirectivo ante Alaya. Pascual apuntó que el desvío se hizo a través de la aseguradora catalana Fortia, intervenida por la Generalitat en 2009 tras su quiebra. En total, Fortia —que devino en Vitalia— percibió 100 millones desde la Junta andaluza para gestionar las pólizas de los ERE.
En paralelo, el exbanquero debió sentarse en el banquillo de los acusados por el juicio del caso Eurobank, que se celebró esta primavera 14 años después del agujero patrimonial, pero se encontraba en rebeldía. El empresario afronta cargos por falsedad, apropiación indebida, blanqueo de capitales, un delito societario continuado y otro de desobediencia a la autoridad judicial, informó Efe. Su antigua socia Vaqué fue condenada a solo dos años por un delito continuado de administración desleal y a una indemnización de 5,1 millones. Los jueces absolvieron a 11 procesados.
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