Tres exalcaldes de Jerez condenados e investigados coinciden en un juicio

La Audiencia de Cádiz ha sido este martes el escenario de una situación insólita. Los tres últimos exalcaldes de Jerez han participado en un juicio contra el histórico exregidor Pedro Pacheco (andalucista), quien ha sido trasladado desde la prisión, donde cumple condena de cinco años y seis meses por un delito continuado de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos. Como testigo ha acudido la exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez (PSOE), quien ha recurrido la orden de ingreso en prisión de la Audiencia Provincial de Cádiz, que la ha condenado a cuatro años y medio de cárcel por dar irregularmente una subvención a una empresa para que se instalara en Jerez. Para prestar declaración ha comparecido también la exalcaldesa María José García Pelayo (PP), investigada por el caso Gürtel en Andalucía.

En el banquillo se ha sentado Pedro Pacheco acusado de la supuesta venta fraudulenta del solar municipal de la antigua estación de autobuses. La acusación considera irregular la enajenación de los terrenos en favor del exgerente de la empresa municipal de suelo Miguel Ballesteros, dos empresarios y tres testaferros. El fiscal pide hasta siete años de cárcel y seis de inhabilitación para el histórico líder andalucista por la venta de más de 4.000 metros cuadrados sin concurso público y con "total desprecio de las normas administrativas y legales de contratación pública en perjuicio del interés general".

Aunque ha sido Pacheco quien ha llegado esposado desde un furgón de la Guardia Civil, todas las miradas se han fijado en Pilar Sánchez, sobre quien pesa una inminente orden de entrada en prisión. "Entiendo que es la hora de condenar a los políticos, pero soy inocente y no me he llevado nada de nadie", ha afirmado a la entrada de los juzgados de Jerez.

"Me encuentro muy mal, es tremendamente doloroso e injusto", ha afirmado la exalcaldesa, quien ha defendido que la condena es "desproporcionada", fundamentada en "apreciaciones erróneas" y por un supuesto delito del que, según ha dicho, no hay pruebas. "Los indicios van a llevar a una persona inocente, de honor, a un condena de cuatro años y medio, que se dice pronto", ha exclamado.

Pilar Sánchez, quien confía en un último recurso para evitar su ingreso en prisión, ha recurrido al caso Urdangarin para reclamar un trato igual al que alega la infanta Cristina. "Pasé también por el banquillo en el caso de los asesores [supuesta contratación irregular] y, en esta ocasión, no me acusaba la fiscalía ni el Ayuntamiento, y mi abogado pidió se me aplicara la doctrina Botín; evidentemente, se me absolvió, pero la fiscalía consideró que no había que aplicarla y, curiosamente, hoy se emplean obstinadamente en que se le aplique a la infanta Cristina", ha criticado.

Contratos por 355.391 euros

En la sala ha coincidido también como testigo su sucesora, la popular María José García Pelayo, cuya causa, que está en el Tribunal Supremo, investiga la contratación directa de las empresas de Francisco Correa para el stand de Jerez en Fitur en 2004 y la celebración de un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor y uno de flamenco en el parque madrileño del Retiro con motivo de la feria turística. El importe de los contratos era de 355.391 euros.

En el auto que cerraba la investigación de esta trama se califica de "grosera ilegalidad" la contratación de empresas de Francisco Correa, cerebro de la trama Gürtel, sin que existiera una adjudicación formal para ello por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad de Jerez (IPDC). Los contratos y demás documentos administrativos fueron elaborados una vez finalizada Fitur 2004 y, en algunos casos, se tramitaron como contratos menores y sin publicidad.