¿Por qué Podemos puede pactar en Extremadura y no en Andalucía?

Las conversaciones entre el PSOE y Podemos han reflejado en Andalucía diferencias insalvables entre las dos formaciones. No hay matices. El diálogo entre la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, y la líder del partido de Pablo Iglesias en esa comunidad, Teresa Rodríguez, ha fracasado. El escenario es distinto en otras comunidades como Extremadura y Castilla-La Mancha, donde ambos partidos están cerca de un acuerdo. ¿Por qué? 

Tras dos meses de zozobras, el PSOE y Podemos han escenificado en Andalucía un distanciamiento profundo cuanto faltan cuatro días para la constitución de los Ayuntamientos y cuando acaban de comenzar las conversaciones entre los líderes autonómicos de ambos partidos en las distintas comunidades. Lo que ha quedado claro, de momento, es que Podemos no ha abordado el diálogo con el mismo tono ni las mismas condiciones en todos los territorios y, aunque no hay nada cerrado, que algunos dirigentes socialistas han encarado desde el principio con más entusiasmo la hipótesis de un entendimiento. Ha ocurrido, por ejemplo en Extremadura, o en Castilla-La Mancha, donde Emiliano García-Page ha destacado hoy que el acuerdo con José García Molina, líder regional de Podemos, está "bastante definido". Ya la noche electoral, los socialistas dieron casi por sentado un acuerdo por las coincidencias programáticas, las buenas relaciones mutuas y porque no había cargos que intercambiar, puesto que Podemos dejó claro que no entraría en Gobiernos del PSOE. 

Una de las claves de esta doble relación entre estas fuerzas tiene que ver, por parte de Podemos, con la idea de cambio político. Aunque el objetivo principal de Iglesias y los suyos consiste en desalojar al PP de las instituciones, esa circunstancia no se ha dado en todas las comunidades. En Andalucía ya gobernaba el PSOE, partido al que los dirigentes de Podemos han acusado de pertenecer a la "casta", y la estrategia electoral de Teresa Rodríguez durante la campaña andaluza pasó precisamente por identificar a Susana Díaz con el statu quo que en el resto de España, según los dirigentes de la nueva formación, representan el PP y el Gobierno de Mariano Rajoy. No le bastó la renuncia de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y siguió reclamando las otras dos condiciones. Esto es, la reducción de altos cargos y la ruptura de relaciones con bancos que desahucien a familias sin recursos.

No obstante, esas condiciones no han sido las mismas planteadas en todas las comunidades tras las elecciones de 24 de mayo. ¿Por qué? Porque Iglesias, al igual que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, dejó en manos de sus líderes autonómicos las negociaciones. Y porque, según cuentan en Podemos, no lo es lo mismo dialogar con un actor político que ya ha gobernado que con otro que aún no ha formado un Ejecutivo. Por esta razón, hay comunidades como Asturias, donde el socialista Javier Fernández, que ya gobernaba, está teniendo dificultades de diálogo con Podemos. Es posible que las conversaciones se orienten hacia un acuerdo con IU que obtuvo cinco escaños. El presidente socialista, que ha gobernado los últimos cuatro años, no acepta que Podemos le pida que de “un giro de 180 grados”.

El caso de Aragón constituye una excepción. Aunque un Gobierno del socialista Javier Labmán supondría un giro con respecto al Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi, las exigencias del exeurodiputado de Podemos Pablo Echenique, que quedó casi empatado el PSOE, pueden dificultar el entendimiento con el PSOE. Echenique ha presentado un "decálogo por un cambio real" que incluye la creación de un observatorio Ciudadano para el cumplimiento de los acuerdos; proyecto de Ley de lucha contra la corrupción y el clientelismo: que la Administración no contrate con entidades que desahucien a familias sin alternativa habitacional; reducción de altos cargos; cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública; la implantación de un "procedimiento de emergencia ciudadana"; reducción de las listas de espera y sanidad universal; paralización de la LOMCE y comedores escolares dignos; fin de la pobreza energética y "fiscalidad justa a la gran hidroeléctrica"; despolitización de la radio y televisión públicas.