El Gobierno rectifica tras anunciar un recorte para cuatro comunidades

La referencia del Consejo de Ministros del viernes —el documento en el que se resumen para consumo público las normas, nombramientos y otras decisiones adoptadas por ese órgano— lo decía bien claro. Entre las medidas urgentes destinadas a reducir el gasto se encontraba la “eliminación de la financiación prevista en los Estatutos de Autonomía de Andalucía, Castilla y León, Islas Baleares y Cataluña”. El anuncio del recorte no tardó en causar alarma entre las cuatro comunidades afectadas. Tanta que, pasadas las siete de la tarde, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tuvo que emitir un comunicado de rectificación en el que se decía que “no se ha modificado la financiación prevista en los Estatutos de Autonomía de ninguna comunidad autónoma”. A los pocos minutos, la referencia a la medida en los asuntos aprobados por el Gobierno desaparecía de la página web de La Moncloa.

Las cuatro autonomías que se hubieran visto afectadas por ella se encuentran entre las que han reformado sus estatutos en los últimos años. Todas ellas introdujeron en ellos cláusulas para cuantificar o ponderar la inversión del Estado en sus territorios de acuerdo a criterios como la contribución al PIB, la población, la dispersión de esta o la extensión territorial. En caso de que finalmente se hubiera llevado a cabo, el ahorro del Estado hubiera sido de más de 4.000 millones de euros. Antes de que Hacienda rectificara, fuentes de La Moncloa aseguraron que, en realidad, el recorte no tendría impacto, ya que se compensaría con la subida del IRPF, del que un 50% de la recaudación corresponde a las autonomías.

Entre las comunidades afectadas estaba Cataluña, cuyo estatuto asegura en su disposición adicional tercera a ese territorio una inversión equivalente al peso de la economía catalana en el PIB español, que este año ha sido el 18,45%. La norma —en vigor desde 2007 y con una vigencia de siete años— establece que si la inversión del Gobierno central en Cataluña no llega a este porcentaje, esta comunidad recibirá el dinero restante a cuenta de las inversiones que ella misma haya hecho. Este año, según constaba en los Presupuestos, Cataluña debía recibir 759 millones correspondiente a las inversiones de 2008, importe que el Gobierno socialista saliente se ha negado a abonar.

La propuesta fue retirada de la web de La Moncloa por la tarde

La Generalitat se ha mostrado airada en las últimas semanas por lo que considera un incumplimiento de los compromisos asumidos. No pagar la adicional tercera es “un intento grosero de desplazar déficit de una Administración a otra, es un caso de jeta”, sostuvo el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell. El consejero señala a este incumplimiento como responsable de los graves problemas de tesorería que ha sufrido la Generalitat en este fin de año, con el aplazamiento en el pago de la paga extra de Navidad a los funcionarios, retrasos a proveedores y la necesidad de recurrir a un crédito de 150 millones al 6% del interés.

En el caso de Baleares, su Estatuto de 2007, pactado por el PSOE y PP, estableció que en un plazo no superior a siete años el Estado se comprometía a invertir en las islas unos 2.500 millones, una fórmula compensatoria del desequilibrio en obras y servicios estatales sobre la media nacional. Una partida de unos 350 millones anuales se consagró para “programas y acciones estatales sobre investigación y desarrollo, transportes, puertos, medio ambiente, ferrocarriles, carreteras, obras hidráulicas, protección del litoral, costas y playas, parques naturales e infraestructuras turísticas”. Este año 2011 quedaban pendientes 70 millones.

En Andalucía, la Disposición Adicional Tercera del Estatuto establece que la inversión destinada a Andalucía en cada uno de los Presupuestos Generales, hasta 2014, debe ser equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado, es decir, el 17,8%. Aunque a partir de entonces, en lo consignado en los Presupuestos, el Gobierno ha cumplido, al liquidar las cuentas de 2008 y 2009 se detectó un desfase en la ejecución de 1.504 millones. En una comisión bilateral Junta-Estado celebrada en septiembre, el Gobierno de Zapatero se comprometió abonar esta cantidad mediante una transferencia de capital o un incremento en las inversiones de próximos ejercicios. La inversión del Estado para la comunidad en 2011 quedó fijada en 2.970 millones.

La cuarta comunidad que hubiera resultado afectada por la eliminación de la financiación estatal prevista en sus estatutos es Castilla y León. La norma que rige esta autonomía establece que para determinar la financiación estatal que le corresponde “se ponderarán adecuadamente los factores de extensión territorial, dispersión, baja densidad y envejecimiento de la población”.

Información elaborada por Andreu Manresa, Isabel Pedrote y Manuel Altozano.