El impago de subvenciones asfixia a las asociaciones de discapacitados

Adelaida Lozano se enjuga las lágrimas bajo las gafas con un pañuelito de tela. La auxiliar de clínica que atendía el centro de día ya no está. Al paro. Y van cinco. La Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson de Villarrobledo (Albacete) está bajo mínimos: el Ayuntamiento les debe 60.000 euros y la Comunidad de Castilla-La Mancha, 450.000. Deudas acumuladas que, finalmente, tienen a los trabajadores sin cobrar ya hace cinco meses. “Solo pagamos el agua, la luz, el gas y la hipoteca, pero los proveedores están sin cobrar la fruta, el papel higiénico, nada, qué vergüenza, yo, que nunca he debido nada a nadie”, dice la presidenta de la asociación, Paquita García. No son solo la sanidad y la educación, los servicios sociales también tienen los pies de barro.

El empleo entre las personas con discapacidad parece aguantar como un junco la ventolera de la crisis: la contratación experimentó un incremento en el segundo cuatrimestre de este año del 6,9%, mientras que no pasó de un 1,4% la de la población en general. El colectivo de la discapacidad está acostumbrado a sortear dificultades, tiene décadas de entrenamiento haciéndole frente al estigma y un largo historial tratando de cambiar caridad por derechos. Y lo iba consiguiendo. Los 1.900 centros especiales de empleo donde trabajan alrededor de 57.000 discapacitados son un buen ejemplo de ello. En los últimos días, sin embargo, la patronal ha revelado la precaria situación por la que están atravesando: las comunidades autónomas llevan meses, algunas hasta dos años, sin pagar lo que les deben y el edificio amenaza ruina. Muchos de estos centros nacieron de asociaciones familiares, como la que preside Paquita García, agrupadas para conseguir con sus medios lo que no obtenían del sistema público. “De tal forma que cuando estos centros pasaban dificultades económicas, la asociación les inyectaba dinero, pero ahora la madre ya no puede sujetarles en la caída, porque también depende de subvenciones graciables que ha dejado de recibir”, explica Javier Guiu, presidente de Padis, patronal aragonesa de la discapacidad.

Unas 57.000 personas trabajan en los 1.900 centros especiales de empleo

En efecto, no solo los centros de empleo son acreedores de una inmensa deuda pública —las Administraciones les financian al 50% para compensar la menor productividad del colectivo, un porcentaje que se elevó al 75% con la crisis—; también las asociaciones familiares, en sus orígenes de corte reivindicativo, pasan ahora momentos críticos como prestadoras de servicios.

Las autonomías llevan meses, algunas hasta dos años, sin pagarles

“No pueden cerrar el centro de día, lo sentiríamos todos mucho”, dice Caridad Melero, una de las usuarias. Su hija, Cary, cita las enfermedades y achaques de su madre... No cabrían en un párrafo. Su pensión de viuda de jornalero se ha visto compensada con una ayuda de la Ley de Dependencia que le permite pagar el centro de día. Pero ya lleva tres meses sin percibirla. Tampoco eso se está pagando.

En 1999, la aventura de Paquita García, la presidenta de la asociación, se conocía como “la del microondas”, porque rifaron uno para sacar dinero. Su padre tenía la enfermedad de Parkinson y ella sabía bien lo que era aquello. El alquiler de la primera vivienda donde montaron la asociación lo pagaron ella y Catalina Haro, que ahora es la directora. “Y pusimos las sillas, y hacíamos tortillas de patata y bocadillos y los vendíamos en el Viña Rock. Sacamos un millón de pesetas”. Después se trasladaron a una bodega vieja y ahí empezaron con la logopedia, la rehabilitación… Los políticos fueron llegando, y las ayudas con ellos. Entonces había 20 socios, hoy tienen más de 300 y unos 550 usuarios. Además del centro de día prestan ayuda y servicio de comidas a domicilio. La asociación, como todas las de este tipo, no tiene ánimo de lucro, todo lo que se saca se invierte en el centro. Por eso Ana Tero, la delegada sindical, asegura: “Con la huelga y las protestas no queremos hacer daño a la asociación, es una medida de presión para la Administración, que es quien nos debe el dinero”.

La crisis ha revelado que el modelo de financiación de estas asociaciones —subvenciones de las que se hacen acreedoras presentando sus proyectos— no se sostiene en tiempos de vacas flacas. Sin embargo, el colectivo de la discapacidad vive una paradoja enrevesada: tras años de lucha, ha alcanzado un poder que le confiere características de lobby. Pueden presionar a los Gobiernos, porque proporciona gran parte de los servicios a los que tienen derecho los ciudadanos y que la Administración pública no satisface. Pero, a la vez, está amordazado porque depende de los políticos y de sus subvenciones arbitrarias. Casi nadie quiere dar la cara: están a la espera de cobrar lo que les deben.