La reforma constitucional de PP y PSOE sale con el desplante del resto

El pleno del Congreso ha aprobado por 316 votos a favor, y 5 en contra (entre ellos dos socialistas), la primera reforma constitucional de calado, acordada por PSOE y Partido Popular (PP), que introduce de forma urgente en la Carta Magna el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit. El debate sobre las 19 enmiendas admitidas por la Mesa del Congreso se ha desarrollado en un ambiente generalizado de malestar y rechazo de la oposición a la propuesta. Los diputados de ERC, BNG, ICV y Nafarroa Bai se han ausentado del hemiciclo antes de que comenzasen las votaciones. Gaspar Llamazares (IU) se ha quedado durante la votación de las enmiendas para vetar las transaccionales con las que PP y PSOE pretendían conseguir la abstención de CiU, tras lo cual, ha salido también. PNV y CiU, que se encontraban en el hemiciclo, no han votado y varios diputados socialistas se han abstenido. Los síes de PP y PSOE han superado con creces, sin embargo, los 3/5 de la Cámara o los 212 votos necesarios para que la reforma comience su trámite en el Senado.

Los dos grandes partidos han intentado hasta el último minuto conseguir el apoyo de CiU, para lo que le han ofrecido unas enmiendas transaccionales, que "amplía el marco de colaboración" de las comunidades autónomas, según ha anunciado la portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, antes de comenzar el pleno, informa Carlos E. Cué. La formación catalana no votó que el martes la propuesta por considerar que perjudica la capacidad financiera de Cataluña al limitar su capacidad de fijar su propio déficit, y porque les excluye del consenso constituyente, en cuyos inicios sí estuvo, cuando se redactó la Constitución. IU y otros partidos, que también participaron en aquel proceso en 1978, no han recibido sin embargo la misma atención que el partido nacionalista catalán.

El texto propuesto a los nacionalistas catalanes plantea que los parlamentos autonómicos puedan solicitar directamente al Congreso autorización para superar el límite de déficit en casos "excepcionales, como en catástrofes naturales". Hasta ahora, la reforma del artículo 135 de la Constitución reservaba esta opción sólo al Gobierno. Sáenz de Santamaría no ha ofrecido más detalles del alcance de estas enmiendas, registradas minutos antes de empezar el debate sobre la proposición de ley en el Congreso, si bien ha dejado claro que en ningún caso las comunidades podrán fijar limites de déficit y estructural por encima del techo del 0,4% que se fijará por ley orgánica, tal y como pretendía CiU.

Josep Sánchez Llibre (CiU) que ha intervenido en lugar de su portavoz parlamentario, Antoni Duran Lleida, ha manifestado que PP y PSOE "han agredido" a su formación política "en las formas y el fondo", y ha asegurado que quieren evitar "que el PP y el PSOE se apropien de la Constitución, y adopten posiciones radicales". Asegura que en las últimas 48 horas han "trabajado" en sus ocho enmiendas: "Ha habido diálogo, pero no negociación". CiU está de acuerdo en que "no se puede gastar más de lo que se ingresa", y que "ciertas cuestiones vengan marcadas por la UE", pero denuncian que si hoy no se llega a buen término en las negociaciones de las enmiendas, se debilitará "la Constitución del siglo XXI".

Las ocho enmiendas de CiU, sobre las que resulta difícil conseguir un acuerdo, defienden que sean los parlamentos autonómicos, y no el nacional, como consta en la propuesta de reforma constitucional del PSOE-PP, los que tengan la última palabra en las decisiones que afecten al déficit de las comunidades autónomas. Su "línea roja", como manifestó ayer Duran Lleida, es que "no se limite la capacidad financiera de Cataluña".

"La salida de la crisis depende de la reforma"

Soraya Sáenz de Santamaría (PP) ha asegurado que los ciudadanos piden desde hace "mucho tiempo" medidas contra la crisis. La reforma de la Constitución respondería así a esta demanda, y de ella depende la salida de España de la crisis, según la portavoz popular. Con esta medida se envía un mensaje de "certidumbre y confianza" a Europa.

"Sin estabilidad presupuestaria no se sostiene el Estado de bienestar", ha añadido Santamaría. Sin austeridad de sube de forma "indiscriminada" los presupuestos y hay recortes sociales, ha advertido, y contra esta situación, la reforma da "una oportunidad a España, a los parados, los emprendedores, los jóvenes...", según el Partido Popular.

José Antonio Alonso (PSOE) recuerda algunos de los argumentos que los socialistas presentaron en el debate del martes, como que "si no hay fondos, no se podrán seguir haciendo mejoras en los servicios sociales" que consideran esenciales, como la sanidad, la educación, las pensiones. Sobre las enmiendas de CiU, que han centrado buena parte de la atención de PP y PSOE, el portavoz socialista ha asegurado que no se pueden aceptar tal y como estaban presentadas, porque el espíritu de la reforma es enviar un mensaje de estabilidad y confianza "del conjunto del Estado", lo cual incluye a los tres niveles de la Administración.

Alonso ha apelado al diálogo, a la búsqueda de consenso y a la necesidad urgente de preservar la estabilidad del Estado, antes de votar.

Los minoritarios discrepan

El Bloque Nacionalista Gallego (BNG) ha abierto el pleno con su intervención, en la que ha defendido su enmienda a la totalidad por el contenido y la forma "totalmente antidemocrática" en que pretende imponerse, "sometimiento la democracia al chantaje de los mercados". Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, también ha manifestado el malestar de su formación, por la reforma "no de consenso, sino de exclusión", y por el rechazo de las enmiendas que presentaron.

Rosa Díez, de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), insiste, como ya dijo el martes, en que lo que se necesita es una "reforma de la Constitución que mejore la democracia y su calidad". Hoy añade que "hay que reformar la Constitución para protegerla del PSOE y el PP", erigiéndose en Tribunal Constitucional (TC) para rechazar enmiendas. "¿Pero ustedes quienes se creen que son?", ha repetido una Díez muy dura y contrariada, que habla de "expropiación de la Constitución" y "atropello del grupo PP-PSOE". UPyD, según ha anunciado, irá al TC para recurrir en amparo por impedir su derecho a debatir las enmiendas.

UPN, el único grupo que votó a favor el martes, se queja de que el resto de partidos no haya reflexionado sobre la necesidad de contener el déficit, y que se reclame ahora un referéndum cuando no se exigió durante la aprobación de la ampliación del aborto el verano pasado. "Seguimos confiando en la propuesta", ha dicho el portavoz de la formación navarra. Coalición Canaria, que se abstuvo el martes, hoy ha exigido un referéndum.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha sido de los más críticos con el pacto de PP y PSOE. La reforma es "centralista y un atentado contra el autogobierno y la autonomía financiera" de las comunidades, asegura Joan Ridao. La reforma es "letal, mortal de necesidad" para Cataluña, señala. La portavoz parlamentaria de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Nuria Buenaventura, se ha unido a las críticas por el rechazo de su enmienda a la totalidad, que insistía en la necesidad de un debate sobre la monarquía y la existencia de un Estado federal y exigía la reforma del Senado, entre otras peticiones.

Josu Erkoreka, diputado del PNV, ha manifestado que ante la "pétrea inmovilidad de los proponentes", también ellos se mantienen "inmóviles" y continúan oponiéndose a la reforma. "Ya que no nos dejan defender nuestras enmiendas, déjenme al menos explicar la enmienda vetada", ha dicho molesto. Esta propuesta pretendía añadir el reconocimiento del derecho a decidir sobre la autodeterminación. Una segunda enmienda, que sí ha sido admitida a trámite, pide que el artículo 135 haga referencia a los territorios forales. El texto no hacía alusión a este tipo de entes territoriales, pero la Constitución sí los reconoce, ha recordado el diputado nacionalista vasco.

Protestas alrededor del Congreso

El Movimiento 15M decidió anoche esperar a los diputados a su llegada al Congreso desde las siete y media de la mañana. El edificio y la zona, fuertemente protegido, está rodeado por un cordón policial, por lo que los indignados se han tenido que dar cita a unos metros de la entrada de la Cámara, en la esquina entre la plaza de Neptuno y paseo del Prado, donde a las 19.30 se concentrarán de nuevo. Desde allí, se han ido moviendo por las calles aledañas al Congreso, tratando de acceder al perímetro cortado por la policía. Un grupo de ciudadanos ha formado también una cadena humana entre la plaza de Callao y la Puerta del Sol.

Al grito de "ahora no es Tejero, son Rajoy y Zapatero", los indignados marcharon ayer entre Atocha y la plaza de Neptuno para protestar por lo que llaman "mercadocracia", que como denuncian, habría suplantado a la democracia. En el extremo opuesto, la canciller alemana, Angela Merkel, de quien proviene la idea de incluir el principio de estabilidad financiera en las constituciones europeas, felicitó ayer en persona en París al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hizo también a distancia el miércoles, y se unieron a ella la OCDE, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y agencias de calificación como Moody's.

Negociación contrarreloj

La Mesa de la Cámara Baja recibió hasta las dos de la tarde de ayer, 24 enmiendas, de las que seis fueron rechazadas, entre ellas, las del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y ERC que defendían que se introdujera el derecho de autodeterminación en la Carta Magna, y la de la totalidad, presentada por Izquierda Unida (IU), informa Efe. Las razones del veto de la Mesa, según informó, es que no se referían al artículo 135 e implicaban modificaciones que requieren un procedimiento distinto al directo y de lectura único, por el que se tramita esta reforma. Los grupos firmantes han presentado alegaciones.

Cada uno por sus razones, la mayoría de grupos parlamentarios se muestra muy crítico con la reforma de la Constitución propuesta. Todos los que votaron no o no votaron el martes, criticaron la forma en que se ha planteado el primer cambio constitucional de calado, de forma urgente, sin apenas debate y sin posibilidad de convocar un referéndum para que la ciudadanía refrende la modificación. Algunos, sobre todo los partidos de izquierda, también han rechazado el fondo, al considerar que elevar el límite al déficit público a la norma fundamental hipoteca el futuro de las políticas sociales.

CiU mantiene el suspense. PSOE y CiU han apurado, hasta la votación de hoy en el pleno del Congreso, la negociación de las enmiendas presentadas por los nacionalistas catalanes. Hoy, PP y PSOE esperan que solo se abstengan.

IU enmienda la totalidad. La coalición de izquierdas considera muy grave lo que ha calificado como "golpe de los mercados a la Constitución", y ha rechazado frontalmente la reforma propuesta. Junto a ERC, la formación tiene previsto ausentarse del pleno en el momento de la votación, para manifestar su más absoluto rechazo. El presidente del Congreso, José Bono, ha declarado en una entrevista en la Cope que, como le han pedido, les dejará las puertas abiertas para que puedan entrar y salir del hemiciclo. Una de las enmiendas que presentó IU, que pretendía abordar una reforma amplia de la Ley Fundamental, incluyendo el modelo político de Estado para decidir entre monarquía y república, fue rechazada, como también su propuesta para convocar un referéndum sobre la reforma de la Constitución

ERC y PNV y el derecho de autodeterminación. La Mesa del Congreso rechazó las enmiendas del PNV y de ERC a favor de reconocer el derecho de autodeterminación, lo que impide su debate hoy en el Pleno de la Cámara. Ambas formaciones habían presentado por separado un texto similar pero adaptado a cada una de las Comunidades Autónomas.

Nafarroa Bai pide eximir a Euskadi y Navarra. La formación presentó ayer dos enmiendas para pedir que el principio de estabilidad presupuestaria no afecte a las competencias forales de Euskadi y Navarra, según informó Europa Press. Como ya manifestó en el pleno del martes Uxue Barkos, su portavoz parlamentaria, han pedido también que la modificación de la Carta Magna sea sometida a referéndum aprovechando las elecciones generales del 20 de noviembre.