Las trabajadoras que sostienen la salud pública mundial reclaman un salario digno

Neeta Kashid no tiene tiempo para descansar. La jornada de esta trabajadora sanitaria comunitaria de 44 años está repleta de visitas a mujeres y niños de su aldea, en el suroeste de Maharashtra (India), a los que ayuda en casos de emergencia y presta apoyo materno y neonatal. También hace encuestas y campañas de vacunación, y actúa como imagen de las campañas de salud y saneamiento del Gobierno. Además de todo esto, tiene que ocuparse de una pequeña granja porque, a pesar de ser una trabajadora sanitaria a tiempo completo, gana menos del salario mínimo. “Mi sueldo no me alcanza para sobrevivir y tengo dos hijos que van a la escuela”, explica.

Kashid es una de la cerca de un millón de Activistas Sociales Sanitarias Acreditadas (Accredited Social Health Activists, en inglés) conocidas como ASHA, que en hindi quiere decir ‘esperanza’. Forman parte de un programa del Gobierno indio que sirve de enlace entre comunidades rurales y el sistema sanitario público. Estas mujeres adquirieron protagonismo a raíz de su papel a la hora de garantizar el acceso a la atención primaria a pacientes pobres de las zonas rurales cuando la covid-19 devastó India en 2021, y ganaron el Premio Líder Sanitario Mundial de la Organización Mundial de la Salud. El galardón ha hecho que se preste más atención a las condiciones de trabajo de las trabajadoras sanitarias comunitarias de la India, pero también del resto el mundo.

En las últimas décadas, los programas de atención comunitaria han sido alabados como una forma rentable de reducir la mortalidad materna e infantil, el VIH, la tuberculosis y muchas otras enfermedades. Pero su rentabilidad se debe a que este personal, en su inmensa mayoría femenino, está mal remunerado, como Kashid, o no recibe salario alguno, ya que en muchos países se entiende que su trabajo es totalmente voluntario.

Los programas con este tipo de trabajadores han sido alabados como una forma rentable de reducir la mortalidad materna e infantil, el VIH o la tuberculosis. Pero su rentabilidad se debe a que este personal está mal remunerado o no recibe remuneración alguna

Según un informe de 2022 de Women in Global Health, una organización sin ánimo de lucro, hay seis millones de trabajadoras sanitarias no remuneradas o mal pagadas en el mundo, aunque esta cifra es conservadora debido a la escasez de datos disponibles. La investigación se basó en un artículo publicado en 2015 en la revista The Lancet en el que se calculaba que el trabajo no remunerado de los trabajadores sanitarios comunitarios contribuía con 1,4 billones de dólares a la economía mundial, lo que implica que el trabajo no remunerado de los trabajadores sanitarios, en su mayoría mujeres, estaba subvencionando casi el 2,5% del PIB mundial en ese momento. “¿Por qué no ponemos precio a esta mano de obra concreta y lo incluimos en el coste de estos programas?”, pregunta Roopa Dhatt, médica y directora ejecutiva de Women in Global Health. “Es explotación y hay que denunciarlo”.

Las ASHA indias, las activistas sociales sanitarias acreditadas, se declararon en huelga el año pasado para exigir mejores salarios y un estatuto laboral que incluya prestaciones sanitarias y de jubilación.

“Las trabajadoras comunitarias de la salud son un donante anónimo, un benefactor sin nombre para todos los demás”, afirma Madeleine Ballard, directora ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro Community Health Impact Coalition. “En la inmensa mayoría de las comunidades del mundo, son los trabajadores pobres. En un contexto de miseria y acceso limitado a oportunidades de empleo decente para las mujeres, no estamos hablando de un voluntariado libremente elegido, sino de una esclavitud salarial. Me refiero a que uno no trabaja voluntariamente para su comunidad 37 horas a la semana”, explica Ballard.

En un contexto de miseria y acceso limitado a oportunidades de empleo decente para las mujeres, no estamos hablando de un voluntariado libremente elegido, sino de una esclavitud salarial. Me refiero a que uno no trabaja voluntariamente para su comunidad 37 horas a la semana.

Madeleine Ballard, Community Health Impact Coalition

“Lo irónico es que muchos de estos programas están financiados por organizaciones internacionales que centran su retórica en el empoderamiento de la mujer”, añade Ballard. “Y eso se utiliza para dar cobertura moral a lo que son de hecho: programas en los que la mano de obra femenina es barata”.

Un trabajo tan grande que no se puede pagar

”. El Gobierno chino fue pionero en la creación de programas con trabajadores sanitarios en aldeas a partir de la década de 1930. Los denominados “médicos descalzos” se hicieron famosos en los cincuenta y sesenta, y en los setenta ya habían inspirado programas en todo el mundo, a medida que la comunidad internacional se iba uniendo en torno al objetivo de proporcionar asistencia sanitaria primaria para todos a finales del siglo XX.

Las crisis económicas de los años ochenta supusieron un revés para el desarrollo de estos programas, pero el interés por ellos se reavivó en el nuevo milenio, cuando la pandemia del VIH hizo que la atención se centrara en la prestación de servicios a las comunidades rurales de todo el continente africano. Los trabajadores de la salud comunitarios pasaron a considerarse una forma eficaz de llegar a las poblaciones marginadas y vulnerables para hacer frente a los principales problemas de la salud pública mundial en aquel momento, como la malaria y la tuberculosis. Hoy en día, pasan por otro ciclo de promoción tras la pandemia de coronavirus.

“La cantidad de dinero que se destina a la atención hospitalaria es extraordinaria, pero las pruebas de que la inversión en los hospitales mejora la salud de la población son sencillamente inexistentes”, afirma Henry Perry, médico e investigador sobre los trabajadores comunitarios en la Universidad Johns Hopkins (EEUU). “Los escáneres, la cirugía a corazón abierto o los trasplantes de riñón son por supuesto valiosos, pero resultan muy caros si los comparamos con la rentabilidad de la inversión necesaria para enseñar a los trabajadores sanitarios de la comunidad a diagnosticar y tratar la neumonía infantil o detectar la hipertensión”, opina.

Los escáneres, la cirugía a corazón abierto o los trasplantes de riñón son por supuesto valiosos, pero resultan muy caros si los comparamos con la rentabilidad de la inversión necesaria para enseñar a los trabajadores sanitarios de la comunidad a diagnosticar y tratar la neumonía infantil o detectar la hipertensión.

Henry Perry, médico e investigador sobre los trabajadores comunitarios en la Universidad Johns Hopkins

La iniciativa de activistas sociales sanitarias acreditadas de la India tiene sus raíces en otro programa de 2002 que se inició en Chhattisgarh, uno de los Estados indios más pobres, y se adoptó en todo el país en 2005. El objetivo era atajar la mortalidad infantil. “Las ASHA se convirtieron en una necesidad para los servicios que prestaba el Gobierno”, explica Sujatha Rao, exsecretaria del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, que participó en el lanzamiento del proyecto.“El objetivo principal era reducir los niveles de mortalidad materna e infantil, que eran inaceptablemente altos”.

Cuando se introdujo el programa, las responsabilidades de las ASHA se limitaban a concienciar, asesorar, movilizar a la comunidad y prestar algunos cuidados médicos primarios. Con los años, estas responsabilidades han aumentado, al igual que su horario: han pasado de trabajar unas cuantas horas a la semana a una carga de trabajo a tiempo completo. “En 2009, cuando me incorporé, teníamos entre cinco y 10 indicadores en los que centrarnos”, explica Netradipa Patil, dirigente sindical que representa a más de 3.000 ASHA en Kolhapur. “Ahora, tenemos 74 indicadores”.

Después llegó la covid. Mientras recibían los elogios de todos por su trabajo en primera línea, las ASHA apenas recibían apoyo. Kashid fue agredida físicamente por un aldeano por intentar aplicar las normas de cuarentena del Gobierno. Otra trabajadora, Usha Jadhav, de 43 años, sufrió un infarto que, según los médicos, se debió a los horarios irregulares de las comidas y a los altos niveles de estrés derivados de su trabajo.

Para muchos expertos, las luchas de las trabajadoras comunitarias durante la pandemia pusieron de manifiesto la mentira que se esconde tras un tópico utilizado para justificar su falta de remuneración: que las mujeres, por naturaleza, se ven impulsadas a servir a sus vecinos y a la comunidad, y que pagarles desluciría los beneficios espirituales de su trabajo. Investigadores como Kenneth Maes, de la Universidad Estatal de Oregón, están descubriendo, por ejemplo, que, lejos de encontrarse en un estado de satisfacción y plenitud, las trabajadoras comunitarias de Etiopía experimentan más angustia psicológica a lo largo del año, en comparación con otras personas de su zona. Se debe en parte a la tensión de su trabajo y en parte a su precaria situación económica.

“Es un chantaje emocional”, se queja Margaret Odera, de Nairobi, que trabaja para crear una asociación nacional de trabajadoras comunitarias en Kenia. “Ha venido gente a visitarnos desde Estados Unidos a decirnos, ‘Vosotros, los trabajadores sanitarios comunitarios, estáis haciendo un gran trabajo’. Pero cuando les decimos, ‘¿Entonces nos vais a pagar?’, nos contestan: ‘No podemos, porque vuestro trabajo es tan grande que no se puede pagar’”.

La trabajadora sanitaria detalla las estadísticas sanitarias que ha recopilado para su último informe a sus supervisores: niños desparasitados; niños nacidos dentro y fuera del hospital; niños desnutridos; madres embarazadas; miembros de la comunidad con enfermedades no transmisibles. Y la lista no se detiene ahí. Odera recuerda que, una vez, su hijo le comentó: “Mamá, vas al hospital todos los días. Creo que eres médico. Pero a finales de mes, cuando te pido que me compres algo, me dices que no tienes dinero. ¿Qué pasa?”.

“¿Y sabe qué?”, pregunta Odera. “No sé qué responderle”.

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