Represión política en Turquía

La detención el pasado miércoles y la prisión provisional dictada el domingo para el alcalde de Estambul y líder opositor, Ekrem Imamoglu, han colocado a Turquía en una peligrosa situación de inestabilidad social y política ante la fundada sospecha de que se trata de una maniobra del presidente, Recep Tayyip Erdogan, para eliminar de la carrera presidencial a un popularísimo detractor de su deriva autoritaria de corte islamista.

En una operación policial que ha sacudido los cimientos del país, el alcalde de Estambul, perteneciente al socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP), fue detenido junto a otras 30 personas bajo la acusación de corrupción y colaboración con banda terrorista. Esas acusaciones se fundamentan en la declaración de testigos cuyas identidades, sospechosamente, han sido declaradas secretas. Los detenidos fueron interrogados durante horas por hasta 90 fiscales. Finalmente, Imamoglu será procesado solo por corrupción, pero, según el tribunal que se encarga del caso, tendrá que permanecer en prisión ante el peligro de que destruya pruebas si es puesto en libertad. Hace una semana la universidad pública de Estambul anuló su título —varias décadas después de expedirlo— alegando que no reconocía dos años estudiados por Imamoglu en Estados Unidos. La Constitución turca obliga a tener un título universitario para presentarse a la Presidencia.

Nada de esto es aceptado por millones de turcos que, encabezados por estudiantes y sindicatos, se han lanzado a las calles ante la enésima vuelta de tuerca del régimen para acabar políticamente con una prominente figura de la oposición, al frente de Estambul —que produce más de un tercio del PIB del país— desde 2019. Al menos mil personas, según ha reconocido el ministerio del Interior, han sido detenidas en las multitudinarias protestas registradas en todo el país. En un salto cualitativo en la represión que practican Erdogan y sus colaboradores, varias decenas han sido arrestadas por el contenido crítico que han publicado en las redes sociales. En paralelo, un tribunal ha destituido a la dirección del Colegio de Abogados de Estambul, que cuenta con 70.000 miembros y se caracteriza por hacer una interpretación progresista de los derechos civiles.

Prueba de que en esta ocasión Erdogan no lo va a tener tan fácil para deshacerse de un rival político es que las primarias simbólicas organizadas el domingo por el CHP en 6.000 puntos del país recogieron 15 millones de papeletas en apoyo a Imamoglu como candidato presidencial para 2028. En este contexto, hay que aplaudir la reacción clara de los Gobiernos de Berlín y París. Alemania —donde residen unos dos millones de turcos, el mayor número en un país de la UE— ha calificado de “totalmente inaceptable” el encarcelamiento del líder opositor. Francia, por su parte, habla directamente de “ataque a la democracia”.

Contrasta, pero ya no sorprende, esta actitud europea con la reacción de la Administración Trump, que considera esta gravísima crisis como “un asunto interno”. No es tan simple. Reconociendo que, por supuesto, se trata de un país soberano, la pervivencia de la democracia en Turquía no solo es un derecho inalienable de millones de turcos, sino una cuestión de seguridad y estabilidad en Europa. En un momento de avance del autoritarismo, es preciso que Erdogan reciba desde los gobiernos europeos el mensaje inequívoco de que la libertad de sus ciudadanos está por encima de sus intereses personales, y eso incluye el derecho a elegir a sus gobernantes.