Veracidad y democracia
Si existe una vía judicial para actuar contra quien miente cuando la información causa un daño personal, ¿por qué ha de ser diferente cuando el perjuicio lo sufren la ciudadanía, las instituciones o el sistema democrático?
El 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) compartió el manifiesto Sin periodismo no hay democracia. El momento no podía ser más oportuno, no sólo por la fecha. Desde que Pedro Sánchez anunció su decisión de continuar, la libertad de prensa es tema estrella en tertulias, redes y corrillos. ¿Debe la prensa someterse a algún tipo de regulación? ¿Hay lugar posible entre la censura y la libertad de expresión? ¿Entre las mentiras sin control y la mordaza a las críticas?
En un ambiente como el actual, donde priman el ruido y la exaltación, cuesta plantear un debate sosegado como el que pide este tema. Y es que ruido y exaltación son síntoma y consecuencia de una esfera pública donde convergen estrategias de desinformación deliberadas que socavan la confianza en el sistema y la credibilidad de las instituciones democráticas. Pero si alguien sugiere la necesidad de regular esta cuestión, saltan las alarmas. El Gobierno quiere eternizarse en el poder y acallar las voces críticas. Vivimos en una dictadura y el Ministerio de la Verdad es la orwelliana nota que le falta a Sánchez para mutar en peligroso cruce entre criatura chavista y Palpatine. No en vano es el mayor mentiroso conocido. Y los tuyos más.
¿Cómo romper esa cadena? Estaría bien recordar que una cosa es la opinión y otra, la información. Si la una está amparada por la libertad de expresión, la otra se debe al derecho constitucional de la ciudadanía a recibir una información veraz. Veracidad que admite errores, pero no mentiras ni medias verdades que induzcan a pensar lo que no es. Si en la publicidad comercial esto no se permite y hay un procedimiento regulado para actuar cuando sucede, ¿por qué no pedir lo mismo para la información? Si existe una vía judicial para actuar contra quien miente cuando la información causa un daño personal, ¿por qué ha de ser diferente cuando el perjuicio lo sufren la ciudadanía, las instituciones o la democracia?
El Reglamento de Servicios Digitales de la UE puede ser un buen punto de partida. Como sociedad, deberíamos exigirnos la capacidad de contar con una ley orgánica adecuada, aprobada con el mayor apoyo parlamentario posible, sin temer que eso acabe con el pluralismo. Un pluralismo que también sufre cuando la mentira parece verdad y se pierde la confianza en el sistema.
Como nos recuerda la FAPE, prensa, políticos y sociedad debemos actuar con responsabilidad. Y estaría bien tomárnoslo en serio. Porque sin buen periodismo no hay democracia.
