Cambio de época en Telefónica

Veintiséis años después de que el Estado abandonara el accionariado de Telefónica, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) acaba de comunicar que ya tiene en su poder un 3% del capital de la operadora —unos 700 millones de euros—, una participación que el Gobierno quiere elevar al 10% “en el menor tiempo posible y siempre que no afecte a la cotización”. Pese a la falta de Presupuestos para 2024, la compra de acciones por parte del ente público se va a financiar con cargo al capítulo ocho de las cuentas prorrogadas de 2023, por lo que no afecta al déficit público. La SEPI acata así la orden que recibió del Consejo de Ministros el pasado 19 de diciembre, en la que se acordó la compra de acciones de la compañía en respuesta a la entrada de la operadora saudí STC en el capital social de la teleco española.

El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez aún debe dar el visto bueno definitivo a la participación del 9,9% del capital de la multinacional española por parte de la mayor operadora de telecomunicaciones de Arabia Saudí, controlada por la familia real. El Gobierno considera que Telefónica es una empresa estratégica para la economía española por su amplio despliegue de infraestructuras, que garantiza la conectividad y servicios digitales a ciudadanos y empresas. Y por los servicios que proporciona a las Fuerzas Armadas y de seguridad y al Ministerio de Defensa. De ahí la relevancia de su entrada en la operadora: el Gobierno, que no tiene ahora el músculo económico para iniciativas de este alcance en otras empresas, considera que estar en Telefónica es necesario. Es algo habitual en los países de nuestro entorno. El Estado alemán tiene una participación del 13,8% del capital de Deutsche Telekom; Francia dispone de un 13,4% en Orange, e Italia incrementó en agosto de 2023 hasta el 20% su participación en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia. Cuando se materialice el control del 10% de las acciones en manos públicas, el Estado será el mayor accionista de Telefónica por delante de STC, pero también del BBVA, CaixaBank o el fondo BlackRock. La operación certifica el cambio de época al que asiste la economía global, donde tras los rescates bancarios por la crisis de 2008 y las quiebras de la cadena de suministros derivadas de la pandemia, el Estado vuelve a tener un papel protagonista en la economía. Es el modelo que propugnan algunos expertos: que el Estado participe como creador de riqueza y motor de la innovación y no se limite a ser mero corrector de los “fallos de mercado”.

Habrá que esperar para ver cómo se materializa la presencia del Gobierno en la primera operadora de telecomunicaciones del país, donde tendrá derecho a al menos un puesto en el consejo de administración. Si el precedente a tomar en cuenta es el de CaixaBank, los criterios de gestión serán puramente empresariales y al margen de objetivos políticos.