Catástrofe humana en Gaza

Que Hamás no es Palestina ni representa a todos los palestinos es una premisa asumida por la comunidad internacional y por una parte de la sociedad de Israel, pero el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, actúa como si fueran exactamente lo mismo. El injustificable castigo colectivo al que está sometiendo a los 2,2 millones de palestinos que viven en Gaza va más allá del derecho a la legítima defensa. Su respuesta a los salvajes ataques del 7 de octubre resulta absolutamente desproporcionada.

Hacinados en un territorio con una de las mayores densidades de población del mundo, los gazatíes están atrapados entre dos amenazas letales. Por un lado, el encierro total al que los ha sometido Israel desentendiéndose de su responsabilidad como potencia ocupante desde 1967, aunque no esté sobre el terreno desde 2005. Por otro, los incesantes bombardeos, que están causando un creciente número de muertos, especialmente niños. Desde el comienzo de la ofensiva israelí, 6.500 personas han perdido la vida en la Franja; de ellos, 2.700 menores. Son cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por la organización islamista, pero son también las que manejan las entidades de Naciones Unidas. A ellos habría que sumarles más de 17.000 heridos. El martes, según la misma fuente, fue el día más trágico hasta el momento: 750 muertos (344 niños).

En las últimas dos semanas, los palestinos no han recibido agua, electricidad, alimentos o medicinas. Una medida de asedio que no distingue entre culpables e inocentes. Los escasísimos camiones con ayuda humanitaria que han conseguido entrar en Gaza desde Egipto suponen apenas una gota de agua en un océano de imperiosa necesidad. Los centros médicos, sobrepasados por la continua llegada de heridos, no pueden hacer funcionar los aparatos indispensables para mantenerlos con vida, neonatos incluidos. Tampoco cuentan con combustible para poner en marcha los generadores eléctricos: Israel ha prohibido su entrada dentro de la exigua ayuda autorizada a cruzar el paso fronterizo de Rafah. Tras las amenazas del Gobierno israelí, cientos de miles de gazatíes se han desplazado al sur de la Franja, a veces hostigados por los bombardeos ordenados por el mismo ejército que los obligó echarse a la carretera. Las imágenes que salen de Gaza muestran un reguero de infraestructuras destruidas, los colegios de la ONU se han convertido en masivos campamentos de refugiados y muchas personas han comenzado a beber de pozos de agua salada, con el consiguiente riesgo para su salud. Asistimos a una catástrofe humana sin paliativos.

Lo que está sucediendo con los civiles palestinos de Gaza no forma parte del derecho de Israel a defenderse tras el bárbaro ataque de Hamás. La condena de los actos terroristas que acabaron brutalmente con tantos civiles israelíes y la solidaridad con sus familiares y vecinos, en comprensible estado de shock, no obliga a cerrar los ojos sobre lo que está ocurriendo desde aquel día en la Franja. En manos de Benjamín Netanyahu está poner fin a esta situación. Los países con influencia en Israel, especialmente Estados Unidos, no pueden limitarse a expresar su preocupación por la situación humanitaria mientras el primer ministro israelí continúa con su estrategia, desafiando incluso al secretario general de la ONU, António Guterres, por limitarse a ofrecer el contexto de un conflicto que tiene más de 70 años. Los palestinos no son Hamás. No deben pagar por los crímenes de una organización que comete actos terroristas.