Pacto de Estado por la sanidad

En lugar de mejorar, empeoran. El aumento de todos los indicadores de las listas de espera para ser atendidos en la sanidad pública debe considerarse uno de los mayores fracasos de gestión de los poderes públicos en España. El Servicio Nacional de Salud es, junto al sistema educativo, el principal activo del Estado de bienestar en nuestro país y evitar que se deteriore debería ser una prioridad absoluta. Las listas de espera son el principal termómetro de ese deterioro y el hecho de que continúen empeorando indica que el problema no se está abordando de forma satisfactoria.

Superada la pandemia, ha transcurrido tiempo suficiente para ponerse al día en la atención demorada. Las actuales listas de espera baten un nuevo récord y son consecuencia de la creciente disparidad entre los recursos disponibles, tanto humanos como instrumentales, y la creciente demanda provocada por el envejecimiento de la población. En diciembre de 2022 se alcanzó la cifra más alta de pacientes en espera de una intervención quirúrgica: 793.521, de los que 174.574 llevan más de seis meses esperando. Esta lista se ha incrementado en 87.781 pacientes respecto del año anterior, lo que revela que las medidas adoptadas están fracasando. Que en 2022 se hayan realizado unas 22.000 intervenciones quirúrgicas menos que en 2019 ya no puede explicarse por la sobrecarga de la pandemia, sino por una disfunción grave y estructural del propio sistema.

También ha aumentado el tiempo medio de espera, que ahora es de 122 días, frente a los 113 de junio pasado. Pero esta cifra puede ser engañosa, pues algunas comunidades aplican criterios de notificación que permiten ocultar una parte de la demora. En todo caso, un promedio tan alto significa que hay esperas extremas de bastante más de un año, lo que resulta del todo inaceptable. Igualmente grave es el aumento de la demora para ser atendido por un especialista, que es tres meses de media y puede tener graves consecuencias pues de esa visita depende muchas veces el diagnóstico de patologías graves, y la demora puede afectar al pronóstico.

Disponer de un servicio nacional de salud, de acceso universal y gratuito, es vital para la cohesión social del país. En los últimos años ha entrado en un peligroso proceso de degradación por falta de recursos, sin que se observe una respuesta política acorde con la gravedad del problema. El hecho de que la gestión del sistema esté descentralizada y sean las comunidades autónomas las que tengan que dar cuenta de los resultados diluye la responsabilidad política global. Pero el malestar se extiende, no solo entre los profesionales, sino también entre los pacientes. La situación requiere un pacto de Estado que permita al sistema público de salud superar sus actuales deficiencias y encarar los retos del futuro, que serán aún mayores. Ese debería ser el principal objetivo del nuevo ministro de Sanidad.