Justicia: la garra autoritaria avanza

Una aplanadora autoritaria recorre impunemente el mundo. Ella socava y arrasa con la democracia y, para hacerlo, remece la independencia judicial y la función de la judicatura. Si antes eran los cuarteles el espacio a conquistar para construir un poder autoritario, hoy la justicia es el espacio prioritario a controlar.

En todos los continentes se extiende, como mancha de aceite, el propósito de controlar y someter a la justicia para poder marchar sin contrapesos ni interferencias en las decisiones del poder político. Desde un poder así de inmune -e impune- se generan las condiciones perfectas no solo para el autoritarismo sino para la corrupción por falta de contrapeso judicial independiente. Convirtiendo al poder político no solo en absoluto, sino en una potencial organización criminal; sin freno frente a sus propósitos.

Son varios los ejemplos en el mundo; y este periódico les ha venido dando cobertura en los últimos meses. En un recorderis que no pretende ser exhaustivo hay varias “perlas” como las siguientes. Y hay muchas más, por supuesto.

El proceso creciente de concentración de poder por el presidente Kais Saied en Túnez; el rodillo autoritario bajo la férula de Jarosław Kaczyński en el corazón de Europa, Polonia; las incontinencias autoritarias en Centroamérica, tanto de Daniel Ortega (Nicaragua) o de Nayib Bukele (El Salvador). Y, también en Centroamérica, el desgajamiento sostenido del sistema de fiscales y jueces en Guatemala que ha acabado con más de 30 fiscales o jueces/zas en el exilio por prevención frente a las argollas del poder arbitrario y de la corrupción. Por ejemplo, la ex fiscal general Thelma Aldana, el fiscal Juan Francisco Sandoval y la jueza Erika Aifán.

Con este telón de fondo hay dos ejemplos recientes en las que esta opción autoritaria se ha venido expresando con claridad de manera evidente: Israel y Perú. En planos y dimensiones muy diferentes, pero afectando en tiempo reciente y de distinta forma el principio de separación de poderes.

En el caso de Perú, el ataque no proviene del poder ejecutivo, como en los ejemplos mencionados o Israel, sino -paradójicamente- de un componente de la propia justicia que es el Tribunal Constitucional (TC). Ello en una reciente y muy cuestionada sentencia que cercena inconstitucionalmente nada menos que las facultades judiciales de control del poder político. Se estaba ante decisiones judiciales regulares que frenaron un oscuro y cuestionado proceso en el Congreso para seleccionar a la cabeza de la Defensoría del Pueblo. Con el añadido de que el TC llama represivamente, además, a que se investigue y sancione a los miembros de la judicatura que, en ejercicio de sus funciones, han enfrentado, en ejercicio de su función judicial, el cuestionado proceso para escoger al Defensor/a del Pueblo.

La decisión del TC es para el caso específico. Pero establece un peligroso principio general y precedente que cercena la facultad de la justicia de actuar ante una actuación indebida de un espacio político (el Congreso). La reacción ha sido firme y contundente dentro de lo que destaca la de la Corte Suprema del país, tribunal crecientemente independiente, que ha denunciado públicamente “los graves efectos que puede tener para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos” la sentencia del TC.

Lo que “en pequeño” se perpetra desde el TC peruano ante ese caso puntual es lo que ha venido ocurriendo en Israel a partir del proyecto político autoritario y de extrema derecha desde el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Las recientes y gigantescas movilizaciones de los últimos días han logrado suspender su el proyecto; pero no ha quedado enterrado. Frente a la amenazante dimensión del “proyecto Netanyahu” destaca la reacción vigorosa de la ciudadanía israelí.

Se enfrentó la ciudadanía a una propuesta que apañaba asuntos como los proyectos extremistas de construir, en contra del derecho internacional, más asentamientos en Cisjordania o para enfrentar las medidas destinadas a deportar a los llamados “infiltrados” africanos, solicitantes de asilo que han entrado ilegalmente en Israel. Se opone el proyecto autoritario, también, a decisiones de la Corte Suprema de dejar sin efecto leyes de exención religiosa que absolvían de facto a estudiantes ultraortodoxos del servicio militar. Y, también, como telón de fondo, está el hecho de algunos políticos que han sido investigados, acusados o condenados penalmente por el sistema judicial, que desean que este pierda poder.

Uno de los aspectos claves del proyecto gubernamental es cambiar la composición del comité de selección judicial. Eso para darle al poder ejecutivo el peso decisivo en el mismo sobre el nombramiento, promoción y destitución de jueces en todos los niveles del poder judicial, incluida la Corte Suprema. Además, subir del 80% al 100% la proporción de votos en la Corte Suprema para anular una ley por inconstitucional y, en general, hacer que las leyes básicas sean inmunes a la revisión judicial.

Por el momento, y gracias a la ejemplar reacción de la sociedad israelí, este proyecto autoritario, como se sabe, queda en hold pero la independencia judicial y la democracia siguen amenazadas. Pues una de las principales vías de arrasar con el Estado de derecho y la democracia es precisamente acabar con la independencia del sistema judicial teniendo en cuenta que el estado de derecho, para sostenerse, requiere un sistema eficaz de separación de poderes.

Eso es lo que está en cuestión en casos como los aquí mencionados, incluida la pequeña lista que a modo de recorderis aquí se incluye. No son, pues, asuntos que atañen exclusiva ni centralmente a quienes integran la profesión legal. Lo ha demostrado con vigor y eficacia la sociedad israelí en los últimos días.

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