La persecución política: el motor de los crímenes atroces cometidos en Nicaragua

“Tenemos miedo de salir de casa, tenemos miedo de hablar”. Ese es el sentimiento que se repite una y otra vez entre mucha población de Nicaragua que vive día a día con una amenaza latente: en cualquier momento pueden ser percibidos como opositores al régimen de Ortega y Murillo.

Y si un ciudadano nicaragüense es percibido como opositor o simplemente, se duda de su lealtad al régimen, entonces habrá llegado la hora de sufrir y padecer los más atroces crímenes que conozca la humanidad.

La persecución política tiene muchas aristas, y la humanidad tristemente sabe de ello. Muchas veces creemos que los frágiles regímenes políticos han aprendido de las lecciones del pasado, respecto a cuán lejos pueden llegar la persecución política cuando se controla totalmente un Estado.

Nicaragua sabe de ello, la dictadura de Somoza es un claro ejemplo de cómo las revoluciones terminan devorando a sus hijos. ¿Hasta dónde es capaz de llegar un régimen que busca controlarlo todo? Hoy tenemos una respuesta a esa pregunta. Desde abril de 2018 se están cometiendo graves y sistemáticas violaciones y abusos a los derechos humanos, entre las que se incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país, tal como hemos expuesto en nuestro reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.

En Nicaragua hemos constatado que existe un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, que además de haber destruido el espacio cívico y democrático, conllevan crímenes de lesa humanidad. ¿Hasta qué punto es capaz de llegar la persecución por motivos políticos para constituirse en un crimen de lesa humanidad? Hasta límites inimaginables, sobre todo cuando se alimenta y es base de violaciones tales como la privación arbitraria de la nacionalidad, y crímenes como el asesinato, la encarcelación, la tortura, incluyendo violencia sexual, y la deportación forzada.

¿De qué medios se vale un régimen como el de Nicaragua como para controlarlo todo? A través del desmantelamiento de la separación de poderes y de las garantías democráticas y de una fuerte concentración del poder en las figuras del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo. En la pareja presidencial se ha concertado todo tipo de poder, instrumentalizando a las ramas ejecutiva, legislativa, judicial y electoral, para desarrollar e implementar un marco jurídico que tiene por objeto reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras. El objetivo es suprimir, por distintas vías, cualquier tipo de oposición en el país.

En la persona de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el partido y el Estado son lo mismo. El nivel de concentración de poder hace que el Estado y el Partido sean parte de una misma entelequia capaz de administrar los designios del país de manera arbitraria y fuera de todo tipo de legalidad vinculada al derecho internacional.

Cuando el Estado es absoluto y sin ningún tipo de controles se anula todo tipo de garantía para la ciudadanía y se fomenta el desarrollo de crímenes atroces. Es un Estado descarnado que se vuelve un instrumento bruto de dominación, que desconoce el concepto de ciudadanía. En este Estado, la condena, la acusación, y el proceso contra opositores o percibidos como tales, son lo mismo. Un Estado premoderno que utiliza el “destierro” como forma de tratar de borrar del concepto de nación a sus propios ciudadanos. La condena es la acusación y el proceso, el proceso es en sí mismo la acusación, y la acusación es en sí misma el proceso.

La ciudadanía y el individuo como sujeto se convierten en objeto, y por ende el Estado las puede dominar e instrumentalizar, con el fin de cumplir con el plan de la pareja presidencial, de mantenerse a todas costas en el poder. Además de afectar a la población opositora, esta situación incide sobre el conjunto de la ciudadanía que puede ser calificada como opositora en cualquier momento. El esquema de persecución política comienza por los opositores (ya sean reales o percibidos), luego con los cómplices, para seguir con simpatizantes y con la misma voracidad llegar hasta sus familias y todo aquel que sea percibido como indiferente o tibio frente a las propuestas de la dictadura.

Y el terror de la ciudadanía es comprensible. En Nicaragua se constata la existencia de ejecuciones extrajudiciales, como un patrón de conducta llevado adelante por agentes de la Policía Nacional e integrantes de grupos armados pro-gobierno que actuaron de manera conjunta y coordinada.

Otro de los mecanismos que ha implementado el régimen para el control de la población ha sido la tortura, incluida la violencia sexual. También las detenciones arbitrarias de personas opositoras son utilizadas como herramienta para acallar las críticas al gobierno, las cuales se realizan en su gran mayoría sin órdenes de captura, bajo regímenes de incomunicación y con altos niveles de violencia.

Al tiempo que se destruyen individuos y estructuras, se busca cerrar el espacio cívico y político. Una de las más claras señales de que la persecución política ha sido eficaz por parte del régimen es que miles de personas defensoras de derechos humanos, trabajadoras de ONGs, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, figuras religiosas, y artistas, así como los principales liderazgos nacionales y territoriales de la oposición política, se vieron forzadas a abandonar el país.

En la actualidad, prácticamente la totalidad de los medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior. Para ser eficaz en su afán de control total se deben acallar todas las voces. Desde diciembre de 2018 en adelante se han cancelado 3.144 organizaciones de la sociedad civil, prácticamente la mitad de las organizaciones registradas ante el Estado en 2017.

La fuerza del Estado se ha usado con toda su capacidad y no se detiene, incluso cuando las personas concebidas como opositoras están fuera del país. Recientemente, las autoridades de Nicaragua privaron de su nacionalidad a 222 personas de diversos perfiles y las expulsaron del país, acusándolas de ser “traidoras a la patria”. Posteriormente, otras 94 personas también fueron declaradas traidoras a la patria y se les quitó la nacionalidad, además de ordenar el fideicomiso de sus propiedades.

El gran interrogante es ¿Qué se puede hacer ahora que se cuenta con una investigación de carácter independiente que refleja los crímenes atroces cometidos en Nicaragua? La comunidad internacional tiene un importante rol a jugar y así ha quedado expuesto en el Informe recientemente publicado: a) Iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones, abusos y crímenes documentados, de conformidad con su legislación interna. b) Ampliar las sanciones sectoriales a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes en el derecho internacional. c) En la negociación de proyectos de cooperación al desarrollo e inversión en Nicaragua, los Gobiernos y organismos multilaterales deberían priorizar las acciones orientadas a mejorar la situación de derechos humanos en Nicaragua.

La situación de violación a los derechos humanos en Nicaragua afecta a la humanidad entera. Si bien aún hay muchas aristas de investigación sobre las que se puede profundizar, hoy hay información para tomar acción, y esto urge.