Equilibrar la ayuda energética

Los reclamos para que los Gobiernos europeos concentren las ayudas por la crisis energética en los hogares y las empresas que más lo necesitan no han sido suficientes. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo lo piden casi desde que comenzó la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania por Rusia. Por ahora han tenido poco éxito: entre el 60% y el 70% de las medidas no están concentradas y se han otorgado de manera indiscriminada para sortear cuanto antes los embates sobrevenidos. Es por eso por lo que el Ejecutivo de Ursula von der Leyen ha dado el paso de proponer un mecanismo para guiar a los Estados miembros, que son los que tienen la competencia, a seguir este consejo y enfocar con más precisión las ayudas.

La iniciativa es más ambiciosa de lo que puede parecer a primera vista y se trata de un movimiento que persigue varios objetivos. El primero, sin duda, es ayudar en el difícil diseño de unas medidas que buscan aliviar el descontento social que ha causado una inflación que ha escalado hasta niveles desconocidos como no lo hacía desde los años setenta, con la consiguiente erosión del poder adquisitivo en los salarios de las clases populares, el descontento social y el riesgo de desestabilización que esto arrastra.

Pero contiene más metas: coordinar de una vez las respuestas económicas a una crisis que amenaza con hacer descarrilar todo lo avanzado en la salida de la pandemia y dejar en nada una de las apuestas más ambiciosas en la historia de la Unión Europea, el Fondo de Recuperación; mantener bajo control el gasto público para que la montaña de deuda que hay en la UE vaya disminuyendo poco a poco; no añadir más presión sobre los precios incentivando la demanda innecesaria; y evitar el despilfarro energético que pueden traer las ayudas al consumo poco selectivas en un momento en que Europa debe abanderar la lucha contra el cambio climático y avanzar en la descarbonización de la economía.

El mismo propósito buscaría el anuncio de la vicepresidenta primera y ministra de Economía española, Nadia Calviño, de evaluar en los compases finales del año la eficacia de algunas medidas puestas en marcha contra la inflación, especialmente la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, que caduca el 31 de diciembre.

Es ahora cuando se abre la negociación entre los Estados y la Comisión, y en la cita que este lunes mantienen los ministros de Finanzas hay un hueco en la agenda para hablar de esta iniciativa. Todavía hay tiempo para afinar la propuesta. Es evidente que muchas de las medidas que se pusieron en marcha al comenzar la guerra todavía estarán en vigor un tiempo. Pero también lo es que no se trata de apurar hasta el final, y que es necesario cuanto antes plantear propuestas como estas en el marco común para que cada uno de los gobiernos de los Veintisiete puedan ir acomodando sus medidas.

Conviene que en esta etapa de ajustes del mecanismo no se pierda de vista el objetivo principal, aliviar el impacto social, activando de paso otras metas, como una acelerada reducción de deuda. Evidentemente, las ayudas deben llegar a los hogares más vulnerables, que ya sufren la pobreza energética, pero también deben alcanzar a esas clases populares que tienen salarios medios y bajos y que han visto cómo se derriten con la inflación, con el riesgo que esto implica de que busquen amparo en las recetas nacionalpopulistas. Se trata de encontrar el equilibrio que contribuya a sortear la peligrosa coyuntura económica y política en la que se encuentra la Unión Europea.