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Gustavo Petro habla a miembros de la prensa en enero de 2022.
Gustavo Petro habla a miembros de la prensa en enero de 2022.Nathalia Angarita (Bloomberg)
Gustavo Petro
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Preguntas sobre la Ley de medios

Una nueva iniciativa en el legislativo colombiano busca fortalecer los medios comunitarios. Pero , ¿puede estar buscando también medios de comunicación de bolsillo para el gobernante de turno?

Nadie, absolutamente nadie que se haga llamar a sí mismo demócrata estará a favor del cierre o la censura a los medios de comunicación. Y, sin embargo, abundan partidarios del actual Gobierno que critican con encono a aquellos que no opinan todos los días a favor del presidente Petro y en esos arrebatos de odio hacia el periodismo piden desde la clausura del medio hasta cárcel para sus periodistas. Tampoco hay mucha diferencia frente a la derecha, el polo opuesto en la política colombiana, donde también en el pasado se dejaron oír y leer voces de críticos a los medios que pedían cierres y arrestos. ¡Vaya demócratas!

Repito: nadie, absolutamente nadie que se considere defensor de los derechos humanos y de la democracia puede abogar por el cierre o incluso la estigmatización a los medios de comunicación.

De ahí que sea apenas lógica la preocupación que siembra en el mundo de periodismo un borrador de propuesta de “Ley de medios” que se estaría analizando en el Congreso de la república con el objetivo, dice el texto, de democratizar a los medios.

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¿Qué es democratizar la comunicación? ¿Permitir que más ciudadanos puedan estar bien informados? ¿Permitir que más ciudadanos puedan crear sus propios medios? ¿Buscar que la comunicación sea más cercana al deseo ciudadano?

Los autores de la iniciativa aseguran que lo que quieren es garantizar mejores condiciones para medios comunitarios, ubicados en las regiones más apartadas del país. Permitir que haya mayor flujo de recursos del Estado para subvencionar y darle viabilidad a estos medios y así convertirlos en polo de desarrollo de sus municipios y departamentos. La idea no es mala, pero deja una pregunta en el aire: ¿un gobierno apoyará económicamente medios comunitarios a cambio de qué? ¿Publicidad? ¿Propaganda? ¿No podría esto convertir a esos medios en armas políticas que solo garanticen la visibilidad a un punto de vista? ¿No estaríamos ante la creación de canales de comunicación de índole política?

Es innegable que los medios en las regiones más apartadas del país viven en un abandono casi total. Sobreviven gracias a titanes que enamorados de la comunicación los sacan adelante a veces sin ganar un peso. Ellos merecen apoyo, ¿pero el camino es la ley que nos proponen?

En el borrador también se habla de una redistribución de la asignación del espectro electromagnético para garantizar mayor presencia de medios comunitarios o alternativos en el campo y las ciudades, todo bajo un esquema vigilado por un Consejo Regulador que tendría sede en el Ministerio de las TIC. En pocas palabras: quitarle frecuencias a empresas privadas para entregarlas a otros explotadores que trabajarían bajo la supervisión del ministerio de las comunicaciones. ¿No es esto llamativo?

En diálogo con el programa Sigue La W, de W Radio, uno de los congresistas que está avanzando en la redacción del proyecto dice que no se buscará controlar el contenido de los medios. Pero a uno le surge la pregunta: ¿acabar medios y crear unos hechos por un sastre con sede en el Gobierno no equivale a coartar el derecho a la información y abrir la puerta a medios de comunicación de bolsillo para el gobernante de turno?

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