Hacia un nuevo modelo de residencias
El plan para la dependencia que el Gobierno negocia con las comunidades autónomas ofrece la oportunidad de diseñar un sistema de cuidados para hacer frente a los retos que afrontará la sociedad española en las próximas décadas
Afortunadamente, quedaron atrás ya los meses más duros de la pandemia. El hecho de pasar página no debe hacer, sin embargo, que olvidemos algunas de las lecciones aprendidas en aquel momento. Tal y como señalaba el editorial que publicó EL PAÍS el pasado 30 de mayo, la pandemia evidenció graves carencias en el funcionamiento de nuestras residencias que debemos abordar sin más demora.
Hoy existe una preocupación generalizada entre las personas que se acercan a la jubilación acerca de su propio proceso de envejecimiento. ¿Qué apoyos tendrán cuando los necesiten? ¿Qué recursos cuidarán de ellos cuando resulte preciso? ¿Y qué calidad tendrán estos cuidados? Es responsabilidad de las administraciones públicas ofrecer certidumbre ante estas dudas.
Para ello, debemos iniciar un cambio de filosofía que permita avanzar hacia un nuevo modelo de cuidados de larga duración, más moderno y mejor adaptado a las necesidades, preferencias y estilo de vida de cada persona. En primer lugar, es prioritario impulsar los apoyos en el contexto domiciliario, a través de la teleasistencia avanzada y el servicio de ayuda a domicilio, para poder dar respuesta al deseo que la mayoría de las personas tenemos de seguir viviendo en nuestros hogares y entornos cercanos.
Pero, además, cuando el traslado a una residencia resulte necesario, las personas mayores deberían pasar a vivir en centros que se parezcan lo máximo posible a un hogar y en los que se respete su estilo de vida.
El Gobierno tiene previsto acordar con las comunidades autónomas en los próximos días un nuevo modelo de residencias, que eleve progresivamente las ratios de personal —hasta contar con un profesional de atención directa por cada dos residentes— y garantice de manera efectiva la atención sanitaria a todas las personas que viven en residencias, en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos. Además, las residencias deberán aumentar su porcentaje de habitaciones individuales —la intimidad no deja de ser un derecho cuando se cumplen años— y se organizarán sobre la base de pequeñas unidades de convivencia que funcionen de modo similar a un hogar, en los que las preferencias de cada persona sean respetadas. Lógicamente, para desplegar este cambio de modelo es necesario un periodo de transición, que el Gobierno ha establecido de aquí a 2029.
Este modelo de atención ya está de hecho implantado desde hace décadas en los países nórdicos, y algunos territorios de España han empezado a impulsarlo en años recientes. La Organización Mundial de la Salud o el Comité Económico y Social Europeo, entre otros organismos internacionales, se han pronunciado también en la misma línea: no se puede postergar por más tiempo la reforma de los modelos de cuidados de larga duración para asegurar a las personas en situación de dependencia una atención digna y de calidad.
El Gobierno de coalición ha apostado por negociar intensamente este cambio de modelo con las comunidades autónomas. En primer lugar, porque la dependencia, en general, y las residencias, en particular, son competencias autonómicas. Y en segundo lugar, porque las reformas estructurales que perduran en el tiempo son aquellas que se impulsan con el suficiente grado de diálogo y consenso. Por ello, el Gobierno viene realizando desde hace ya meses un importante esfuerzo para integrar las distintas visiones que en esta materia tienen los gobiernos autonómicos, las asociaciones de familiares, los expertos y los interlocutores sociales.
Sorprende en todo caso la posición en la que se han situado algunas organizaciones empresariales del sector. Su inmovilismo no puede ser entendido más que como defensa de su actual modelo de negocio. Es una posición sin duda legítima, pero el Gobierno tiene la responsabilidad y la obligación de trascender los intereses particulares y garantizar que los derechos de las personas dependientes no quedan supeditados a la lógica del mercado.
La principal crítica que está recibiendo la apuesta del Gobierno se centra en la supuesta falta de financiación que acompaña a la reforma. Seamos claros: nunca antes ningún Gobierno había hecho una apuesta económica por la dependencia similar a la que está haciendo el Gobierno de coalición durante esta legislatura. En los últimos dos años se ha duplicado la financiación estatal al sistema de dependencia a través del presupuesto ordinario, y la incorporación de fondos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia va a elevar aún más dicha inversión, hasta alcanzar un incremento total de más de 5.000 millones de euros a lo largo de esta legislatura. Quienes no quieren cambiar el modelo de residencias siempre encontrarán excusas, pero en este caso la financiación no puede ser una de ellas.
Vivimos en una sociedad cada vez más longeva. En el año 2030 casi la cuarta parte de la población española tendrá más de 65 años y habrá más de 3,5 millones de octogenarios. Hoy tenemos la oportunidad y la responsabilidad de diseñar un modelo de cuidados de larga duración que no solo de respuesta a las necesidades que tienen actualmente las personas mayores, sino también a los retos a los que la sociedad española se enfrentará en las próximas décadas. No desperdiciemos esta oportunidad.
