Una propuesta energética y de transformación para el mundo local

El mundo está cambiando. Y el cambio se produce (como tantas veces) desde el campo de la energía. Pero a diferencia de otras revoluciones industriales, esto no va de minas o pozos de petróleo. El cambio depende de algo tan abundante en España como el sol, el viento y de su encaje en el territorio.

Hasta ahora el sistema energético era un modelo centralizado en pocas manos y muy concentrado. Si toda la generación eléctrica cabía en muy poco espacio, ahora es necesario una doble combinación: desplegar al máximo el autoconsumo y la generación eléctrica cerca de los centros de consumo, y en paralelo desplegar las renovables en el territorio. Todo ello solo será posible con aceptación social, y para que sea así se necesitará de un segundo ingrediente para el éxito: la necesidad de que las urbes, los grandes los centros de consumo, sean un ejemplo. Se trata de implementar una agenda de transición energética que concrete ambiciosas estrategias de ahorro, eficiencia y autoconsumo. Solo así, con implicación de las zonas urbanas y mediante la compensación en el territorio, podremos abrir un diálogo franco entre ciudad y territorio que permita abordar a fondo esta oportunidad que nos ofrece la transición energética, en el entorno europeo con mayor dependencia energética (74%) y, a la vez, con tanto potencial de generación renovable.

Cuando el legislador europeo se puso a redactar el conocido como “paquete de invierno”, las directivas energéticas que ya deberíamos haber traspuesto, fue consciente de la necesidad de hacer normas desde otro prisma. Una normativa que sitúa al consumidor en el centro, y en la que emergen nuevas figuras como las Comunidades Ciudadanas de Energía (CCE) y las Comunidades de Energías Renovables (CER). Dichas figuras asumen que para materializar la transición energética se debe dar protagonismo al ciudadano y solventar dos cuestiones: que la energía y la confianza vayan de la mano y conseguir que, en un mix eléctrico con cada vez más renovables no gestionables, el consumo se vaya adaptando a la generación.

Son las Comunidades Energéticas la figura que permite que el territorio participe activamente en la generación, o que la ciudad, empezando con el autoconsumo, pueda empezar a definir estrategias de transformación en torno a la energía. Estas figuras deben estar formadas por personas físicas, entes locales, o pequeñas y medianas empresas (pymes), y deben primar los beneficios sociales y ambientales a favor de los socios que las componen y de los territorios donde operan. Las directivas dicen que los Estados deben dotar a dichas figuras de prerrogativas y ventajas.

A estos ingredientes se le ha sumado algo inesperado hace unos años: muchos de los fondos que vendrán de la UE se van a destinar a la transición energética. Y para que esta tenga recorrido hará falta la implicación local y personal de miles de personas y empresas.

Hoy, el Gobierno asume en la hoja de ruta del autoconsumo que este puede dar una extraordinaria ventaja competitiva a las empresas y al conjunto de la economía. Y en coherencia debe plantearse un escenario en el que dispongamos del marco normativo más avanzado, o como mínimo equiparable al más avanzado de nuestro entorno. Si ello aún no es así es porque en determinados sectores se entiende que, si el autoconsumo explota, estos consumidores no asumirán la parte alícuota de la “sostenibilidad financiera del sistema”. Pero en este análisis no se tiene presente que más autoconsumo significa menos costes para el conjunto del sistema. A su vez, la sostenibilidad financiera del sistema no se puede sostener poniendo puertas al campo del autoconsumo o de las comunidades energéticas, o bloqueando artificialmente los nuevos desarrollos tecnológicos y los derechos de los ciudadanos. La sostenibilidad del sistema debe garantizarse, pero repensando la manera de pagar ¿o acaso tiene sentido que paguemos lo mismo por transportar energía desde la otra punta del país que por un uso limitado de las redes de apenas unos kilómetros?

Tenemos una fantástica oportunidad con la trasposición de las directivas que deben crear ese marco favorable para las Comunidades Energéticas. Se puede crear no solo un cauce de participación ciudadana, local y a favor de las empresas locales, sino también un instrumento mediante el cual encauzar la desconfianza hacia el sector eléctrico tradicional a través de proyectos para construir complicidad.

No es una mera anécdota que el mundo local entre en la agenda y en el campo de transformación energética. Es la garantía de la implicación ciudadana y una clara garantía que el retorno que va a producir la transición energética se dé a nivel local. Es importante para las ciudades, pero también para la España despoblada donde las Comunidades Energéticas pueden suponer unos beneficios sociales que fijen a la población y reduzca su desconfianza frente al nuevo modelo renovable. El debate, por tanto, no es técnico, es eminentemente político y de modelo.

Para que todo sea posible y lo sea en un tiempo corto, aun habiendo superado los límites de trasposición de la directiva, diferentes administraciones hemos hecho una propuesta de trasposición, ambiciosa y rigurosa, a sabiendas de que el diablo, y también el ángel, está en los detalles. Una propuesta que se crea desde abajo hacia arriba, donde administraciones locales y autonómicas, que tenemos experiencia en la promoción y apoyo de experiencias nacientes de Comunidades Energéticas, nos unimos para ayudar a definir estas figuras que después seremos responsables de impulsar. Una propuesta para discutir y mejorar, y que ofrecemos al Gobierno porque entendemos que la oportunidad es única y la debemos que aprovechar. Queremos lo que ya existe en Francia o en Austria. Nuestra propuesta es que el autoconsumo compartido sea posible entre aquellos que comparten red de baja y de media tensión en un radio de cinco kilómetros, con potencias instaladas de hasta cinco megavatios pico (MWp). Si se quiere, se podría optar por el modelo austriaco en el que se paga por la red utilizada, pero no al mismo precio que transportar energía desde la otra punta del país. En definitiva, maximizar la energía autoconsumida. Para ello planteamos cargos y peajes reducidos, en función del compromiso en generación de proximidad que demuestre la comunidad. Proponemos reservas en las subastas y en los puntos de conexión para aquellos proyectos de generación vinculados a las Comunidades de Energías Renovables. Se trata de asegurar que cuando un proyecto sea participado tenga ventajas y pueda competir en igualdad de condiciones con actores con mucha más musculatura y que gozan de inherentes ventajas competitivas por su tamaño y posición dominante.

La Comisión y el Gobierno comparten la necesidad de que emerjan nuevos actores en el sector energético. Todos los actores, los preexistentes y esperemos que los nuevos, van a recibir las “vitaminas” de los fondos europeos. Pero si queremos que nuevos actores puedan aparecer en el sector energético se les tendrán que dar las prerrogativas que las directivas contemplan. No se trata de discriminar sino todo lo contrario. Por mucho entusiasmo que exista en el mundo local, en las pymes y las personas físicas por promover la transición energética, no se puede competir en igualdad de condiciones con grandes eléctricas con músculo financiero, económico y que disponen de ventajas competitivas.

La propuesta es una propuesta en positivo, para avanzar, y una fantástica oportunidad para que el Gobierno salga a la ofensiva y consiga materializar, de forma participada y democrática, el escenario de transición energética.