Casado en campaña

La radicalización del líder de la oposición Pablo Casado ha alcanzado esta última semana un punto inédito de exceso y arbitrariedad a partir de dos impulsos contrapuestos: el acoso que percibe a su liderazgo por parte de sectores de su partido liderados por Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo, y el viento favorable que le dan algunas encuestas que no le libran, sin embargo, de una competencia feroz con Vox, que es a la vez su único hipotético aliado tras la desaparición de Ciudadanos. El efecto combinado de todas esas presiones ha dictado a Casado un giro de agresividad en su estrategia de desgaste al Gobierno basada en acusaciones tan desorbitadas como desprovistas de fundamento. La falta de rigor intelectual que exhibe le acerca al tronío apocalíptico y mendaz de la ultraderecha.

En sede parlamentaria, Casado se lanzó al barro definitivamente y mezcló asuntos pasados, presentes y futuros para denunciar que el Gobierno impedía investigar gravísimos delitos de abusos a menores en Valencia y en Baleares. Es una acusación falsa que degrada y devalúa la gravedad de esos mismos delitos al utilizarlos como baja metralla política: los delitos a los que se refería Casado habían sido investigados en profundidad por la Fiscalía balear, que decidió archivar las diligencias hace un año, y por los jueces valencianos, que habían castigado los hechos condenando a cinco años de cárcel al culpable. Pero el líder del PP mantuvo esas acusaciones en falso durante tres días consecutivos. Las dispersas llamadas a la templanza que le llegan al líder nacional desde dentro de su partido, incluidos líderes territoriales relevantes en el equilibrio interno del PP como Alberto Núñez Feijóo, no han calado en el líder y aun subió el tono sin reparar en los destrozos de descrédito institucional que provocó a su alrededor. El antecedente más lastimoso de esta estrategia se vivió cuando Casado lideró el mes pasado la pancarta de los sindicatos policiales contra la reforma de la denominada ley mordaza con argumentos que falseaban la misma reforma y la causa de la manifestación.

La tensión en el seno del PP, con Casado obligado a afirmar su autoridad frente a Ayuso, alcanza ahora a Castilla y León. Esta comunidad se ha convertido en el laboratorio donde tratar de demostrar que es el PP, y no Ayuso, quien consigue mayorías casi absolutas. De la noche a la mañana, un presidente siempre discreto como Alfonso Fernández Mañueco ha roto su pacto con Ciudadanos, ha convocado elecciones anticipadas para el 13 de febrero y ha cesado a los cuatro consejeros de su socio de gobierno, entre ellos, a la responsable de Sanidad. La decisión se ha tomado en plena emergencia de covid por la variante ómicron y con los ciudadanos sumidos de nuevo en la incertidumbre sobre el impacto en la salud y la economía de la curva de contagios. No ha habido una explicación convincente que justifique el adelanto más allá de la socorrida acusación de descontrol o deslealtad de Ciudadanos, partido contra el que es fácil disparar acusaciones: está en caída libre por méritos propios pero también por la fagocitación programada que ha diseñado el PP sobre su electorado. Mientras, los populares siguen usando sus 88 escaños en el Congreso para impedir desde hace tres años la renovación del Gobierno de los jueces. El cuadro completo dibuja una de las oposiciones del periodo democrático más radicalizadas, con la sombra de Vox al acecho.