No es con quién pactas, es lo que pactas

Un año más, y ya son muchos, la conmemoración del 6 de diciembre ofreció a cada cual la oportunidad de elaborar su lista de reformas constitucionales pendientes para pasar de inmediato a constatar su imposibilidad. La situación actual conduce a un doble retroceso: el que deriva de la emergencia de la ultraderecha, que obliga a tener que volver a defender valores constitucionales básicos que se consideraban asentados, y el de la imposibilidad de contar con acuerdos transversales que permitan abordar las nuevas realidades. En un mundo más que líquido, casi gaseoso, lo que no permite avanzar obliga a retroceder.

Cuando un partido con representación parlamentaria impide que se apruebe una declaración institucional contra la violencia machista o contra el estigma de los enfermos de VIH, es preciso recuperar los principios básicos de cualquier democracia avanzada, y retroceder nada menos que hasta la defensa de los derechos humanos.

Por otro lado, los vetos cruzados entre partidos de bloques contrarios impiden que se establezcan acuerdos transversales para los nuevos desafíos. La desigualdad creciente, el cambio climático, la revolución digital, los movimientos de población o el modelo de globalización vigente, entre otros, no esperan a que sus señorías se pongan de acuerdo. Avanzan al ritmo de la tecnología o las finanzas, ámbitos muy fluidos, mientras la política mantiene la lentitud de lo sólido. Así pasa el tiempo, y cada vez son más los análisis sobre temas dispares que acaban diagnosticando problemas de gobernanza.

El escenario multipartidista en que se desenvuelve hoy la política española, y sobre todo la presencia de la ultraderecha, obligan a plantear estrategias que blinden los valores democráticos y al mismo tiempo eviten los bloqueos institucionales, lo que remite de forma inmediata al debate sobre los cordones sanitarios. Si bien cualquier demócrata acogerá con agrado estas prácticas de aislamiento a quienes cuestionan valores esenciales de convivencia, la política comparada evidencia que su eficacia depende de muchos factores y difiere notablemente según los casos, además de reforzar a los ultras en esa imagen de outsiders que quieren proyectar.

Quizá el debate más urgente hoy sobre la Constitución pase por hablar no solo de las reformas pendientes, sino de la vigencia de los valores que defiende. Si nos ratificamos en ellos, se abre la opción de establecer el perímetro de la legitimidad de los pactos no tanto en los partidos, como en las políticas concretas que exigen a cambio. Es decir, más que señalar al Partido Popular por pactar con Vox presupuestos autonómicos, habría que hacerlo si con ese acuerdo está permitiendo que se extienda la sospecha sobre los niños que llegan solos a España o admitiendo que se reduzcan partidas contra la violencia machista, por ejemplo. O más que acusar al PSOE de pactar los presupuestos con Bildu, consistiría en saber si ha pagado por ello algún precio inasumible en términos democráticos.