Hay que elegir

Sábado 23 de octubre, a las 11 de la mañana Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, entra en la sala en donde se está celebrando el acto de clausura del congreso confederal del sindicato Comisiones Obreras. El aplauso es larguísimo, y los coros de “¡presidenta, presidenta!” invaden la sala. Se abraza y se fotografía con Unai Sordo, el secretario que, al final de la mañana, será reelegido con más del 90% de los votos de los delegados.

En su discurso, siempre claro, siempre pausado, siempre amable, se permite algún guiño. Se dirige al auditorio con la fórmula “les voy a dar un dato…”, que es la que utiliza cada semana en las Cortes para responder a Teodoro García Egea en sus demoledoras réplicas. Se han hecho virales en las redes, con miríadas de memes de muchos tipos, y le han hecho traspasar a lo pop a una figura siempre alejada de los códigos de la comunicación de la llamada nueva política. El guiño provoca una carcajada general y más aplausos. Todos se sienten a gusto, quien está hablando desde el atril y quienes están escuchando.

El buen tono y la medida siempre prudente de las formas no le impide decir de forma diáfana “vamos a derogar la reforma laboral del PP”. Y aquí es cuando el auditorio estalla aún más fuerte, con un sentimiento de liberación que se capta incluso viéndolo desde un vídeo.

Las declaraciones llegan en medio de las horas más duras de la experiencia del Gobierno de coalición progresista. Hace pocos días el PSOE cerraba su congreso y certificaba una recobrada unidad que se conjugará con un viraje hacia el centro. La prueba de ello se vio justamente en las palabras de la ministra Nadia Calviño en el mismo congreso de CC OO, cuando retrasaba el inicio del desmontaje de la normativa laboral aprobada por el gobierno de Rajoy, y, unas horas después con el intento —bendecido por Pedro Sánchez desde Bruselas—, de quitar el liderazgo de la reforma a Yolanda Díaz para darlo, justamente, a Nadia Calviño.

A todo eso, se añadió el impacto de la vicisitud del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, condenado por el Tribunal Supremo —gracias a unas declaraciones de un policía como única prueba con una sentencia que ha levantado un vivo debate entre juristas—, por desórdenes públicos en una manifestación de hace siete años. Acatada la sentencia y pagada la multa que sustituye la condena a un mes y medio de cárcel, el Tribunal Supremo, contra la opinión de los letrados y de la mesa del Congreso, ha exigido que se le retirara el acta, cosa que finalmente ha hecho la presidenta de la cámara. Más allá de las consideraciones sobre lo que se está llamando lawfare, el episodio ha hecho subir la temperatura de los reproches entre los socios de gobierno.

Las aguas van revueltas y hay riesgos reales de un conflicto de dimensiones desconocidas. Esto es así por los miedos del PSOE a una proyección política y electoral de Yolanda Díaz, cuyo tesón en forjar más de diez pactos entre agentes sociales se ve recompensado a cada encuesta por una fuerte subida de popularidad, pero va más allá. Pero pensar que sea únicamente un conflicto de liderazgos, o de estrategias inmediatas no ayuda a entender su calado.

Tampoco lo ayudan a entender las referencias a la Unión Europea, en la medida en que lo que las instituciones comunitarias piden es que la reforma se acometa a través del método del diálogo social, que a todas luces es lo que se ha seguido hasta ahora desde el Gobierno de coalición en general y desde el Ministerio de Trabajo en particular. Es un conflicto que viene de lejos, y tiene que ver con la orientación de la política económica del Gobierno, el aspecto más sustantivo de la acción de un ejecutivo, incluso en estos tiempos de aceleración marcados por los ritmos de las redes sociales.

Ahí chocan las recetas tecnocráticas y neoliberales encarnadas por Calviño y el nuevo laborismo encarnado por Yolanda Díaz. Ante la pasmosa transformación derivada de la herencia de la crisis de 2008 y del tsunami de la pandemia, habrá que repensar muchas cosas y, en primer lugar, un modelo económico y productivo que ha demostrado todos sus límites, pero también un modelo fiscal, energético y de servicios públicos.

La realidad es tozuda y el conflicto, concreto: repensarlo todo comportará costes y dificultades, muchos más de los que imaginamos. Se puede hacer de muchas maneras, pero, sobre todo, atendiendo a los intereses de unos grupos sociales o de otros. La derogación de la reforma laboral del PP significa descartar la idea de que la factura de la transformación necesaria, urgente, imprescindible, de la economía la paguen solo los trabajadores y las trabajadoras y aspirar a que los esfuerzos que estamos llamadas a acometer colectivamente se repartan de manera más equitativa. De esto se trata. Y hay que elegir.