Una solución desde los Ayuntamientos

Estamos viviendo una crisis compleja y muy preocupante; empezó siendo un problema grave de salud pública, para convertirse en una crisis social y económica de la que aún no conocemos toda su dimensión. Cuando llega la tormenta, todo el mundo mira a las instituciones públicas: los ciudadanos y ciudadanas, en primer lugar, que buscan respuestas en medio de la incertidumbre, pero también las empresas que corren a pedir ayudas y rescates para salvar puestos de trabajo y evitar cierres y paralizaciones. La respuesta a todas estas demandas es compleja: cae la recaudación pública y se disparan las necesidades de gasto público. En España, además, la crisis ha llegado cuando la mayoría de la deuda pública, provocada por la crisis financiera de 2008, aún está por amortizar.

En este contexto, los gobiernos locales han sido las únicas administraciones que no han podido ampliar sus capacidades económicas, pues continúan bajo el régimen jurídico de las leyes Montoro, fruto de la reforma del artículo 135 de la Constitución, que tanto nos ha constreñido al conjunto de administraciones. Los Ayuntamientos españoles partimos de una infrafinanciación estructural y, aun siendo la Administración más próxima a la ciudadanía, solo representamos un 15% del gasto público del Estado, frente al 85% de la Administración central y los gobiernos autonómicos, unas proporciones muy alejadas de los países europeos más avanzados. Y ahora, cuando la Unión Europea ha habilitado un fondo que permitirá al Estado disponer de 140.000 millones de euros, el Gobierno español ha transferido 16.000 millones a las autonomías; una situación que explica la intranquilidad de tantos alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos, que exigen poder gastar sus remanentes —en definitiva, sus propios ahorros— y acceder a la financiación extraordinaria.

Por eso es tan importante encontrar una propuesta realista y pragmática que garantice los instrumentos indispensables a las ciudades para hacer frente a la crisis. Soluciones factibles, que nos permitan trabajar codo con codo con el resto de administraciones, coordinándonos ante las necesidades de una situación excepcional. En primer lugar, los Ayuntamientos debemos poder acceder al fondo de 5.000 millones de euros para los gobiernos locales sin que ello esté condicionado a préstamos de ningún tipo. En segundo lugar, debe hacerse efectiva ya en 2020 la aportación de al menos 1.000 millones para paliar el déficit del transporte público; es un servicio esencial terriblemente afectado durante la pandemia que debemos seguir prestando a la ciudadanía. En tercer lugar, con la participación directa de las ciudades en los fondos europeos. Y por último, como telón de fondo irrenunciable: con un nuevo modelo de financiación para los municipios, que nos devuelva la autonomía local, y nos permita ser ágiles y eficaces como prestadores de servicios.

Estamos seguros de que encontraremos la necesaria empatía del Gobierno de España antes de que el Real Decreto que aborda los remanentes municipales pase por el Congreso para ser sometido a votación. La unidad es fundamental en momentos como el actual, y en aras de esa unidad, debemos cuidar los consensos. Hasta ahora este Gobierno ha demostrado que las crisis pueden afrontarse de manera muy distinta al austericidio que vivimos en el pasado, abogando por el gasto público en lo social, en el mantenimiento del empleo, o en el apoyo al emprendimiento, por ejemplo. Que este nuevo talante se demuestre también con los Ayuntamientos.

Ada Colau es la alcaldesa de Barcelona y Joan Ribó es el regidor de Valencia.