Juan Carlos I, ante la ley... y el periodismo

Periódicos españoles y extranjeros han publicado en los últimos cuatro meses abundantes noticias sobre actividades financieras bajo sospecha realizadas por el rey emérito, Juan Carlos I. Nunca se habían difundido tantos datos sobre unos hechos graves que han trascendido porque los investiga la justicia en España y en Suiza. Sin embargo, es ahora cuando los lectores critican más a los medios, incluido EL PAÍS, porque la prensa, dicen, ha ocultado y oculta información. Conviene escucharles y darles explicaciones para que puedan formarse su propio criterio con más argumentos.

Muchas críticas inciden en lo que el lector Dionisio Rodríguez Castro denomina “el cordón sanitario” que la prensa estableció en torno a Juan Carlos I desde la Transición. Otros lectores hablan de “blanqueo”, “lavado de cara”, “complicidad” o “encubrimiento”.

No compete al Defensor del Lector examinar el pasado, pero el periódico publicó el día 11 con respecto a ese asunto la opinión autorizada de Iñaki Gabilondo, uno de los más prestigiosos periodistas que ha vivido en primera línea la actualidad desde la Transición. “Cometimos un grave error”, comentaba, porque los medios fueron “ciegos, sordos y mudos”.

La situación es hoy diferente. Desde comienzos de marzo, EL PAÍS ha publicado doce informaciones y dos editoriales —Ante la ley, el 17 de marzo; y Razón democrática, el 8 de junio— sobre irregularidades que involucran al rey emérito o a su antigua amiga Corinna Larsen.

Media docena de esos textos han sido exclusivas del diario, como una transferencia de 39 millones que hizo Larsen de una “donación” saudí a Juan Carlos I (23 de marzo), la declaración de un gestor suizo sobre la entrega del rey emérito de 1,7 millones procedentes de Bahréin (30 de abril), el cobro por la examiga del rey de cinco millones del Estado de Kuwait (23 de marzo) o la presencia del exjefe del Estado como tercer beneficiario de una sociedad que pagaba sus vuelos privados (14 de marzo). El caso ha aparecido tres veces en la portada de la edición impresa, cuyo principal titular del día 10 fue este: “La Fiscalía investiga a Juan Carlos I por las comisiones del AVE a La Meca”.

José María Irujo, jefe de Investigación del diario, señala que “el periódico ha sido proactivo en la investigación de este caso, que ha incluido viajes a Ginebra”. “Hemos publicado varias informaciones inéditas y continuamos trabajando en esta historia, especialmente compleja porque la investigación suiza es secreta”.

Pese a todo, las críticas son contundentes. Javier Esperanza censura “el empeño del diario en apuntarse al carro de que en la monarquía española no pasa nada”. César Suárez, Mar Pérez García, Balbina Meana y Luis Pascual ven “opacidad” y “protección”. Lourdes Vegas se queja de que el que “era el diario de referencia” pase por alto una “pregunta clave: ¿Para quién trabajaba Juan Carlos I?” Luis Sarasúa sostiene que el diario “continúa siendo cómplice de esos comportamientos; continúa tratando a sus lectores como menores de edad”.

Otros lectores valoran las informaciones y los editoriales del periódico, que ha pedido que “el Estado de derecho se aplique con escrupuloso rigor” (17 de mazo) porque “establece las mismas obligaciones para todos, incluido el rey emérito” (8 de junio). “No se puede confundir el valioso legado político de don Juan Carlos con su reprobable actuación personal”, añadía este último editorial. Y algunos también alaban al diario por dejar abiertas a comentarios las noticias sobre este asunto. En esa zona se leen frases como estas: “Enhorabuena a los periódicos que se atreven a investigar el patrimonio oculto de este señor”; “estupendo editorial”; el editorial “va en la línea del sentido común y la información veraz”…

Entre críticas y alguna alabanza, se repite un mensaje: lo que pudo entenderse antes no es aplicable ahora. Lo describe Luis Sarasúa: “Los pros pesaban (en la Transición) más que los contras. El silencio era, tal vez, un acto de responsabilidad y patriotismo, pero hace ya muchos años que esa situación no se justifica”.

El Libro de estilo destaca entre sus principios que “EL PAÍS se esfuerza por presentar diariamente una información veraz, los más completa posible, interesante, actual y de alta calidad”. Los datos avalan que en estos meses no hay argumentos contundentes para acusar al periódico de incumplir ese objetivo.

Los mensajes de los lectores son tan lícitos como exigentes. También en casos de alta sensibilidad, donde se juega especialmente el refuerzo de la credibilidad. Solo el 36% de los internautas dice tener confianza en las informaciones, según el reciente Digital News Report 2020. No hay margen para bajar la guardia.

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