Reforzar las instituciones

La conferencia de presidentes celebra hoy su decimocuarta sesión semanal consecutiva desde que se declaró el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, ahora hace tres meses. Se trata de un cónclave de cooperación poco institucionalizado que antes se congregó esporádicamente, seis veces, desde su creación en 2004, con efectos limitados. Pero ahora, su reiterada celebración —virtual, formato más rígido que el presencial—, y la asistencia continua de todos los presidentes autonómicos —incluido el más reticente al multilateralismo—, denota su interés y la conveniencia de su ulterior desarrollo.

Esta es la única novedad positiva del periodo —y en mucho tiempo— en lo tocante a la consolidación institucional del Estado autonómico, una asignatura pendiente para hacerlo más eficaz en la toma de decisiones. Su celebración ha simbolizado el reparto de poder y las respectivas funciones de este Estado compuesto. Ha divulgado la existencia de competencias compartidas que a veces se solapan y exhiben un difícil deslinde. Ha planteado la necesidad de acomodarlas a las exigencias actuales tras el traspaso de muchas responsabilidades autonómicas —y algunas centrales muy sustantivas, como la monetaria— al nivel supranacional de la UE. Y permite conjugar la experiencia de la proximidad territorial con la exigencia de una visión general: la construcción de la voluntad nacional en sentido ascendente.

La improvisación, hija de la urgencia ante una emergencia global, sin embargo, no ha permitido aún delimitar su función exacta en el futuro, más allá del intercambio de experiencias, proyectos y opiniones; y está todavía muy lejos de fraguar una institución de cogobernanza, como posibilita su reglamento. Lo que ha constituido un incómodo caldo de cultivo tanto para un recurso a esta suerte de legitimación consultiva como coartada del Gobierno central, causa de algunos de los desencuentros registrados. Pero también, de una exagerada utilización propagandística de las convocatorias por algunos presidentes autonómicos, que parecían esforzarse más en articular un gremio para mellar al Gobierno que para construir con él acuerdos válidos para todos.

Pese a ello, este foro ha exhibido más sensatez que algunas cámaras parlamentarias, donde el insulto y la grave agresión verbal parecen haberse constituido en obligatorios, y más fluidez que la vida interpartidista. El nivel de deterioro político ha sido por momentos desolador y disonante con los usos de países de nuestro entorno. Sin olvidar las provocaciones en que han incurrido algunos ministros, resulta anómalo que la retórica del principal partido de la oposición, el PP, haya exhibido menos sentido de Estado que algunas oposiciones extremistas, como el lepenismo francés, actitud de la que se ha desmarcado Ciudadanos. O que ninguno de los grupos independentistas catalanes haya votado ni una sola vez a favor del estado de alarma y sus prórrogas, por más que fuera perfectible, en un signo de desapego hacia la suerte común del conjunto de los ciudadanos españoles ante una emergencia también común. Algo opuesto a la actuación de todos los grupos independentistas vascos, que sí lo han hecho o se han abstenido, en alguna ocasión, o en todas.

Así que conviene insuflar argamasa material y voluntad política al cónclave de presidentes, para anclarlo en la arquitectura pública. La declinante calidad de nuestros encajes institucionales puede amortiguarse reforzando la lealtad en ambas direcciones, vínculo que hoy carece de cauces efectivos suficientes. Y emprender, de forma pragmática —previa a una reforma constitucional—, su engarce con las conferencias sectoriales de ministros y consejeros, y con la comisión de las comunidades autónomas del Senado. Sin necesidad de cambios legales, esta última puede convertirse en vivero de ideas, proyectos y libros blancos sobre los que fraguar nuevos consensos multilaterales. Sin ellos, la polarización y la crispación seguirán devastando nuestra vida política.